Puro protagonismo.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Además de la intrigante e integrante del gabinete estatal, Rosario Herrera, y del diputado federal, Sebastián de la Rosa, añada el nombre del diputado local, Bernardo Ortega Jiménez, como copartícipe conspicuo de la dirigencia estatal del grupo Nueva Izquierda del PRD, apodado “Los Chuchos” que, como ya sabemos, tal parece que dio cobertura institucional y apoyo político, al indiciado criminal, hoy todavía prófugo, ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velásquez y a su señora esposa, actual consejera nacional del PRD.

El diputado Bernardo Ortega, es y era presidente de la Comisión de Gobierno del congreso local. De él fue la frase descalificativa: “Es puro protagonismo”, espetada a la viuda de Arturo Hernández Cardona (AHC), como respuesta a la solicitud pedida a los diputados para que dieran una prórroga y poder así entregar un documento importante que serviría de respaldo para la revocación de mandato del hoy todavía ilocalizable gobernante municipal igualteco.

Dicha prueba adicional era el testimonio notariado de Nicolás Mendoza Villa donde señala a José Luis Abarca Velásquez, como autor intelectual y material del asesinato de AHC. El diputado local, Bernardo Ortega, muy orondo descalificaba a la regidora y denegaba la prórroga solicitada. Expresó que…. “dicha declaración no está ofrecida en el proceso de desafuero del edil igualteco aunado que la instrucción ya se cerró.”“Esta declaración desde mi punto de vista es tardía hubiera sido en el momento y ante las instancias correspondientes, antes de los medios, hubiera acudido a las instancias correspondientes investigadoras…”.

Acudió pero el resultado fue que el ministerio público abrió una averiguación previa pero ¡contra de los familiares de AHC y demás integrantes de la organización Unidad Popular! Con dicha averiguación previa, el estado mexicano arguyó ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos su imposibilidad de otorgar medidas cautelares a la familia del asesinado.

En Guerrero, la facción Nueva Izquierda del PRD, cubrió políticamente la espalda al actual gobernante municipal indiciado, para que el cártel, “Guerreros Unidos”, siguiera cometiendo graves atrocidades en toda la región norte de estado. En la barbarie acontecida el 26 de septiembre, hay responsables por comisión, omisión, indolencia y confabulación.

Muchos estamos convencidos que de haberse aplicado la ley en el crimen de AHC y de dos de sus compañeros, posiblemente la masacre de Iguala no hubiera acontecido. La raíz de esos asesinatos a sangre fría, fue la maldita impunidad que otorgaban los políticos cómplices, de la narco política, asentada en esa región.

 Siendo los“Los Chuchos”, una de las tribus predominantes del PRD en Guerrero, podemos aventurar la hipótesis de que ese partido está seriamente infiltrado y atravesado por la delincuencia organizada. A cambio de financiamiento subrepticio, ofrecía cobertura institucional y apoyo político a los gobernantes narcos, que entregaban las estructuras policiacas municipales, para ponerlas al servicio del crimen, como quedó constatado.

Los gobiernos, federal y estatal, no pueden decir que no sabían de la protección política que Los Chuchos de Guerrero daban indirectamente al cártel autodenominado “Guerreros Unidos”, desde sus puestos de alto nivel en el gobierno estatal, en las cámaras legislativas, y en el gobierno municipal de Iguala.

Lo cierto es que el PRD ha dejado de ser una alternativa viable para sacar de la postración económica, social y política al pueblo de Guerrero. El dinero, el poder y el narco pudrieron a sus dirigentes y gobernantes, de pies a cabeza.

PD1. A Abarca (presidente municipal tránsfuga de Iguala) “le levantamos la mano todos” en el PRD. Lázaro Mazón.

PD2. Según reportaje periodístico de aquel tiempo, Arturo Hernández Cardona acusó al presidente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, de haber vendido en millones de pesos la candidatura perredista a la alcaldía de Iguala a José Luis Abarca Velázquez, “por ser el mejor postor”.

PD3. “Las águilas vuelan solas, los ojetes en parvada” Titulo del libro de Héctor Suárez.

