viernes, 31 de agosto de 2018

Construyendo la paz.


Héctor Manuel Popoca Boone.

Ante un gobierno desbordado por la violencia, la pacificación podrá lograrse reconociendo las limitaciones y posibilidades que tienen las partes involucradas, en el fenómeno de suyo polifacético, pluridimensional y de multiniveles; además de la aceptación inicial que solo se saldrá adelante de este criminal e indefinido impasse, con acciones efectivas e inmediatas de todos, convenidas en la mesa de los encuentros, diálogos y con la derivada agenda de trabajo.

Son tres los protagonistas principales en la actual tragedia mexicana: el Estado, el pueblo y la delincuencia organizada. Imprescindible es la toma de consciencia que sin la participación de alguna de ellas continuará la degradación social que padecemos en forma creciente. Máxime, al saber que nadie hasta ahora ha triunfado en este combate diario, donde fallecen miles de jóvenes en forma deshumanizada y pueblos enteros sufren desplazamiento interno forzado.

Para iniciar la pacificación entendida como proceso y responsabilidad de todos, menester es reconocerse, para posibilitar el encuentro y el diálogo; reafirmar la voluntad de conocer la verdad total por todos y por encima de todo; tener certeza de la magnitud y naturaleza de los delitos y del número de las víctimas y victimarios; establecer los juicios correspondientes para definir las culpabilidades de los transgresores de la ley; emitir las sentencias judiciales correspondientes, junto con los reparos necesarios y la garantía de no repetición. Después, aplicar la justicia transicional bajo la aprobación de las víctimas y la indispensable contrición de los victimarios de bajo perfil, que pudieran ser sujetos de una amnistía casuística y dar pie a un pacto social de avenimiento gradual hacia la paz
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Tomemos en cuenta, a guisa de ejemplo que, en lo más álgido de la guerra entre Vietnam y Estados Unidos, los contendientes sostuvieron diálogos secretos, para sopesar las posibilidades del cese de las hostilidades armadas. Mismas que dieron como resultado el retiro paulatino del cuerpo armado norteamericano.

La pérdida de la paz y la incrementada delincuencia se han agravado a lo largo de los años y la violencia se ha enseñoreado en todo México; padeciéndola principalmente la población pobre como si fuera su pan de cada día, ante un Estado mexicano infiltrado y abúlico. Existe una real crisis de seguridad pública a nivel nacional. La violación contumaz de todos los derechos humanos, en esta auténtica guerra de baja intensidad, corroe cualquier proceso de reconstrucción de la paz nacional y el alcance de la misma sería a mediano plazo.

Es imprescindible que el empeño se acompañe de seis tareas fundamentales, a saber: 1. Lograr un auténtico Estado de derecho, sin contubernios de ninguna especie, por ningún poder o nivel de gobierno, donde todos respeten los derechos humanos de todos como cimera de todo. 2. Prevalencia de la justicia, imparcial, permanente y expedita, ante todo tipo de agravios a la población. 3. Un gobierno honesto, capaz y con fuerte compromiso social, que otorgue y garantice seguridad, libertad y paz para un desarrollo humano armónico dentro de la legalidad. 4. Una democracia participativa, plural, no mercantilizada, con cero partidocracias corruptas y con ciudadanía interactuante con el Estado. 5. La construcción de una economía social, solidaria e incluyente, entretejida desde abajo, generadora de empleos e inversión, que desemboque en un desarrollo integral y sustentable. 6. Una educación y cultura (principios y valores) para la paz con toma de consciencia ciudadana, responsable y creativa, libre de temores, extorciones y secuestros.

La diversidad de los frentes de atención, lleva a que las acciones se emprendan de forma integral, coordinada, unísona y permanente; sabedores que, hoy por hoy, el gobierno por sí solo quedó impotente, para construir un orden social justo con paz duradera.

