Acoso punitivo periodístico.

A la memoria de José M. Armenta Villegas. Contralor General del Estado, asesinado en el cumplimiento de su deber. (Año 2000).

A la memoria de Ambrosio Soto. Presidente municipal de Pungarabato. Ídem. (Año 2016).

Carmen Aristegui, periodista de investigación, harto conocida a nivel nacional por la seriedad se sus análisis, ha sufrido represalias y presiones ilegítimas en el ejercicio de su oficio al poner en descubierto los enjuagues interesados del Presidente de la República y su señora esposa, convenidos con una gran empresa constructora de la preferencia de la pareja presidencial. Carmen Aristegui no solo fue corrida de su trabajo en MVS Comunicaciones, por el dueño principal de la empresa: Joaquín Vargas. Ahora éste puso ante la fiscalía una demanda de reparación económica y perdón público en contra de la periodista, por difamación a su persona en el prólogo del libro que al alimón con su equipo de trabajo escribió y fue la prologuista del mismo, supuestamente porque le causó daño moral al “angelito”. Eso, en el marco del escandaloso caso de corrupción e impunidad, muy conocido a nivel internacional, de la lujosa residencia denominada “Casa Blanca”. El Presidente de la República ya pidió perdón público, sin mayor consecuencia judicial. Uno, demanda con carácter punitivo y el otro pide disculpas públicas por el mismo asunto. ¡Esto está de locos!

Por otra parte, el ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI, Humberto Moreira Valdez, fue denunciado ante la PGR por las fracciones parlamentarias de senadores y diputados del PAN, por los presuntos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado; posibles causales sacadas a flote en las investigaciones que tienen en curso el equipo de trabajo del reputado periodista y académico del Colegio de México, Sergio Aguayo. El ex gobernador de Coahuila, apresado en un primer momento en Europa por la Interpol, a partir de los indicios de su participación en el lavado de grandes cantidades de dinero sacado de México, no podía quedarse atrás y puso una demanda pecuniaria (diez millones de pesos) y exigió perdón público de Sergio Aguayo, por daño “emocional” a su persona. Eso, porque el periodista infería que su comportamiento como gobernante y político despedía un “hedor corrupto”. Además de su presunta culpabilidad, al menos de omisión, ante gravísimas violaciones perpetradas a los derechos humanos en la matanza de 300 personas ocurrida en los municipios de Nava y Allende, Edo. De Coahuila, donde estuvieron involucrados cárteles del crimen organizado.

En ambos casos, estamos ante intentos de amedrentamiento y coacción a la libertad de expresión pública e información ciudadana, las cuales están expresamente garantizadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un intento de poner los instrumentos del sistema de la justicia mexicana al servicio favorable de los intereses del alto político y del empresario, al tratar de inhibir la acción periodística de aquellos profesionales de los medios que los exhibieron. Los demandantes tienen lazos inocultables de empatía con Enrique Peña Nieto, Presidente de la República. Lo cierto es que ambos periodistas provocaron el mal humor presidencial al publicar esas verdades inobjetables. Tan solo dijeron la verdad y no se echaron a correr.

El caso del ex líder nacional del PRI es por demás grotesco. Durante su gobierno la deuda pública de Coahuila pasó de $ 323 millones, a alrededor de ¡34 mil 100 millones de pesos! Muchos de los cuales, los contrató usando documentos apócrifos. El saqueo al erario público, fue hecho por demás en forma fraudulenta y en grado exponencial. ¡Uf! ¡Uf!

PD1. La Universidad Autónoma de Guerrero no se distingue, en términos generales, por la abundante existencia de conocimientos científicos y tecnológicos, ni por su difusión y enseñanza. En cambio, los recursos monetarios para la proyección de imagen política y afianzamiento grupal ¡corren a raudales! Cosas de la universidad-partido.

PD2. De la corrupción y de la impunidad, ¡sálvanos Señor! Dígalo en voz alta diez veces y no pasará nada.

