Héctor Manuel Popoca Boone.
Como Gobernador Moral de Guerrero deploro el hecho de que solo un
presidente municipal, el del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), Aldy
Esteban Román, de un conjunto de 38 alcaldes que fueron convocados de las
regiones Tierra Caliente, Centro y Norte, hizo acto de presencia en el taller
de capacitación, organizado por el gobierno federal, para el buen manejo,
aplicación y registro de los recursos federales que se les son transferidos anualmente
por concepto de participaciones fiscales. En Guerrero, en este año, suman cerca
de 8 mil millones de pesos (mdp).
Ese ausentismo notorio es una muestra papable del desdén que le dan al
ejercicio honesto y adecuado del presupuesto público. Seguramente mandaron como
sus representantes a los serán los encargados de “blanquear las cuentas” y
presentar los libros contables y documentos correspondientes debidamente
maquillados para efectos de las revisiones y auditorías federales subsecuentes.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acaba de dar a conocer los
resultados de la Tercera Revisión de la Cuenta Pública de los recursos
federales del ejercicio del año 2021. Ahí se señalan irregularidades, con
impacto económico, necesarias de solventar. Los gobernantes y/o sus
responsables financieros en ese entonces, son los sujetos obligados a
justificar los gastos de esos dineros transferidos en un plazo determinado, de
lo contrario deberán reintegrar los montos señalados a Tesorería de la
Federación (TESOFE).
Los principales conceptos
de irregularidades son: 1.- El pago de documentación justificativa o
comprobatoria del gasto. 2- Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas
al personal. 3.- las transferencias de recursos a otras cuentas bancarias. 4.-
Bienes adquiridos o servicios realizados no localizados o que no operan. 5.-
Recursos ejercidos en concepto que no cumplen con los objetivos específicos
indicados, 6.- Pago improcedentes o en exceso. 7.- Recursos o rendimientos
financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la
TESOFE.
Las llamadas de atención
que hace la ASF son de tipo gradual según la respuesta que reciba; empiezan con
recomendaciones, solicitudes de aclaración, ejercicio de la facultad de
comprobación fiscal, pliegos de observación y promociones administrativas
sancionadoras.
Entre los municipios que
destacan por sus irregularidades en la auditoría del año 2021 están Chilapa de
Álvarez, Cuautepec, Teloloapan, Coyuca de Benítez. Iguala, Zihuatanejo,
Chilpancingo y Taxco.
Una parte significativa
de las irregularidades identificadas, mediante las auditorías practicadas por
muestreo “se explican por el desconocimiento por parte de los ejecutores del
gasto, de las obligaciones que se derivan de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios donde muchos de los entes desconocen
las disposiciones contenidas en la Ley de la disciplina financiera.
Las causas-claves
principales de irregularidades con riesgo, fueron por orden de importancia: Una
acción que contravenga la normatividad establecida. Una omisión del servidor
público que causa incumplimiento en sus responsabilidades. Se cumplió con la
norma establecida, pero su ejecución tuvo muchas deficiencias. Se cumplió con
el programa, pero las reglas de operación para su ejecución eran inadecuadas.
Las causas imputables a
decisiones individuales, de acuerdo a los informes rendidos fueron en un 35 %. Imputables
a la discrecionalidad en la aplicación o interpretación de la norma, 35%.
Evadir el cumplimiento de la norma, 29.9 %. Desconocimiento de la norma
aplicable, 0.1%. En general, se concluye que, las causas-claves se centran en
fata de controles administrativos y discrecionalidad en el uso de los recursos.
Por lo que respecta al ejercicio
de los recursos federales por parte del Gobierno estatal, la ASF hace los
siguientes señalamientos: El gobierno del estado tuvo que devolver a la TSOFE
la cantidad de 80.8 (mdp) que no ejerció para cubrir gastos inherentes a la
operación y prestación de servicios del programa “La escuela es nuestra”. Mismos
que estaban destinados, con prioridad, a localidades indígenas, y localidades
con alto y muy alto grado de marginación, o en situación de alta vulnerabilidad
o riesgo.
En materia de servicios
de salud gratuito, existe un importe de 47.6 (mdp) pendientes de aclaración
ante la ASF, principalmente en los conceptos de falta de documentación
comprobatoria del gasto y/o de rendimientos financieros no ejercidos o
devengados.
Guerrero junto con
Veracruz y el Estado de México, fueron los únicos estados del país a quienes se
les imputó doble declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres.
Del gasto federalizado en
su totalidad, el monto por aclarar por el gobierno estatal suma 266.1 (mdp) y
de gobiernos municipales la sumatoria es de 401.2 (mdp).
Guerrero ocupa el segundo
lugar a nivel nacional por el monto de recursos federales que le son
transferidos mediante participaciones federales, sin considerar a la CDMX.
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