Héctor Manuel Popoca Boone.
El lunes pasado, el gobernador Héctor Astudillo Flores
(HAF), hizo declaraciones sobre el desencuentro que traen las mujeres de la
OPIM con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame (FSA), acerca
de la definición sobre quién o en quienes recaerá la responsabilidad de la
operación del Centro Comunitario para Mujeres del municipio de Ayutla (CC). Al
respecto dijo: “Es en eso donde se ha parado el asunto, ha habido diálogo con
ellas, pero no se ha podido llegar a una conclusión, hemos tenido un par de
reuniones sobre el tema y lo vamos a seguir haciendo”. (El Sur, 28/junio/2016).
A los dos días, el intento del gobernador de continuar
un diálogo constructivo con la OPIM fue frustrado por FSA, al poner a declarar
inopinadamente a su subordinada, la subsecretaria de vinculación social,
Julieta Velasco Valdés, que la OPIM no puede formar parte de la administración
del CC, porque Doña Inés Fernández Ortega no quiso más que fuera su
representante legal. Cuando ese hecho, no es fundamento legal para practicar la
exclusión y un racismo ramplón. Ni aquí ni en Colombia.
Una vez que la Secretaría de Gobernación (federal)
aportó diez millones de pesos para la construcción del Centro, se deslindó de
participar activamente en él y mucho menos de pretender vetar la participación
de alguna organización de mujeres indígenas MePhaa en la operación del CC.
(Acuerdo de compromiso con la SEGOB firmado el 6 de marzo del 2012).
Vale la pena re-leer algunos párrafos sustantivos del
Acuerdo del gobernador del Estado (Ángel Aguirre Rivero) por medio del cual se
crean las bases legales constitutivas del CC de Ayutla datado el 10 de mayo del
2012 y publicado en el No. 38 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el
11 de mayo del 2012.
En el artículo uno, dos y tres, señala que se crea el
Centro con autonomía técnica y operativa para el adecuado desarrollo de sus
atribuciones, que son básicamente defender los derechos humanos de las mujeres
indígenas y dar albergue a adolescentes indígenas que realizan estudios de
secundaria y bachillerato en la ciudad de Ayutla.
En el artículo cuarto, menciona que, para su operación
y cumplimiento de sus objetivos, el Centro contará con recursos humanos,
financieros y materiales que aporte el Estado Mexicano, mismos que serán
aprobados por el comité técnico de un fideicomiso estatal que se establezca
para tal efecto.
El artículo quinto estipula que la administración del
Centro estará a cargo de una persona nombrada por el comité técnico del
fideicomiso estatal. El artículo sexto menciona que la construcción y operación
del Centro se llevará en coordinación y colaboración de los tres órdenes de
gobierno: por parte del gobierno federal, será la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); por parte del
Gobierno Estatal, será la Secretaría de la Mujer y por parte del municipio de
Ayutla, el presidente municipal.
El artículo séptimo del Acuerdo indica que, para la
operación y vigilancia del Centro, el gobierno del estado constituirá un
fideicomiso de administración, inversión y pago, cuyo comité técnico estará
integrado por representantes del gobierno del estado, el gobierno municipal y
de las víctimas (entendidas como las mujeres indígenas Me Phaa de Ayutla, en
virtud de que el Centro es una reparación de carácter colectivo), contando con
un representante del gobierno federal como invitado permanente. Así mismo
establece que la integración, facultades y funcionamiento del Comité Técnico,
se ajustará a lo que señale el contrato constitutivo respectivo.
Por lo que respecta al proyecto de contrato de fideicomiso
informo que fue entregado en aquellos años a BANSEFI, por ser el único
fiduciario gubernamental que tiene sucursal en la ciudad de Ayutla. Todo el
expediente del caso obra en poder de la oficina del subsecretario de asuntos
jurídicos y derechos humanos de la polémica secretaria al mando de FSA.
PD1. Este sainete del CC fue comentado por la
feminista Muriel Salinas en Facebook, expresando que todo era una disputa entre
un acosador sexual (al parecer se refería a FSA) y un golpeador (al parecer se
refería a mi persona) por los recursos que se manejarán en el fideicomiso. ¿De
dónde habrá sacado tremebundos disparates?
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