Claroscuros.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Pensaba escribir sobre el gobernador, Héctor Astudillo Flores, (HAF) como un mandatario público solitario, en su pesada y difícil encomienda constitucional. Sobre la percepción prevaleciente de ser un gobernante sin gabinete de trabajo, sin apoyo alguno para fortalecerse y llevar a cabo el buen cumplimiento de las metas gubernamentales trazadas.

Pensaba en describir, pormenorizadamente, los hechos que así lo indicaban y que lo dejaban mal parado ante la ciudadanía. Como lo fue, el rotundo mentís que le propinó su secretario general de gobierno, vía la secretaria de la mujer, cuando afirmaron tajantemente que la OPIM no iba a tener cabida en la co-administración del Centro Comunitario de la mujer indígena en Ayutla; siendo que días antes, HAF había dialogado constructivamente con las mujeres dirigentes Me Phaa de aquellos lares.

O cuando declaró públicamente que no se involucraría en la escalada del conflicto sindical magisterial en Guerrero y pocos días después, su secretario de educación declaraba, provocativa e irresponsablemente, que darían de baja a casi mil maestros que decidieron no participar en el proceso institucional de evaluación recién establecido.

  Colgado de la brocha quedó cuando afirmó también que no sería dique u obstáculo para que, si así se concluyera por especialistas en la materia, establecer la alerta de género en el estado. No pasaron muchos días para que el fiscal estatal rechazara tal posibilidad aduciendo tecnicidades jurídicas, refrendando la negativa ya declarada por el secretario general de gobierno. Y con todo lo anterior, uno se podría preguntar válidamente ¿Quién gobierna institucionalmente Guerrero? ¿O es acaso un juego perverso del gobernante bueno y sus colaboradores malos?

Pero he aquí que el suceso de la captura de dos relevantes narcotraficantes con dominio en territorios de Ixtapa Zihuatanejo y en Acapulco vinieron a desmentirme en mi inicial percepción. Ulteriores sucesos como el intento de un juez federal venal de liberarlos; el amedrentamiento sin parangón realizado por la delincuencia organizada contra las personas del gobernador del estado, del presidente del Tribunal de Justicia del Estado, del fiscal estatal, así como el atemorizar a la sociedad misma con viles asesinatos a la luz del día en playas vacacionales de Acapulco, provocaron una respuesta institucional contundente, hecha valentía, firmeza y determinación.

En un marco de gran cohesión, Héctor Astudillo, Robespierre Robles, Xavier Olea y Roberto Álvarez Heredia se aplicaron personalmente, como un todo único y tomaron al toro por los cuernos, sin amilanarse en ningún momento. El primero instruyendo, los otros dos obrando y el último explicando al pueblo lo que estaba ocurriendo sin mendacidad alguna. Dieron verdadera muestra de cómo deben tratarse a los malhechores de gran calado y a sus criminales fechorías, sin la tradicional impunidad derivada de la corrupción.

Acciones como las descritas son aplaudibles y dignas de reconocimiento, porque dan esperanza a la ciudadanía de recuperar la confianza en el gobierno, vivir sin incertidumbre, sin zozobra, ni inseguridad cotidiana; manteniendo su patrimonio a buen resguardo y con la tranquilidad necesaria al saber que no todo el gobierno federal o estatal son narco-gobiernos en Guerrero. A eso se le llama otorgar seguridad de Estado.

El respaldo del gobierno federal a este tipo de conductas de eficaz protección a la sociedad fue constatado al realizarse en Acapulco una reunión del gabinete de seguridad federal encabezado por el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que anunció el regreso de contingentes de la policía federal y una coinversión con el gobierno estatal de 200 millones de pesos adicionales para reforzar el sistema de seguridad pública de Guerrero.

Por cierto, al presidente municipal de Acapulco no se le vio ni como convidado de piedra. Su ausencia fue tan elocuente y de obviedad que es conveniente que pida permiso para retirarse de la responsabilidad de gobernar Acapulco, por el bien de la población. Es un gobernante no confiable para el Estado Mexicano. ¡Sopas!