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Repaso de una masacre anunciada.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Nueva Izquierda, tribu política del PRD, apodada “los chuchos”  -comandada en Guerrero, entre otros, por el diputado Sebastián de la Rosa y la perversa secretaria estatal de la mujer y señora del glamour siniestro, Rosario Herrera-, siempre ha defendido políticamente, y en todo momento, al hoy prófugo presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velásquez.

El diputado Sebastián de la Rosa, además de cargar a cuestas su desafortunada declaración pública de otorgarle “todo el respaldo político de su grupo” al gobernante municipal malogrado; también lo apoyó en una ocasión crítica anterior. El reportaje periodístico de aquel entonces daba cuenta de lo que dijo en una reunión política: “Llamó a los actores políticos a no utilizar el asesinato del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, con fines políticos para afectar al presidente municipal (de Iguala) o al partido (PRD)”, pidiendo públicamente que “no se politizara el asunto”

Eso último lo expresó una vez conocido, por la opinión pública, el testimonio notariado de Nicolás Mendoza Villa, sobreviviente del grupo donde fue torturado y asesinado el dirigente campesino de la región que destacaba en la gestoría para conseguir fertilizante para sus agremiados. La testimonial denuncia explícitamente que el autor intelectual y material del crimen fue el principal edil igualteco.

Sobre la masacre de Iguala, el diputado federal mencionado, comentó también que “la responsabilidad de la policía municipal está bajo el Mando Único que depende del gobierno del estado encabezado por Ángel Aguirre Rivero, por lo que es responsable directo de estos hechos.”

Desnuda queda así, en la peor aberración criminal que como nunca antes había acontecido en Guerrero, la complicidad de una tribu perredista proclive a vender protección política a gobernantes para que estos actúen con toda impunidad. Afloró en este caso, la vinculación política estrecha entre el presidente municipal que se dio a la fuga y la tribu de los “chuchos”; teniendo como brazo ejecutor a la policía municipal y al sicariato regional.

De este inacabado repaso y de subsiguientes acontecimientos, se pueden hacer varias reflexiones: Por principio de cuentas, un antecedente importante fue la falta oportuna de investigación del gobierno estatal y federal de un crimen anterior, descrito en un testimonio notariado, en donde se denuncia al presidente municipal de Iguala como la persona que mató al líder campesino, Arturo Hernández Cardona, en el mes de marzo del año en curso.Si se hubiera efectuado en forma expedita la debida indagatoria judicial, quizás no hubiera ocurrido la masacre de Iguala, durante el 26-27 de septiembre pasado.

También existen fuertes indicios que hubo un compromiso y una coordinación para la acción, entre el presidente municipal  (ahora requerido por la ley), su estructura policiaca municipal y el presunto grupo de la delincuencia organizada denominado Guerreros Unidos. Este último, actuando en la región norte del estado, con total impunidad a lo largo de varios años.

Según testigos presenciales, el presidente municipal, intocable y ahora ilocalizable, también alardeaba cuando despachaba en su oficina, de su financiación a la campaña electoral del actual gobernador; y lo mismo decía ser uno de los soportes financieros de la tribu local “chuchinesca”. Por eso siempre, esta tribu salía en su apoyo público, automáticamente.

Existieron reacciones tardías de los dos órdenes de gobierno (federal y estatal), por estar discutiendo acerca de quién de ellos debía investigar la masacre; lo que provocó una fuerte llamada de atención presidencial al gobierno estatal, para que investigara prontamente las 6 ejecuciones extrajudiciales y los 25 heridos de bala.

Al transcurrir semanas sin saber nada de las 43 o más desapariciones forzadas, el gobierno federal atrajo las investigaciones de la masacre, con la instrucción presidencial de hacer una profunda investigación para esclarecer los hechos y aplicar la ley contra los responsables para que no haya “el más mínimo resquicio para la impunidad”. “Tope donde tope”

PD. En los contubernios de la narco política priva la consigna: “Todos para uno, uno para todos” Ah, también el que dice: “El que entra,… ya no sale”.