PD. Con su refrendo público a la falsa “verdad histórica”, en el caso de los 43, Enrique Peña Nieto no es merecedor de perdón alguno del pueblo mexicano.



viernes, 24 de agosto de 2018

Frases quemantes.


Héctor Manuel Popoca Boone.

Así como el gobierno municipal requiere del apoyo del gobierno estatal para el bien gobernar, Guerrero necesita del gobierno federal para progresar. Cuando dos niveles de gobierno son discrepantes en la ideología política de sus respectivos partidos el que pierde electoralmente le conviene llevarse la fiesta en paz con el triunfador. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, obtuvo 558 mil 662 votos a su favor en el 2015. Este año, el presidente electo de la Republica, Andrés M. López Obrador, tuvo un millón 18 mil votos en este Estado. Es decir, 82 % más votos.

En la bolsa de valores de “Mochelandia”, el moche por adquisiciones se cotiza en 15 por ciento y el de construcción en 20 por ciento. Eso se acabará en el gobierno federal de AMLO. Los corruptos tendrán que hacer negocios ilícitos en otra parte. Pero será inútil tratar de erradicar la corrupción, si no se extingue también la impunidad. En Guerrero la política se hace con dinero o con convicciones. Prefiero las últimas, sin embargo, predomina el “billullo”.

El secretario de economía del falleciente gobierno federal, afirmó que no le alcanza su sueldo mensual de 140 mil pesos netos. Luego arguyen los priistas que no están desapegados a los sufrimientos del pueblo. El problema de Guerrero es que la mayoría de sus gobernantes, funcionarios y políticos les ha ganado también la voracidad sin límites; motivo por el cual no les preocupa la extensa pobreza y la carencia de bienestar social.


Con estos nuevos aires de transformación del país, habrá credibilidad y saldremos del hoyo negro y sangriento en que estamos inmersos. El camino que conduce al reino de la ineptitud está empedrado de puras farsas, mentiras y pretextos. Con verdadera honestidad, transparencia, idoneidad, capacidad y genuino empeño de servir al pueblo podremos progresar, con o sin coordinadores de los programas sociales federales en cada Estado.

El éxito histórico que ha tenido la CRAC-PC en la región de Costa Chica y la Montaña ha sido porque los pueblos indígenas necesitaban tener fuerzas de seguridad pública, propias, confiables y eficientes, que procuraran y administraran la justicia, la paz y la serena convivencia comunitaria; cosa que los gobiernos estatales nunca les obsequiaron. Con fuerte arraigo local, con un actuar normado por las asambleas comunales y con códigos de re-educación basados en principios y valores éticos consuetudinarios, ahora cuentan con el total apoyo, confianza y respeto de sus propias comunidades.

Esa es la realidad de un derecho indígena conquistado desde antiguo que la mal afamada Ley Astudillo pretende disminuir, subordinar y remitirla a la incumbencia de un ministerio público por demás, tenebroso, anquilosado y corrupto. El concepto de ley abstracta no se concreta en los derechos ya adquiridos, obligados y jurídicos, desde la perspectiva del constitucionalismo moderno. El diputado local electo de Morena, Rubén Cayetano García, afirma que hay escaza consistencia jurídica cuando una sola ley secundaria reglamenta toda una serie de artículos constitucionales.

Esa es la ceguera de escritorio, del poder ejecutivo estatal y del legislativo saliente. Se abstrajeron de un fenómeno social circundante. Legislaron en forma ahistórica y ajenos a la circunstancia factual. Por eso su acrecentada impopularidad y su anticipado fracaso en el acatamiento de tal ley.

PD. Beneplácito causa la liberación de 9 de 25 policías comunitarios de la CRAC-PC, de la CECOP y ciudadanos. Detenidos el 7 de enero pasado en La Concepción, Cacahuatepec.



viernes, 17 de agosto de 2018

Mentiras.


Héctor Manuel Popoca Boone.