PD. En la nueva ley orgánica del Congreso del Estado aprobada por la mayoría de nuestros ínclitos diputados, no dispusieron sancionar a los faltistas, con eso el poder legislativo refrenda una vez más su vocación de querer pertenecer a un gobierno de mediocres y hogazanes. ¡Uf!

Hacer más con menos.

Héctor Manuel Popoca Boone.

De suma gravedad fue el anuncio que hizo el gobierno del estado de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público dejó de suminístrale la mitad de los ingresos fiscales previstos para este mes. O sea, de mil 108 millones de pesos programados, mandó sólo 554 millones. La magnitud del problema se aprecia si tenemos presente que los diversos programas bajo la operación del gobierno del estado son sufragados, en su inmensa mayoría (95 por ciento), por las participaciones fiscales provenientes del gobierno federal.

El recorte es severo y obliga necesariamente a entrar en un programa de rigurosa austeridad en el ejercicio del gasto público. Sin miramiento alguno deberán suprimirse todas las partidas de gasto de carácter superfluo o de lujo a los que están acostumbrados los funcionarios en el poder. Ellos tienen que dar el primer ejemplo del racionamiento del gasto frente a la cancelación abrupta de programas de inversión y de servicios dedicados a la población, sobre todo evitar mermas en los sectores seguridad pública, salud y educación. Ya los delegados de las distintas instituciones federales han empezado a informar que los presupuestos y metas programadas se están reduciendo en un rango que va de cincuenta a setenta por ciento de lo que originalmente tenían asignado aplicar en Guerrero. De nueva cuenta tendrá que apretarse el cinturón la mayoría de los mexicanos.

Crisis financiera gubernamental como la de ahora, me recuerda la sufrida en tiempos del gobierno de Don Alejandro Cervantes Delgado (ACD), a consecuencia de la gran recesión económica nacional e inflación galopante provocada por los excesos del ex presidente de la república, José López Portillo, que heredó a su sucesor, Miguel de la Madrid, quién expresó en aquel entonces su voluntad de que no se deshiciera la nación en sus manos.

En Guerrero, ACD tomó las siguientes medidas: Estableció el Programa Dando y Dando, dentro de la lógica de “hacer más con menos”. La consigna era no disminuir las metas fijadas a consecuencia de los recortes presupuestales; convocando a la población de los pueblos y barrios populares a su aporte de mano de obra en la obra comunitaria; agua y drenaje, pavimentaciones, puentes, escuelas, centros de salud, canchas deportivas, etc. El pueblo respondió al llamado; porque vio que ACD tenía la suficiente autoridad moral al gobernar con honestidad tomando distancia y repudio a la corrupción y a los negocios turbios, que eran costumbre hacerlos desde el gobierno.

Otra medida fue reducir a su mínima expresión el “contratismo” corrupto que, a raja tabla y en contubernios deshonestos, los funcionarios desleales a ACD imponían a cuanta obra pública se realizara, encareciendo en mucho el costo de la obra. Con todo su respaldo, dimos de baja del padrón de contratistas del gobierno del estado, a más de 15 compañías que se destacaban por sus altos niveles de corrupción, por sus obras de baja calidad y costos inflados u obras inconclusas que reportaban como terminadas. Cosa similar se hizo con las adquisiciones gubernamentales en donde también funcionarios y empresarios inescrupulosos incluían en el precio unitario de las compras la mochada respectiva.

Para evitar el estancamiento económico del medio rural, se implantó el programa crédito a la palabra, sin muchos requisitos ni llenado de expedientes técnicos o folios discrecionales. Se le otorgaba al campesino o al pescador un modesto financiamiento productivo oportuno y rápido respaldado solo por la palabra y el apellido del productor comprometido a pagarlo. Los niveles de recuperación eran por encima del 90 %.

PD. Aquel que diga que no subirán los precios de los productos de consumo de la inmensa mayoría de los mexicanos es un reverendo mentiroso. El incremento de las gasolinas, el alza de las tarifas de la luz, la elevación de la tasa de interés interbancaria, la falta de inversión pública y privada y el cada vez más difícil pago de la deuda pública, han llegado para quedarse. La inflación está a la vuelta de la esquina. De nueva cuenta el pueblo pagará los platos rotos de una economía que hace más ricos a los pocos ricos y lleva a la pobreza a la inmensa mayoría de los mexicanos. ¡Uf!

