Plan de Ayala. Siglo XXI. (1)

Para el profesor y amigo, Ángel Peralta, deseando su pronta recuperación.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Antecedentes. Urge recuperar nuestra arrebatada soberanía alimentaria. Actualmente importamos más del 40 por ciento de los granos básicos que consumimos. México no puede estar subordinado a terceros, por cuestiones de alimentación.

La gente del campo demanda recuperar la capacidad de mercadear directamente sus productos agropecuarios. Actualmente los mercados son dominados por los acaparadores que compran las cosechas a precios ínfimos, a pie de parcela. Es de justicia recuperar los niveles de gasto público que antes se destinaban al campo.

Es imperioso proteger a los hombres y mujeres del medio rural ante el sistemático despojo de tierras y recursos naturales. Defender al campo, a las familias rurales y su hábitat de residencia, es defender la biodiversidad y el derecho a la agroalimentación que tenemos como pueblo. La gente del campo también tiene derecho a una vida libre de saqueos, violencias, inseguridad, pobreza y discriminación.

Hemos atestiguado 35 años de destrucción y ruina del medio rural. A manos de los malos gobiernos del PRI y del PAN; teniendo últimamente como comparsa al PRD. Los neoliberales empobrecieron a los campesinos, para bonanza económica de los grandes empresarios agropecuarios exportadores. Hoy al campo mexicano productor de granos básicos lo caracteriza la baja producción y productividad. Tenemos que importar la mitad de lo que nos comemos. Hay desnutrición, deterioro ambiental, migración forzada y delincuencias.

A lo anterior se añade el despojo intensificado del agua, minerales y energéticos de los territorios de los pueblos y comunidades rurales; con la finalidad de desarrollar megaproyectos petroleros, mineros, hidroeléctricos, eólicos, aeroportuarios, urbanísticos y turísticos. Cuyos nuevos propietarios son unos cuantos grandes inversionistas particulares, nacionales y extranjeros.

¡Salvando al campo, salvamos a México! Porque solo así habrá alimentos, ingresos, empleo, seguridad interna, arraigo familiar, gobernabilidad y paz. Solo así engrandeceremos nuestra cultura que es raíz e identidad comunitaria.

El campo y los del campo, exigen respeto a todos sus derechos y respaldo a su esfuerzo productivo para proveernos de alimentos. Demandan amplios y eficaces programas de gobierno. ¡Urge un buen gobierno! Necesitamos un cambio verdadero y un plan de rescate del campo. ¡Regenerando el campo, regeneramos a la nación!

De ahí que se pretenda firmar un pacto político con Andrés Manuel López Obrador. Donde se comprometa como presidente de la República a impulsar nuestro proyecto rural y nosotros nos comprometemos a apoyar, organizadamente, su campaña político-electoral; promoviendo, vigilando y defendiendo el voto a su favor.

Los principios que enarbolamos, los derechos de los que exigimos su respeto y vigencia, así como los principales compromisos que esperamos cumpla AMLO como presidente son:

Derecho de los campesinos a la tierra. Nuestro mayor derecho fundacional es el derecho a la tierra para trabajarla y para habitarla. La tierra abarca también los manantiales, los ríos, el clima, los llanos y los montes de nuestro entorno, junto con la flora y fauna que contienen. La tierra no es una mercancía, sino un bien común agrario al que todos tenemos derecho de gozar de sus frutos. Estratégicamente es vital devolverle a los ejidos y a las comunidades su papel de ser protagonistas principales de su propio desarrollo económico, social, político y cultural.

Derecho del trabajo asalariado rural. Urge que se reconozcan los derechos de dos millones y medio de jornaleros (as) agrícolas, que levantan la cosecha de lo que la mayor parte del país consume o exporta. La mitad de los trabajadores del campo son asalariados, sobreexplotados y marginados; en especial nuestros hermanos indígenas, sin derecho a ninguna contraprestación social o programas efectivos de protección gubernamental.

·         Síntesis (primera parte) del documento que firmarán en Zacatecas, López Obrador y el Movimiento Campesino Nacional “Plan de Ayala. Siglo XXI”, el próximo diez de abril.

Patrón de saqueo.

