¿Alguien ha visto a Vicente I. Suastegui Muñoz?
Héctor Manuel Popoca Boone.
Comparto las siguientes
reflexiones de Joaquín Villalobos, ex jefe guerrillero salvadoreño, conocedor
de la materia, consultor en seguridad y resolución de conflictos. Mismas que me
sirven de marco conceptual para dilucidar la conformación de la gobernabilidad que
existe actualmente en las diversas regiones del estado de Guerrero.
Él parte de la siguiente
premisa: gobierno que no combate, elude o finge que persigue a la delincuencia,
simple y organizada, al final de cuentas, llega a una connivencia con ellas. Con
tolerancia e interés, le cede a los malosos: soberanía, autoridad, fuerza y
gobernanza, en un territorio originalmente sujeto a una legalidad
institucionalmente establecida. Los delincuentes se aposentan tácitamente, consolidándose
como un nuevo gobierno de facto. Criminal en su esencia y por encima de todo
gobierno constitucional.
Asistimos al inicio de un
proceso donde un gobierno legalmente establecido abdica, ante su impotencia de
vencer a la delincuencia, a la principal finalidad de la existencia de un
Estado: cuidar la vida y la salud de la población; socavando, por motu
propio, la seguridad pública, para dar paso al reino de la injusticia, la fuerza
y la violencia ilegítima que se manifiestan con total impunidad.
El gobierno le da
tranquilidad a la delincuencia; a cambio de restarle paz, libertad y patrimonio
a su pueblo. Deja de perseguir a los delincuentes y deja desprotegida a las
personas que habitan en el territorio afectado. Implementada esta pérfida política
de concesiones, el gobierno queda debilitado y pierde su razón de ser; puesto
que la criminalidad se extenderá; sin tener mayor valladar que la contenga. Concibe
la cohabitación como fórmula relativamente pacífica para obtener dividendos
políticos, económicos, sociales para ambas partes; a costa de la sociedad. Así,
el gobierno empieza a utilizar para su provecho propio a esos grupos
antisociales-delincuenciales; y a la vez, echa mano de ellos para neutralizar a
los movimientos y organizaciones sociales opositoras y contestatarias de
carácter antigubernamental; que surgen protestando por las difíciles
circunstancias con las que se enfrentan en la vida.
Algunas de estas organizaciones
cívicas para contener la delincuencia, hacen uso, como última instancia, de la
mano armada. Es el último radio de acción para parar en seco las tropelías y
desmanes que les infligen los delincuentes casi con exasperante cotidianeidad y
con la total impasibilidad por parte de la autoridad, si no es que de su
complicidad.
La autoridad gubernamental
establecida les otorga su protección y los reconoce como fuerzas civiles
paramilitares subordinadas; tolerándolos y financiándolos a la vez, para la
adquisición de armas, equipos y vehículos. Culmina esta degeneración del
gobierno con la cesión de las fuerzas policiacas preventivas, a través de
“mandos ad hoc”, lo que permite a los malandros su expansión para hacer mayores
expoliaciones económicas al pueblo, más allá del tráfico de la droga, la
extorción y el secuestro. Además de controlar la compra-venta de bienes raíces
y del comercio al mayoreo de las principales mercancías y servicios de consumo
regional, a través de sus propias empresas comercializadoras e inmobiliarias.
De ahí la lucha crudelísima entre
los “chicos organizados” por defender territorios de acción y dominio criminal;
teniendo como aliado público o “tras bambalinas”, al gobierno legalmente
establecido y la protección que de él se puede derivar en todos los aspectos. Evidente
es el paulatino auto desmantelamiento gubernamental de parte de sus recursos,
capacidades y experiencia en la persecución de los delitos. La corrupción o la
extremaunción, son los medios de persuasión o convencimiento más socorridos y
eficaces, utilizados para tales fines.
Algunos gobiernos estatales y
municipales en estas tierras del sur incubaron el surgimiento de los primeros
“frankestein” de tipo micro regional. Algunos con el tiempo, se convirtieron en
plenos monstruos delictivos de tipo regional que, con el poderío adquirido, se
salieron de control; desafiando ahora a las mismas autoridades formalmente
establecidas. Hasta el punto de entrar de lleno a las lides electorales para
seleccionar, financiar y hacer triunfar candidatos “a modo” no importando la
coloratura ideológica que sustenten. ¡Uf!
PD. La custodia de la
legalidad a cargo del Estado Mexicano seguirá en entredicho a nivel mundial,
mientras no dilucide en forma plena, defina responsabilidades y aplique justicia
total, en el caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en Iguala hace
siete años. ¡Uf!
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