sábado, 22 de septiembre de 2012

Empieza la resistencia civil.

Héctor Manuel Popoca Boone.
La primera embestida del PRI y del PAN contra el pueblo mexicano, en el gobierno federal que iniciará sus funciones en diciembre, es la reforma electoral enviada por Felipe Calderón, presidente que fenece en su mandato, en contubernio con Enrique Peña Nieto, mandatario naciente.
De acuerdo a entrevistas y opiniones de líderes sindicales, políticos y analistas tengo conocimiento de que en aras de una mayor competitividad de nuestra economía en los mercados, a través de una mejor productividad, se fundamenta modificar la legislación para lograr una más perfeccionada expoliación económica del trabajador.
La idea es modificar, a través de la cámara de diputados, la ley federal del trabajo para abrogar derechos y garantías laborales en detrimento de los trabajadores y para mayor beneficio económico de los patrones.
La iniciativa de ley preferente (denominada así para que se apruebe en corto tiempo con plazos fatales) modifica sustancialmente el espíritu del artículo 123 constitucional en donde están expresadas conquistas de la clase obrera como producto histórico de la revolución social de 1910. Se prevé que las modificaciones sean aprobadas avasalladoramente por los diputados federales de centro-derecha del PRI y del PAN, principalmente.
La iniciativa de marras propone, entre otras cosas, hacer más difícil el ejercicio de la huelga como instrumento de defensa legítima laboral, facilitar la subcontratación coyuntural por parte de los grandes corporativos de pequeñas empresas y grupos de trabajadores que faciliten evadir la obligatoriedad de reconocer antigüedad y otorgar prestaciones de ley, sobretodo en seguridad social.
La propuesta de modificación legal incrementará al trabajador la incertidumbre en su trabajo, al permitir al empleador mantenerlo en periodos de prueba sin mayor compromiso de otorgarle trabajo fijo. Además el despido del trabajador será mucho más expedito y menos oneroso al patrón.
Se persigue también abaratar la mano de obra y garantizar su abastecimiento ilimitado a la clase patronal, al admitir la contratación de trabajo por fracción de tiempo (algunas horas diarias) con una remuneración en proporción a un salario mínimo oficial diario que hoy en día no permite a los trabajadores, ni siquiera ahora, adquirir la canasta básica de subsistencia familiar.
Como economista, soy de la opinión que no es solamente con el abaratamiento de la mano de obra y de su libre disposición (que nos convierte a corto plazo en un país maquilador por excelencia) como nuestra economía crecerá y avanzará sólidamente en elevar sus niveles de productividad y por ende de competitividad nacional. Es el camino más fácil y corto pero también el más endeble. Alemania y Japón tienen altas productividades y fabrican artículos muy competitivos a nivel mundial, a la par que tienen para con sus trabajadores los salarios más altos del mundo.
El asunto es que estos países no basan la mayor productividad de sus economías en el debilitamiento de su base trabajadora sino en fortalecerla tomando como base una mayor inversión productiva, una mejor plataforma de capacidades laborantes, a partir del avance en la innovación y desarrollo tecnológico constante y en la ampliación de sus mercados al tener su población consumidora un mayor poder de compra de productos y servicios.
Hacer crecer nuestra economía a partir de exprimir aún más a la clase trabajadora es a la larga un suicidio social, como lo estamos viendo, a lo largo de seis años, con la muerte de más de 50 000 jóvenes mexicanos que se incorporan al macabro mercado laboral que ofrece el narco. En fin, no creí que tan pronto los poderosos empezaran a dar causas para la movilización social.
PD1. En América Latina, el país mejor ubicado en percepción de menor corrupción es Chile con una calificación (en una escala del 0 al 10) de 7.2, México tiene una calificación reprobatoria de 3. (Sin mayor comentario).
PD2. Si en Guerrero no encubriéramos tanto la corrupción que se da en todos los ámbitos ni la protegiéramos con el manto perenne de la impunidad, otro gallo nos cantaría en materia de progreso y prosperidad social. ¿O no?
 

sábado, 8 de septiembre de 2012

Desobediencia o resitencia civil.


