El “Grupo Diálogo Rural México” (GDR), que preside el rector de la UNAM y el secretario de la Sagarpa, plantea que la solución de fondo a la pobreza rural no podrá darse si no se resuelven las restricciones estructurales que constriñen y frenan el aprovechamiento del potencial del territorio, la capacidad creativa de su población y, por ende, su desarrollo integral.
El crecimiento de la economía debe de ser alto, sostenido y generalizado -con incrementos en la productividad, inversión y estabilidad de precios, especialmente de los alimentos-, para que haya más empleo y salarios dignos, inclusión y equidad social en el medio rural.
También se requieren cambios sustantivos en la relación hasta ahora tenida entre los sectores público, social y privado, y el rol que le corresponde a la sociedad y al mercado.
El GDR propone suscribir un “pacto social para el crecimiento y la competitividad rural, el empleo y la productividad, la equidad y la sustentabilidad” Concretado en los diversos territorios, para propiciar un desarrollo desde lo local y desde la especificidad.
Reforma fiscal de por medio, garantizar los derechos exigibles en materia de alimentación, salud y seguridad social en el medio rural.
Incorporar un enfoque, en las políticas públicas, que reduzca significativamente las brechas económicas y sociales entre las comunidades rurales y los centros urbanos.
El trasvase de la perspectiva de género, de etnia y de sustentabilidad debe de permear todo programa rural de gobierno.
Fortalecer y respetar los derechos de propiedad, la certidumbre jurídica, la seguridad pública y el estado de derecho en los territorios rurales, revalorando y reafirmando el patrimonio primigenio, natural y físico, de la población rural sobre sus recursos naturales.
Incrementar la inversión rural con la suscripción de asociaciones en participación entre los sectores privado y social, con equidad y con la seguridad de cumplimientos por las partes así como de la preservación ecológica y ambiental.
Es indispensable precisar los derechos de propiedad ambiental y los mecanismos para su concreción y retribución por los servicios otorgados al medio urbano, de manera especial el agua.
Una reforma laboral que tome en cuenta las particularidades del empleo rural y que al impulsar la capacitación y la productividad implique mejores salarios a los jornaleros agrícolas.
Lugar prioritario de atención debe tener la agricultura de corte campesino y el aprovechamiento sustentable de agostaderos, terrenos de uso común, bosques, selvas y cuerpos de agua.
Mayor asignación a la inversión en bienes públicos: a la investigación aplicada; a la transferencia y la adopción de tecnología; a la asistencia técnica agropecuaria y acuícola; a la sanidad y la inocuidad agroalimentaria y pesquera; a la construcción de un sistema financiero rural que garantice y facilite la incorporación al mismo de los pobres rurales; así como un sistema para la administración de riesgos y contingencias.
La inclusión de la juventud rural debe ser el eje articulador siempre presente en el diseño de las políticas públicas; alentando el relevo generacional de los adultos mayores con tierra y la formación de empresas de servicios que rescaten infraestructura ociosa o improductiva.
El fortalecimiento de la democracia rural es un requisito indispensable; se trata de dar voz no sólo a quienes han sido tradicionalmente excluidos, sino también a otros colectivos sociales que actúan e inciden en el ámbito rural.
Menester es contar con una política de estado que asegure continuidad y compromiso de largo plazo, con un horizonte multianual en la asignación del presupuesto público de los tres órdenes de gobierno.
PD. Si a alguien tiene que pedirle perdón público Zeferino Torreblanca Galindo es al pueblo Me´ phaa del municipio de Ayutla. Por haberlo: hostigado, reprimido, criminalizado (junto a sus dirigentes y defensores), además de insultarlo al mostrar un racismo vulgar. Hoy, en éste gobierno estatal, se les empezará a otorgar la justicia merecida, tan largamente postergada.
