Héctor Manuel Popoca Boone.
Héctor Astudillo Flores desde su discurso de
toma de posesión como gobernante estatal, no dejó dudas sobre su total apoyo a
la gran minería. Representada en su mayor parte por corporaciones extranjeras,
quienes tienen concesionada alrededor de la tercera parte del territorio de
Guerrero. En particular la empresa “Torex Gold”, subsidiaria de la mina “Media
Luna” que tiene dentro de sus altos gerentes operativos en México a Alfredo
Phillips, otrora conspicuo funcionario de la Secretaría de Energía del gobierno
federal.
A los pocos meses de su mandato, Héctor
Astudillo, tiene que enfrentar el primer conflicto social provocado por la
operación de esa empresa: Los pescadores de la comunidad Nuevo Balsas de Cocula
manifiestan su descontento, por la mortandad de peces en sus áreas de captura, ocasionada
por los lixiviados vertidos en el río Mezcala y las explosiones que realiza en
la rivera del mismo.
El conflicto se resolvió al intervenir el
gobierno estatal, asignándole a la parte quejosa un monto de seis millones de
pesos para obras sociales y productivas, como reparación del daño causado; comprometiéndose
la empresa a revisar sus procedimientos de explotación minera para que la
contaminación del río no rebase las tolerancias permitidas en los estándares
internacionales.
Tiempo después, al gobernante y a la minera se
les viene el mundo encima. Cuando un grupo de trabajadores bloquean las
entradas y salidas del yacimiento a causa de un irresuelto y mal atendido
conflicto sindical. A saber, una parte de los obreros mineros deciden organizarse
en un sindicato independiente no adherido a la CTM quien ostenta hasta ahora la
titularidad contractual. Los motivos aducidos por los paristas son: que dicho
sindicato blanco (al que no se les consultó para su adscripción) no representa sus
intereses y está incondicionalmente al servicio de la contraparte patronal.
El bloqueo de operaciones provoca gran alarma
financiera de los dueños canadienses de la mina, ya que es uno de los
yacimientos más ricos que tienen de oro y que está colocado entre los 10
mayores del mundo por su “ley alta”, es decir, alto porcentaje de extracción de
oro por tonelada de tierra trabajada. Tan alta es la riqueza del metal áureo
extraído que sus acciones en la bolsa de valores de Canadá subieron hasta las
nubes. Empoderándose muy bien, financieramente hablando.
Pero la prolongación del conflicto sindical y
los asesinatos concomitantes, publicitados mundialmente, provocaron la depreciación
acelerada de sus activos accionarios. Motivo por el cual obligó a los dueños de
la empresa a trasladarse a México para “jalarle las orejas” al gobierno federal
y estatal, por la incompetencia e ineptitud demostrada en la resolución del
conflicto en forma expedita.
Ya estando en nuestro país, le reprochan
públicamente al gobierno federal no devolver a Guerrero lo que la empresa
pagaba de impuestos. Revelaron que en 2017 enteraron 170 millones de pesos tan
solo por la operación de esa mina. De ese monto, la federación ha destinado al
Estado de Guerrero solamente la tercera parte: alrededor de 57 millones, mismos
que aún no se han invertido siendo que están etiquetados para la construcción
de obras y servicios públicos en las comunidades aledañas a la mina. ¡Uf!
En distintos momentos, en el contexto del conflicto,
ha habido 3 asesinatos de personas que trabajaban indirectamente para la
minera. Una línea de investigación recae en los matones de la CTM de México. Los
dos últimos crímenes cometidos, fueron la causa para la intervención directa de
la policía estatal a efecto de eliminar el bloqueo. Raudamente la empresa “Torex
Gold” reanudo sus operaciones. Pero el conflicto sindical aún sigue sin
resolverse.
PD. Corrupción. S.A. de C.V. El “maestro
incómodo” del gobernador, Florencio Salazar Adame, llamó telefónicamente al
líder nacional de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, para preguntarle que “con
cuánto se arreglaba el conflicto, para que se retirara”. Así lo denunció el
líder del Sindicato Nacional de Mineros, Indalecio Pérez Morón.
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