Héctor Manuel Popoca Boone.

Precisemos que desobediencia no es igual que resistencia civil. La primera significa el no acatar y montar en rebeldía por parte de la ciudadanía ante una ley o norma emanada de una autoridad. El significado de la segunda es de contención a la posible consecución de una injusticia, arbitrariedad o atropello de las instituciones a la colectividad mayoritaria gobernada.

La desobediencia civil a la autoridad presidencial electa de la república puede derivar en connato de ilegalidad social, aún cuando el gobierno haya surgido de la ilegitimidad. La ilegalidad social da pie al quebranto de las reglas de la convivencia ciudadana en la paz y en el respeto social; dando paso a una espiral de inseguridad y posible violencia, tanto individual o social.

Si la ley es injusta procede cambiarla más no desobedecerla aún cuando pudiera ser un uso y costumbre arraigado socialmente. También la desobediencia da pretexto fácil a la represión social porque en este país impera la impunidad; y convencido estoy que más se pierde de lo que se gana en una vorágine de ilegalidades.

Sabemos bien que con el PRI continuarán los poderosos del dinero y de la política conservadora con sus egoístas intereses para empoderarse aún más de lo que ya están. No soltaron las riendas del poder para seguir gobernando a la mayoría de la población domesticadamente, dándoles pan y circo a pesar de hacerlo en forma menguada y en un clima de violencia de la delincuencia común y de la organizada.

En cambio, la resistencia civil se concibe como la construcción de diques y valladares para inhibir actos que persigan afectar a la mayoría de la población de posibles injusticias, atropellos, autoritarismos o del saqueo de las riquezas naturales pertenecientes a las comunidades y a la nación.

Es la resistencia civil la que se debe implementar ante las renovadas políticas públicas priistas que pudieran lesionar el patrimonio de la mayoría de los mexicanos. Es una opción explícita, pública y activa, consciente y deliberada, en el marco de una legalidad que también, gracias a esa resistencia, puede modificarse en sus alcances de protección colectiva.

La resistencia civil no implica desmovilizarse; todo lo contrario, su fuerza radica en hacerlo colectivamente sin afectar los derechos de nuestros semejantes y en el marco de la legalidad.

Es válido movilizarse para la toma de consciencia de la concentración de la riqueza nacional en unas cuantas manos, de los faltantes en educación, en salud, en oportunidades para los jóvenes o por el desempleo crónico. A la manipulación social por parte de los corporativos televisivos, etc.

La resistencia civil empezará en el momento que traten de llevar a cabo las principales reformas estructurales que afectarán lo laboral, fiscal, el sector energético, entre otras. Del contenido y de sus propósitos últimos será el grado de rechazo o aceptación popular de las mismas.

Ejemplo de resistencia civil pacífica fue la realizada cuando Felipe Calderón pretendía privatizar PEMEX la que se impidió al mostrar el repudio de una buena parte de la población. O las que han estado realizando los pueblos indígenas y algunas organizaciones sociales para hacer respetar sus derechos humanos e impedir el saqueo de sus recursos naturales. O las que dieron origen a la política comunitaria para contener la delincuencia en las comunidades de los pueblos originarios.

La resistencia civil es gobernar desde abajo, desde los desprotegidos ante los posibles excesos de los de arriba, los poderosos. Con creatividad y emoción social. Sumando y no inhibiendo la participación de mucha gente. Más que desobediencia pugnemos por la resistencia civil, atrayente, propositiva y asertiva.

PD. Por si hubiera alguna duda, la ley estatal electoral establece explícitamente que quienes obtengan las primeras siete mejores calificaciones integrarán el órgano electoral como consejeros electorales propietarios; mientras que las siguientes siete serán suplentes de aquellos; lo anterior a fin de dar transparencia a la designación, teniendo el Congreso una función validadora del proceso de selección y designación de consejeros.