Héctor Manuel Popoca Boone
En
Guerrero, la actividad gubernamental (federal, estatal y municipal) ha estado
atravesada por la corrupción y la impunidad de mucho tiempo atrás hasta la
fecha. El enriquecimiento de los gobernantes es proverbial y es traba
importante para el progreso y bienestar del pueblo. Las formas como se practica
la corrupción son multifacéticas y de multiniveles, siendo el presupuesto
público la fuente primigenia de los latrocinios. Lo extraordinario de todo esto
es que nunca se ha sancionado severamente por ladrón a ningún funcionario de
mando medio o superior. Ni por la contraloría, la auditoría o la fiscalía
estatal. A lo más, han inhabilitado para trabajar en la administración pública
por determinado tiempo, a uno que otro despistado.
Transcribo,
por no tener desperdicio alguno, el siguiente párrafo del reportaje de Rosalba
Ramírez García, en El Sur. (28/07/18): “Las modificaciones aprobadas en materia
de fiscalización son para que el titular de la Auditoría Superior del Estado
pueda repetir en el cargo un período (cada uno es de 7 años), el titular podrá
nombrar a los cuatro auditores especiales y determinar su temporalidad en el
cargo; también los exonera de ser juzgados por responsabilidad política y en
consecuencia el Poder Legislativo no podrá destituirlos y toda la
responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.”
¡Chúpale pichón! Se aprueban mayores fueros estatales, cuando el próximo
gobierno federal los va a quitar.
Antes
de recoger sus bártulos y de cerrar la cortina de la ignominia, el pleno de la
actual legislatura local aprueba este monumental desaguisado. Por su regresión
histórica, en la larga lucha social por tener gobiernos honestos en Guerrero,
es menester repudiarla. Esa es la flamante modificación constitucional a partir
de una iniciativa del gobernador Astudillo.
Conocido es en el mundo de la administración
pública estatal que el verdadero personaje que designa de facto al auditor superior y a los auditores especiales es el
gobernador a través de sus sumisos y presurosos diputados, para que le protejan
las espaldas, contablemente hablando. En una democracia real y transparente,
todo gobernante o funcionario público de alto nivel, está sometido al
escrutinio de terceros, a la rendición de cuentas y puede ser sujeto a juicio
político, civil o penal, si fuera el caso.
También
es sabido en el ámbito de la política local que, si los gobernantes estatal y
municipales, no desean tener obstáculos serios a la hora de revisarles sus cuentas
públicas tienen que caerse con su moche
con la mayoría de los auditores correspondientes. O puede que buena parte de
los auditores les recomienden tal o cual despacho de contadores (de los que son
socios o tienen prestanombres) con el objeto de que a sus cuentas chuecas, las
limpien y enderecen; que les laven su
contabilidad pública. Para después pasarla a la aprobación de los ilu$tres
diputados locales.
El
gobernador rema a contracorriente del programa federal anti-corrupción y
anti-impunidad que pretende implementar el presidente electo de la república,
Andrés Manuel López Obrador. Ojalá me equivoque, pero con esto enrarece y
dificulta aún más la necesaria sincronía entre el gobierno federal y el estatal.
El gobernador Astudillo emite malas señales de escaza voluntad, por más que
diga lo contrario. Mientras que AMLO exigirá rendición pública de cuentas en
forma veraz en su mandato federal, la sujeción a referéndum público de su
gobierno a la mitad de su gobierno y de un redoblado esfuerzo real por lograr
que la honestidad sea un verdadero estilo de gobernar, el gobernador Astudillo
y su “maestro incómodo” obstruyen en los hechos tal propósito.
Parte
de la desgracia histórica de Guerrero ha sido tener una clase de políticos y
gobernantes que rayan en la indecencia permanente en lo que se refiere a su
actuación pública. (No todos, pero los pocos que se salvan, han sido una ínfima
minoría).
PD.
El mantener en la cárcel, como presos políticos, a 25 policías comunitarios de
la CRAC y de la CECOP, convierte en farsa las bondades esgrimidas sobre la Ley
Astudillo en materia de seguridad y justicia indígena.
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