No es cierto que el gobierno del estado de Guerrero nunca haya manejado el dinero federal, como lo afirma el gobernador Astudillo y su “maestro incómodo”. El gobierno de la república radica al gobierno estatal recursos federales que son producto de la recaudación fiscal nacional o de empréstitos.

La transferencia la realiza por dos vías principales: La primera obligatoria, por precepto constitucional que por derecho reciben todos los estados y municipios, que se denominan “participaciones fiscales”, las cuales los estados y municipios las pueden ejercer como consideren conveniente y no son auditables por la federación, sino por la Auditoría Estatal a través de la revisión anual de las cuentas públicas que el gobierno del estado presenta para su aprobación a la cámara de diputados local.

Estas participaciones fiscales -consideradas en el ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)-, son asignadas mediante diferentes fondos, en los términos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, por medio de convenios de adhesión y de colaboración administrativa correspondientes. Son entregadas a los estados y municipios en retribución a sus aportes a la economía del país (mediante fórmulas de ponderación de diversas variables), más las compensaciones que se derivan del grado de desarrollo socio económico de los mismos. Para Guerrero, por ejemplo, ascendieron a la cantidad de 16 mil millones de pesos, (PEF-2018, Diario Oficial de la Federación del 20/12/217).

Un segundo tipo de transferencia de recursos federales a los gobiernos estatales son las denominadas “aportaciones federales”, cuya original aplicación pertenece al gobierno federal pero mediante convenios de colaboración y coordinación de libre subscripción por las partes son transferidos a los gobiernos estatales y municipales del país, para el mayor fortalecimiento del federalismo. Con la salvedad que estos dineros son etiquetados y deben de ser aplicados obligadamente para determinados programas de obra y/o acciones bajo reglas de operación específicas y mayor fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Esta segunda forma de transferencias, están consideradas en el ramo 33 del PEF. El gobierno federal los distribuye con el objetivo de subsidiar los ingresos de aquellos estados y/o municipios que acusan mayores niveles de pobreza; evitando así ahondar los distanciamientos en el crecimiento económico y social entre las entidades federativas. Se asignan mediante diversos fondos bajo la consigna de dar trato desigual a desiguales, para no profundizar más las brechas regionales ya existentes. En números redondos en el 2018 para Guerrero sumaron un monto de 32 000 millones de pesos. Es decir, 50 por ciento más que las participaciones fiscales. En estos dineros el gobierno federal y la Auditoria Superior de la de la Federación son más estrictos en su aplicación por los estados.

El diferendo de ciertos gobernadores con el presidente electo de la república son las aportaciones federales y no las participaciones fiscales. AMLO ha dicho que va a suspender la entrega de recursos federales a los gobiernos estatales únicamente de los programas sociales del ramo 33 por el mal y corrupto uso que les han dado.

PD1. En la UAGRO, algunas unidades académicas les exigen a los estudiantes de nuevo ingreso, su respectivo moche. En la SEP, en el nivel de primaria y secundaria, los moches son por diversos conceptos. ¡Doble Uf!

PD2. Parece ser que el Tribunal Estatal Electoral no guardó el debido proceso al quitarle el triunfo electoral a Morena en el municipio de Tecoanapa.

PD3. El no traicionaras, no robarás y no mentirás, se convertirán en consigna permanente del gobierno de AMLO para lograr un cambio verdadero en México.

PD4. Hoy en la ciudad de Atoyac a las 10.00 am, en el auditorio de la preparatoria 22 de la UAGRO, se efectuara la reunión del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI-Guerrero, para establecer la coordinación regional de Costa Grande.


viernes, 10 de agosto de 2018

Corrupción e impunidad S.A. de C.V.