Héctor Manuel Popoca Boone.

A lo largo de la historia de la humanidad, los despojadores de territorios y recursos naturales de los pueblos originalmente posesionarios, han usado diversos medios y formas para arrebatárselos. Desde la más brutal, a través de las armas y la violencia mediante guerras de conquista, hasta las arropadas en transacciones mercantiles inicuas, ejemplificadas en la apropiación de piezas de oro a cambio de cuentas de cristal. O para no ir tan lejos, el despojo legalizado de terrenos con vocación turística o de expansión urbana comprados a precios irrisorios a ejidatarios y comuneros pobres.

Cuando aquellos que desean apoderarse de bienes naturales que les son ajenos y ya no pueden consumar sus saqueos por la vía de la violencia directa o del engaño vil, pasan a echar mano de argucias leguleyas y autoridades interesadas para concretar sus rapiñas. Tal ha sido el caso en México de los famosos deslindes territoriales o las concesiones de recursos forestales, mineros y energéticos, a espaldas y sin el consentimiento de sus auténticos poseedores. Con un escudo legal a modo, los poderosos, política y económicamente hablando, realizan el latrocinio disfrazado.

Cuando los pueblos y trabajadores se oponen tajantemente a la depredadora extracción de sus recursos y expoliación de sus personas, las voraces empresas capitalistas acuden a las autoridades para que, usando la ley en forma tronchada y con el uso de la violencia institucional, paren en seco la defensa que realizan los pueblos tanto de sus bienes como de sus vidas.

Paralelamente y con dinero corruptor, los insaciables empiezan hacer una labor de zapa, de división y confrontación al interior de los pueblos para debilitar la lucha social. Es una estrategia igual a la que utilizan los esquiroles en las huelgas sindicales. Hasta llegar al uso de la violencia y el derramamiento de sangre, solapados y en complicidad con autoridades venales.

Es la antigua y sempiterna consigna concatenada: Divide y vencerás. Provoca y desata violencia. En un ambiente crispado. Para luego acudir al gobierno a que ponga orden represivo y paz sepulcral contra los que se oponen al desvalijamiento.

La historia y el proceder reseñado son de suyo antiguo. Muchos pueblos y sus dirigentes han muerto por defender sus hábitats y ecosistemas. A guisa de ejemplo, podemos mencionar el artero asesinato de la líder indígena, Berta Cáceres, de Honduras. Fue segada su vida por encabezar una larga y tenaz lucha social para evitar la extracción ilegal de los recursos naturales pertenecientes a su pueblo y oponerse a la construcción de una presa hidroeléctrica que inundaría comunidades y tierras de labrantío.

En México, hace un año fue asesinado el líder indígena Isidro Baldenegro, del estado de Chihuahua, ganador del prestigiado premio internacional de carácter medio ambiental “Goldman”, por impedir el saqueo de los recursos forestales de su núcleo agrario. En Guerrero, no se han esclarecido aún las desapariciones forzadas de los ecologistas de Petatlán: defensores de los recursos forestales de esa región de Costa Grande.

La situación delicada de tipo obrero-patronal en el conflicto existente en el fundo minero “Media Luna” en la zona del Alto Balsas, en entorno al cual ya hubo dos asesinatos y por otro lado, la reciente masacre de 12 personas sucedida en el poblado de “La Concepción” en los Bienes Comunales de “Cacahuatepec”, en el contexto de la pugna social por la proyectada presa hidroeléctrica de “La Parota”, han puesto sobre interrogatorio de las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos al gobierno estatal. Y a su vez, el gobernador ha concitado respecto a su personalidad el repudio de todo el sistema de policía comunitaria CRAC-PC, con radio de influencia en más de 300 pueblos de la zona indígena de la Montaña y Costa Chica.

PD. Buen arraigo popular y preparación tiene, Alfredo Sánchez Esquivel, para ser postulado por la Coalición que integran MORENA-PT-PES, a la candidatura a diputado local por el distrito del municipio de Ayutla en la Costa Chica.

 

El trasfondo de la masacre

Héctor Manuel Popoca Boone.