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Dos desafíos nacionales.

Héctor Manuel Popoca Boone.

El primero tiene que ver con nuestra economía y su desenvolvimiento. Las reformas estructurales hoy vigentes, conllevan problemas que debemos enfrentar y afrontar. Merecen tomarse en cuenta. Los resultados positivos de las reformas no se verán a corto plazo, ya lo dijeron. Entre otros obstáculos están los siguientes:

Un debe, es la obligación de instrumentar y aplicar las modificaciones legislativas en los diversos ámbitos en que rápidamente fueron aprobadas: educativo, fiscal, energético, político, etcétera; teniendo ya a cuestas la insatisfacción de una parte de la sociedad, que se resiste a aceptarlas. Los bajos índices de popularidad presidencial así lo indican.

Este malestar ciudadano, obstruye y disuelve nexos de coordinación, de apoyo y de vasos comunicantes entre la sociedad y el gobierno. Eso también debilita la necesaria interlocución del gobierno, de la clase empresarial, la obrera y los trabajadores rurales; estos dos últimos exigen con perentoriedad, empleos estables, mayores salarios y precios justos a los productos del campo; a contra pelo, las empresas y el gobierno federal se oponen a otorgarlos.

Como dice el economista David Ibarra: “Otorgar libertad plena de contratación y reforzar los derechos de los más poderosos o mejor dotados no siempre es compatible con una vida digna, ni con el mejoramiento indispensable de las capacidades de trabajo de los grupos más débiles de la población”

El segundo desafío nacional es el que se refiere a la escasa vigencia del orden social y del estado de derecho. La llevamos a cuestas desde hace años, siendo el resultado más grave el desbordamiento de la delincuencia organizada en todas sus manifestaciones, a lo largo y ancho del país, con la mucha impunidad que han otorgado diversas autoridades en sus varios niveles.

Como contraparte, tenemos levantamientos armados de grupos de ciudadanos que están convencidos de la impotencia de los gobiernos para restablecer la seguridad pública, la patrimonial, de vidas humanas y la erradicación de la trata. Bajo esta situación, es imposible suturar las rupturas en el cuerpo social de nuestro país mientras la corrupción siga siendo moneda de cambio para cometer ilegalidades, enriquecimientos inexplicables, compra de voluntades o de silencios.

El gobierno federal está en un brete: por un lado combate y apresa a los mandones de las mafias delincuenciales; y por la otra, también encarcela a los líderes de las policías ciudadanas que resguardan el orden civil regional. Agréguese a lo anterior, la criminalización, el encarcelamiento, aislamiento y destierro de las y los luchadores sociales.

Este desafío también es estructural y de larga data. Parte de las policías de todos los niveles están compradas e infiltradas por la delincuencia. Cómo deshacerse de los malos elementos policíacos y militares, cómo blindar a los nuevos y no contaminados, de qué manera erradicar la complicidad delictiva de una runfla de políticos, funcionarios públicos y gobernantes.

Si no empezamos a resolver estos desafíos nacionales en serio, no tendremos una plataforma para negociar acuerdos básicos de normas, coordinaciones y trabajos, entre todos para el progreso de todos.

PD1. La masacre de estudiantes ocurrida en Tlatelolco el dos de octubre del 68, no se olvida. La del 26 de septiembre de este año en Iguala, tampoco se olvidará.

PD2. El diputado federal y líder estatal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, declaró que el hoy prófugo presidente municipal de Iguala “tiene todo el respaldo político” de su tribu. ¡Ah! Pero también exige que se haga una investigación a fondo por parte de las autoridades responsables y se deslinden cuanto antes las responsabilidades. O sea, hay que “cantinflear” con lo uno y lo otro, a la vez. ¡Uf!

PD3. El presidente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, dijo que la postura de su partido es que se investigue y se castigue a los responsables de la masacre en Iguala. ¡Ah! Pero también dijo que sabe que fueron de la delincuencia organizada, los atentados y los asesinatos. O sea, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Doble ¡Uf!

h.popoca.b@gmail.com