Repaso de una masacre anunciada.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Nueva Izquierda, tribu política del PRD, apodada “los chuchos”  -comandada en Guerrero, entre otros, por el diputado Sebastián de la Rosa y la perversa secretaria estatal de la mujer y señora del glamour siniestro, Rosario Herrera-, siempre ha defendido políticamente, y en todo momento, al hoy prófugo presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velásquez.

El diputado Sebastián de la Rosa, además de cargar a cuestas su desafortunada declaración pública de otorgarle “todo el respaldo político de su grupo” al gobernante municipal malogrado; también lo apoyó en una ocasión crítica anterior. El reportaje periodístico de aquel entonces daba cuenta de lo que dijo en una reunión política: “Llamó a los actores políticos a no utilizar el asesinato del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, con fines políticos para afectar al presidente municipal (de Iguala) o al partido (PRD)”, pidiendo públicamente que “no se politizara el asunto”

Eso último lo expresó una vez conocido, por la opinión pública, el testimonio notariado de Nicolás Mendoza Villa, sobreviviente del grupo donde fue torturado y asesinado el dirigente campesino de la región que destacaba en la gestoría para conseguir fertilizante para sus agremiados. La testimonial denuncia explícitamente que el autor intelectual y material del crimen fue el principal edil igualteco.

Sobre la masacre de Iguala, el diputado federal mencionado, comentó también que “la responsabilidad de la policía municipal está bajo el Mando Único que depende del gobierno del estado encabezado por Ángel Aguirre Rivero, por lo que es responsable directo de estos hechos.”

Desnuda queda así, en la peor aberración criminal que como nunca antes había acontecido en Guerrero, la complicidad de una tribu perredista proclive a vender protección política a gobernantes para que estos actúen con toda impunidad. Afloró en este caso, la vinculación política estrecha entre el presidente municipal que se dio a la fuga y la tribu de los “chuchos”; teniendo como brazo ejecutor a la policía municipal y al sicariato regional.

De este inacabado repaso y de subsiguientes acontecimientos, se pueden hacer varias reflexiones: Por principio de cuentas, un antecedente importante fue la falta oportuna de investigación del gobierno estatal y federal de un crimen anterior, descrito en un testimonio notariado, en donde se denuncia al presidente municipal de Iguala como la persona que mató al líder campesino, Arturo Hernández Cardona, en el mes de marzo del año en curso.Si se hubiera efectuado en forma expedita la debida indagatoria judicial, quizás no hubiera ocurrido la masacre de Iguala, durante el 26-27 de septiembre pasado.

También existen fuertes indicios que hubo un compromiso y una coordinación para la acción, entre el presidente municipal  (ahora requerido por la ley), su estructura policiaca municipal y el presunto grupo de la delincuencia organizada denominado Guerreros Unidos. Este último, actuando en la región norte del estado, con total impunidad a lo largo de varios años.

Según testigos presenciales, el presidente municipal, intocable y ahora ilocalizable, también alardeaba cuando despachaba en su oficina, de su financiación a la campaña electoral del actual gobernador; y lo mismo decía ser uno de los soportes financieros de la tribu local “chuchinesca”. Por eso siempre, esta tribu salía en su apoyo público, automáticamente.

Existieron reacciones tardías de los dos órdenes de gobierno (federal y estatal), por estar discutiendo acerca de quién de ellos debía investigar la masacre; lo que provocó una fuerte llamada de atención presidencial al gobierno estatal, para que investigara prontamente las 6 ejecuciones extrajudiciales y los 25 heridos de bala.

Al transcurrir semanas sin saber nada de las 43 o más desapariciones forzadas, el gobierno federal atrajo las investigaciones de la masacre, con la instrucción presidencial de hacer una profunda investigación para esclarecer los hechos y aplicar la ley contra los responsables para que no haya “el más mínimo resquicio para la impunidad”. “Tope donde tope”

PD. En los contubernios de la narco política priva la consigna: “Todos para uno, uno para todos” Ah, también el que dice: “El que entra,… ya no sale”.

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