Urgencia.

Héctor Manuel Popoca Boone.

La semana pasada fui invitado por la diputada Magdalena Camacho Díaz, que preside la Comisión de Seguridad Pública de la cámara local de diputados, a una conferencia sobre la trata de personas, impartida por una especialista en la materia, Rosi Orozco, en el auditorio del poder legislativo en Chilpancingo.

En la exposición de motivos del evento, la legisladora integrante de la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC), subrayó la importancia y, por ende, la perentoriedad de legislar sobre tan deleznable delito, entendiéndolo como “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”

Dicha urgencia también fue enfatizada por la conferencista magistral, al recalcar que Guerrero acusaba rezago en su ley estatal por cuanto actualización, alineamiento y armonización con la ley federal respectiva. Donde se contempla tal delito como de alto impacto social y de amplio espectro presencial. Por su parte, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, que encabeza la bancada del MC, lamentó, una vez más, la lentitud de la Comisión de Justicia del Congreso Local para dictaminar las iniciativas de leyes que han presentado los del partido naranja en materia de justicia oportuna y expedita que requiere Guerrero.

Deplorable resultó que a ésta conferencia hayan asistido tan solo 5 de 46 diputados que integran el poder legislativo local. Refrendan con eso el bajo perfil que tienen, a causa de su acendrado ausentismo, impuntualidad, holgazanería y vale-madrismo, con que asumen las responsabilidades legisladoras encomendadas por los ciudadanos electores y que se les retribuye económicamente con demasiada generosidad.

Días después, mi tocayo, el diputado Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Justicia, se quejó del “acoso legislativo” que ejercita Ricardo Mejía para que, según su versión, se dictamine al vapor en las diversas iniciativas de leyes que sobre justicia los diputados del MC han presentado. Arguye que se requiere tiempo y mucha técnica jurídica para analizar y pulir ese tipo de leyes. Cuestión en la que estoy de acuerdo con él hasta cierto punto, porque debemos ponderar la meticulosidad con la necesaria inmediatez en la aplicación de la ley para que se inhiba con mayor eficacia este tipo de delitos que no son nada esporádicos en Guerrero.

Al ir en camino a la conferencia, medité sobre las diversas tratas de personas que se presentan de antiguo, en estas tierras del sur. De bote pronto, me acordé de la trata de infantes en el zócalo de Acapulco. La prostitución sexual desparramada a lo largo de la zona de La Condesa. La venta de jóvenes indígenas púberes para fines de matrimoniales hecha por sus familiares, en pueblos indígenas de la Montaña. Los trabajos forzados a que son sometidas anualmente más de cinco mil familias indígenas en campos agrícolas del norte del país, por enganchadores y empresarios rurales inescrupulosos. O el acoso permanente y otorgamiento de favores sexuales a que son presionadas las edecanes y secretarias del congreso local, so riesgo de perder su empleo de no hacerlo y que es realizado trienio tras trienio por las nuevas camadas de diputados ardorosos y fogosos que llegan al palacio legislativo.

Por lo que concluyo que, en este caso, la lentitud de aprobar una ley actualizada sobre la trata de personas de amplio espectro y con eficacia punitiva, se debe a que nuestros ínclitos diputados ¡No se quieren poner la soga al cuello!

PD1. “No entiendo, ni quiero entender”, me dijo un político acerca de la necesidad de someter metódicamente nuestras ideas y promesas a su permanente constatación de congruencia con los hechos

PD2. El PRI ganó la gubernatura, aun cuando perdió 61 de los 84 municipios del estado, debido a la equidad de género, que obliga a los partidos a postular mujeres en la mitad de los puestos de elección, aunque no sean competitivas. Así lo declaró, Omar Fayad, flamante gobernador priista del Estado de Hidalgo. ¡Chúpale pichón!