Héctor Manuel Popoca Boone

En Guerrero, la actividad gubernamental (federal, estatal y municipal) ha estado atravesada por la corrupción y la impunidad de mucho tiempo atrás hasta la fecha. El enriquecimiento de los gobernantes es proverbial y es traba importante para el progreso y bienestar del pueblo. Las formas como se practica la corrupción son multifacéticas y de multiniveles, siendo el presupuesto público la fuente primigenia de los latrocinios. Lo extraordinario de todo esto es que nunca se ha sancionado severamente por ladrón a ningún funcionario de mando medio o superior. Ni por la contraloría, la auditoría o la fiscalía estatal. A lo más, han inhabilitado para trabajar en la administración pública por determinado tiempo, a uno que otro despistado.

Transcribo, por no tener desperdicio alguno, el siguiente párrafo del reportaje de Rosalba Ramírez García, en El Sur. (28/07/18): “Las modificaciones aprobadas en materia de fiscalización son para que el titular de la Auditoría Superior del Estado pueda repetir en el cargo un período (cada uno es de 7 años), el titular podrá nombrar a los cuatro auditores especiales y determinar su temporalidad en el cargo; también los exonera de ser juzgados por responsabilidad política y en consecuencia el Poder Legislativo no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.” ¡Chúpale pichón! Se aprueban mayores fueros estatales, cuando el próximo gobierno federal los va a quitar.

Antes de recoger sus bártulos y de cerrar la cortina de la ignominia, el pleno de la actual legislatura local aprueba este monumental desaguisado. Por su regresión histórica, en la larga lucha social por tener gobiernos honestos en Guerrero, es menester repudiarla. Esa es la flamante modificación constitucional a partir de una iniciativa del gobernador Astudillo.

 Conocido es en el mundo de la administración pública estatal que el verdadero personaje que designa de facto al auditor superior y a los auditores especiales es el gobernador a través de sus sumisos y presurosos diputados, para que le protejan las espaldas, contablemente hablando. En una democracia real y transparente, todo gobernante o funcionario público de alto nivel, está sometido al escrutinio de terceros, a la rendición de cuentas y puede ser sujeto a juicio político, civil o penal, si fuera el caso.

También es sabido en el ámbito de la política local que, si los gobernantes estatal y municipales, no desean tener obstáculos serios a la hora de revisarles sus cuentas públicas tienen que caerse con su moche con la mayoría de los auditores correspondientes. O puede que buena parte de los auditores les recomienden tal o cual despacho de contadores (de los que son socios o tienen prestanombres) con el objeto de que a sus cuentas chuecas, las limpien y enderecen; que les laven su contabilidad pública. Para después pasarla a la aprobación de los ilu$tres diputados locales.

El gobernador rema a contracorriente del programa federal anti-corrupción y anti-impunidad que pretende implementar el presidente electo de la república, Andrés Manuel López Obrador. Ojalá me equivoque, pero con esto enrarece y dificulta aún más la necesaria sincronía entre el gobierno federal y el estatal. El gobernador Astudillo emite malas señales de escaza voluntad, por más que diga lo contrario. Mientras que AMLO exigirá rendición pública de cuentas en forma veraz en su mandato federal, la sujeción a referéndum público de su gobierno a la mitad de su gobierno y de un redoblado esfuerzo real por lograr que la honestidad sea un verdadero estilo de gobernar, el gobernador Astudillo y su “maestro incómodo” obstruyen en los hechos tal propósito.

Parte de la desgracia histórica de Guerrero ha sido tener una clase de políticos y gobernantes que rayan en la indecencia permanente en lo que se refiere a su actuación pública. (No todos, pero los pocos que se salvan, han sido una ínfima minoría).

PD. El mantener en la cárcel, como presos políticos, a 25 policías comunitarios de la CRAC y de la CECOP, convierte en farsa las bondades esgrimidas sobre la Ley Astudillo en materia de seguridad y justicia indígena.


viernes, 3 de agosto de 2018

Pleito premeditado.



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Hector Manuel Popoca Boone.