Coincido con quienes opinan que los asesinatos ocurridos en el poblado de La Concepción de los bienes comunales de Cacahuatepec  tienen como marco de referencia histórico el saqueo sistemático de los recursos naturales y energéticos que poseen los pueblos, realizado por algunos encumbrados políticos y gobernantes que integran el Estado Mexicano y ciertas corporaciones empresariales nacionales y transnacionales poderosas.

Las tierras de Cacahuatepec han sido codiciadas de muchos años atrás para construir en ellas una gran presa hidroeléctrica y un mega proyecto turístico en el embalse de agua que se formará. Estamos hablando de inversiones de miles de millones de pesos y sus pingues ganancias que dejará a voraces capitalistas salvajes, por deshumanizados y depredadores.

La resistencia y lucha, ejemplar a nivel mundial, que por décadas han dado la Cecop y su emblemático dirigente Marcos Suástegui, entre otros, para resistir y evitar dicho macro latrocinio (siempre inducido por el Estado Mexicano), les ha costado vidas, encarcelamientos, torturas, represiones, marginaciones y un sin número de amenazas por parte de los malos gobiernos de carácter federal, estatal y municipal.

El antecedente inmediato anterior de la actual barbarie tuvo lugar el 9 de junio del 2017, cuando toda una familia de 7 integrantes -hombres, mujeres y niños- del poblado de San Pedro de dicho núcleo agrario, fue asesinada por paramilitares escudados en las siglas de la UPOEG y cuyos crímenes hasta el día de hoy permanecen en la total impunidad obsequiada por las autoridades correspondientes.

Los comunicados de prensa oficiales no dan cuenta que los fatales sucesos acaecidos en la madrugada y medio día del pasado domingo en La Concepción, surgieron posiblemente de un acto provocador de un individuo que fue a mear frente a la policía comunitaria y las oficinas de la CRAC-PC en dicho poblado. Dando inicio a dos encuentros armados y posibles ejecuciones extrajudiciales que arrojaron 11 personas muertas.

Tampoco informa el gobierno estatal que dentro de las personas detenidas sujetas a re-educación que tenía la policía comunitaria estaba un siniestro y connotado para-militar de San Luís Acatlán que se hace llamar por diversos nombres y que fue liberado por las fuerzas armadas institucionales que participaron en la misión policíaca de desarme. Dicho sujeto estaba siendo investigado por la CRAC por su presencia en Cacahuatepec desde diciembre pasado, ante versiones que había sido contratado por terceras personas como sicario para dar muerte a Marcos Suástegui. 

Inverosímil resulta que con una sola llamada al teléfono de emergencia 911, el Estado mexicano realice una desmesurada y mortífera incursión punitiva de fuerzas armadas integradas por el ejército, policías federales, estatales y agentes ministeriales, en un número aproximado de 200 elementos.

Aunado a lo anterior el primer informe de visita de campo realizada por la ONU-DH da a conocer de varias irregularidades atentatorias a los derechos humanos por parte del Estado mexicano. Todo eso da pie a la conjetura personal que la masacre ocurrida en el poblado de La Concepción bien pudo haber sido orquestada con antelación y premeditación.

Por último y no menos importante, las agresiones, físicas y verbales, robo de memorias fotográficas, así como amenazas padecidas por diversos periodistas y fotógrafos de diferentes medios de comunicación masiva que en ese día y en ese poblado cumplían con su labor profesional, dan paso a la conjetura de que el Estado mexicano además de atentar contra el derecho a la información y expresión pública se vuelve cómplice de los delitos, al intentar ocultar hechos o destruir evidencias de graves violaciones de los derechos humanos, tal y como lo manifestó la ONU-DH.

Conclusión. Por su desempeño irregular, parcial y de escaza credibilidad es prudente que la cadena de mandos de la coordinación de los tres niveles de gobierno que dieron las órdenes de incursionar punitivamente en la Concepción el 7 de enero, se separen de sus cargos y que instancias idóneas internacionales realicen una exhaustiva e imparcial investigación de los hechos, para que se conozca la verdad integra y se apliquen las responsabilidades correspondientes.