Exclusión en el Centro.

Héctor Manuel Popoca Boone.

El lunes pasado, el gobernador Héctor Astudillo Flores (HAF), hizo declaraciones sobre el desencuentro que traen las mujeres de la OPIM con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame (FSA), acerca de la definición sobre quién o en quienes recaerá la responsabilidad de la operación del Centro Comunitario para Mujeres del municipio de Ayutla (CC). Al respecto dijo: “Es en eso donde se ha parado el asunto, ha habido diálogo con ellas, pero no se ha podido llegar a una conclusión, hemos tenido un par de reuniones sobre el tema y lo vamos a seguir haciendo”. (El Sur, 28/junio/2016).

A los dos días, el intento del gobernador de continuar un diálogo constructivo con la OPIM fue frustrado por FSA, al poner a declarar inopinadamente a su subordinada, la subsecretaria de vinculación social, Julieta Velasco Valdés, que la OPIM no puede formar parte de la administración del CC, porque Doña Inés Fernández Ortega no quiso más que fuera su representante legal. Cuando ese hecho, no es fundamento legal para practicar la exclusión y un racismo ramplón. Ni aquí ni en Colombia.

Una vez que la Secretaría de Gobernación (federal) aportó diez millones de pesos para la construcción del Centro, se deslindó de participar activamente en él y mucho menos de pretender vetar la participación de alguna organización de mujeres indígenas MePhaa en la operación del CC. (Acuerdo de compromiso con la SEGOB firmado el 6 de marzo del 2012).

Vale la pena re-leer algunos párrafos sustantivos del Acuerdo del gobernador del Estado (Ángel Aguirre Rivero) por medio del cual se crean las bases legales constitutivas del CC de Ayutla datado el 10 de mayo del 2012 y publicado en el No. 38 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 11 de mayo del 2012.

En el artículo uno, dos y tres, señala que se crea el Centro con autonomía técnica y operativa para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, que son básicamente defender los derechos humanos de las mujeres indígenas y dar albergue a adolescentes indígenas que realizan estudios de secundaria y bachillerato en la ciudad de Ayutla.

En el artículo cuarto, menciona que, para su operación y cumplimiento de sus objetivos, el Centro contará con recursos humanos, financieros y materiales que aporte el Estado Mexicano, mismos que serán aprobados por el comité técnico de un fideicomiso estatal que se establezca para tal efecto.

El artículo quinto estipula que la administración del Centro estará a cargo de una persona nombrada por el comité técnico del fideicomiso estatal. El artículo sexto menciona que la construcción y operación del Centro se llevará en coordinación y colaboración de los tres órdenes de gobierno: por parte del gobierno federal, será la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); por parte del Gobierno Estatal, será la Secretaría de la Mujer y por parte del municipio de Ayutla, el presidente municipal.

El artículo séptimo del Acuerdo indica que, para la operación y vigilancia del Centro, el gobierno del estado constituirá un fideicomiso de administración, inversión y pago, cuyo comité técnico estará integrado por representantes del gobierno del estado, el gobierno municipal y de las víctimas (entendidas como las mujeres indígenas Me Phaa de Ayutla, en virtud de que el Centro es una reparación de carácter colectivo), contando con un representante del gobierno federal como invitado permanente. Así mismo establece que la integración, facultades y funcionamiento del Comité Técnico, se ajustará a lo que señale el contrato constitutivo respectivo.

Por lo que respecta al proyecto de contrato de fideicomiso informo que fue entregado en aquellos años a BANSEFI, por ser el único fiduciario gubernamental que tiene sucursal en la ciudad de Ayutla. Todo el expediente del caso obra en poder de la oficina del subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos de la polémica secretaria al mando de FSA.

PD1. Este sainete del CC fue comentado por la feminista Muriel Salinas en Facebook, expresando que todo era una disputa entre un acosador sexual (al parecer se refería a FSA) y un golpeador (al parecer se refería a mi persona) por los recursos que se manejarán en el fideicomiso. ¿De dónde habrá sacado tremebundos disparates?