Qué necesidad tuvo el gobernador y su “maestro incómodo” (entre otros) de ganarse mayor repulsa; teniendo ya de por sí bajos niveles de aceptación popular por su forma de gobernar. La rebelión de los vencidos electoralmente, empieza con una gran provocación a los pueblos indígenas. Las fuerzas políticas derrotadas se agrupan en torno a la Ley Astudillo contra los pueblos originarios. Las modificaciones del articulado constitucional tienen sustento en las intencionalidades de trasfondo de quien las impone. Han abierto un interregno legal para la represión popular.

Es una “vil venganza”. Por un lado, están el PRI-PRD-PAN-MC-PT, liderados por el gobernador y su “maestro incómodo”, y, por otro lado, Morena y organizaciones sociales encabezadas por la CRAC-PC y el CECOP, contando con el respaldo de movimientos sociales y organizaciones defensoras de los derechos humanos que caminan por la senda de la reconstrucción de la paz en Guerrero.

La miopía política del gobierno estatal es mayúscula; ven el incendio, por ineptitud institucional, y le echan más gasolina al fuego. Astudillo tomó la peor de las rutas para sincronizar su gobierno con el del próximo ejecutivo federal. Imprudencia e insensatez a la vez. Pobre Guerrero. Comete craso error al elegir este sendero para arribar a acuerdos de cohabitación con el nuevo gobierno federal. No se percata que AMLO está mucho más cerca de los pueblos indígenas, que de su gobierno. No puede borrar de un plumazo o dejar en la indefensión, en lo abstracto y temporal un batallar histórico-social de justicia y paz que, hoy más que nunca, tiene razón su existencia por las crueles y sangrientas realidades incontrolables que padece nuestra entidad.

No quiso la actual legislatura local percatarse que “somos mucho más que dos” en esta discrepancia preconcebida. Los diputados locales terminales (con la gran excepción de la diputada por Morena, María de Jesús Cisneros Martínez) no actuaron como representantes populares, sino como personeros del gobernador. Se ganaron a pulso su buen “pago de marcha”. Lo in$ólito del asunto fue que una recién flamante diputada federal por Morena, regresó a su antigua curul estatal solo para argumentar en contra de la ley Astudillo, pero a la hora de votar lo hizo a favor. Es costumbre de muchos legisladores orientar su voto a lo más conveniente para su persona y no para concretar un anhelo social.

Pero el acabose fue que ahora tienden la alfombra jurídica para obsequiar represión legal a los que históricamente han impedido que el delito se enseñoree en sus territorios indígenas. Aprobaron “las leyes Astudillo” en el ocaso de su pésima y opaca legislatura. No buscaron consenso con el pueblo. Implementaron una farsa grotesca. Para su oprobio.

Legislaron con letra muerta. La CRAC-PC, la CECOP y Tlachinollan, que tienen representación de alrededor 300 pueblos de diversos municipios indígenas, ya les espetaron que no acataran dichas disposiciones legales. En términos reales no hay autoridad estatal que se los impida. Seguirán con su sistema de seguridad y justicia indígena, bajo el amparo que les da la Constitución de la República y los convenios internacionales que México ha firmado en la materia.

Los del gobierno se niegan a reconocer que la delincuencia en Guerrero los desbordó totalmente, por más que digan que no es así. Pero lejos de aceptar su fracaso y aliarse con el pueblo, tratan de impedir que los ciudadanos organizados de antaño sigan haciendo realidad en sus comunidades el buen orden y la buena paz. Los malos gobiernos habidos hasta ahora han sido cómplices del señorío de la inseguridad en Guerrero, ya sea por omisión o por colusión. Y ahora, a palo dado, exigen respeto. ¡Uf!

PD1. Los diputados locales en su ignominiosa salida dejaron congelada la iniciativa de sancionar con mayor severidad la extorsión o “derecho de piso”.

PD2. En Hidalgo como antes en Sonora, se dieron albazos legislativos para cubrir presuntos latrocinios del erario público y modificar facultades internas a las próximas legislaturas donde llegará con mayoría Morena.