PD. Mañana domingo 14 de enero, se efectuará la tercera reunión de la Coordinadora de Organizaciones Sociales Rurales de Guerrero, a favor de AMLO. Presidente. en el Auditorio de Ingeniería. UAGRO. Campus Chilpancingo, a partir de las 9 horas.

El dedo

Héctor Manuel Popoca Boone. El dedo índice de la mano derecha ha servido para señalar un camino a seguir, una instrucción que cumplir, una enseñanza a observar, una acusación condenatoria, una decisión tomada. Ha sido uno de los símbolos más socorrido en el mundo de mucho tiempo atrás.   En política, su más preclaro uso lo encontramos en los regímenes de corte no democrático. Es expresión del poder ejercido en forma unilateral, irrefutable e inequívoca. En la teoría política marxista esta modalidad quedó catalogada como: “Centralismo democrático”, que dio paso a la llamada “dictadura del proletariado” la que, al final de cuentas, devino vulgar dominación de una sola persona o de una minoría dominante; remitiendo al pueblo al férreo sometimiento social. En el capitalismo salvaje neoliberal, las decisiones políticas verticales e inapelables, han sido la atribución auto-asignada de muchos embriagados del poder que desaparecen de la escena política por desprestigio, fallecimiento, deposición forzada, golpe de estado, revuelta social o revolución armada. En México se le denomina “El dedo flamígero” a la principal decisión presidencial priista, para seleccionar al posible sucesor en la titularidad del poder ejecutivo federal; conocido el incognito-agraciado como “el tapado”. “El dedo” ha sido, metafóricamente hablando, una facultad no formal y regla no escrita, pero de obligado acatamiento para todos los militantes y simpatizantes del PRI. Es norma definitiva por definitoria. El uso del “dedo” es personal e intransferible. El presidente lo hace en solitario, siempre tratando de cuidarse las espaldas. También lo utiliza para dar el “palomazo” a los candidatos a gobernadores, senadores, diputados, magistrados, embajadores, entre otros. Es un acto irrepetible y hasta ahora, irreversible. A menos que el designado muera durante la campaña política. Por otro lado, con la llegada de la alternancia en el poder presidencial, el proceso de entronizamiento de la partidocracia se acelera, disminuyendo la dedocracia. Sale a relucir, en la pugna por el poder, el protagonismo de los partidos políticos al margen del pueblo. Son ahora las facciones políticas partidarias las predominantes a nivel regional. Acaparan fuerza, control y facultades decisorias de tipo local. Además, los capitostes de dichas facciones ejercen la política al margen de sus bases, escamoteando su propia vida estatutaria partidaria, divorciados de sus principios e ideales y de la ciudadanía, a la que dicen representar y defender. Tan solo buscan seguir medrando en la política. En el 2015, los dirigentes de los diversos grupos políticos del PRD-Guerrero, procedieron a distribuirse la designación de candidatos (as) a las presidencias municipales y diputaciones locales mediante el reparto territorial de municipios y distritos para cada cual. A partir de una supuesta o real fuerza electoral dura. Sin tomar en cuenta los mejores perfiles de los diversos aspirantes o de destacados ciudadanos sin partido. Así, las candidaturas locales serán otorgadas por el “dedito” de los respectivos jefes políticos estatales, no importando idoneidad, ni identidad ideológica. Craso error. La muestra nos la acaba de dar la grotesca coalición del PAN-PRD-MC, en la rebatinga por el derecho de asignación del candidato (a) para el distrito 28 de la Montaña. Tal procedimiento los llevará inexorablemente a la pérdida de votos. En resumen, dedocracia, partidocracia, pragmatismo ramplón, narco-política, financiamientos oscuros, compra del voto, amedrentamientos, violencias, arbitraje no confiable, intervencionismo ilícito del Estado, ciudadanía excluida y grosera injerencia del nefasto Donald Trump, caracterizarán nuestro proceso “democrático” electoral del presente año. PD. El comité técnico de la Coordinadora Civil de Organizaciones Campesinas, Sociales y Pluriculturales de Guerrero, alentadoras del voto: AMLO-presidente, ha tomado la iniciativa de solicitar depósitos bancarios ciudadanos para su adecuado funcionamiento a nivel estatal, en la tarjeta de débito Banamex No. 5204 1651 7474 9899.