Erario 2019

Héctor Manuel Popoca Boone.

La discusión en la cámara de diputados federal sobre el presupuesto de egresos (PEF) 2019 ha iniciado con gran fragor, por las partes que en él intervienen. Sobresale la cuarteta PRI-PAN-PRD-MC donde con nitidez digna de mejor causa, suman sus voluntades contrarias a la iniciativa que sobre el tema presentó el titular del Poder Ejecutivo Nacional.

         El pleito acalorado brinda la oportunidad, a la opinión pública, de saber lo que antes se ocultaba dentro de la opacidad; o sea, los pormenores con que se formulaba y aprobaba el erario federal de nuestra nación. Tal apertura fortalece la transparencia en la cosa pública.

         Por lo hasta ahora discutido y debatido, conocemos lo dicho en la defensa de esa iniciativa, tanto del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, como del presidente de la Comisión de Presupuesto de la cámara baja, Ramírez Cuellar. Ambos señalan que por lo menos de seis años a la fecha, la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión estimaban y aprobaban, a la baja, los ingresos reales que iban a recaudar; a fin de que no aparecieran desde el inicio en el PEF autorizado y así “tener la manga ancha” para su gasto discrecional y sin control según lo dispusiera, unilateralmente, el presidente de la República en turno. No es un monto menor del que estamos hablando: son cerca de 80 mil millones de pesos promedio anuales.

Tema parecido pasa en Guerrero. El Presupuesto de Egresos Estatal se proponía y autorizaba a partir de una similar engañifa. De 2015 a 2017 fueron, en promedio, 12 mil millones de pesos anuales, los que escapaban de su registro y solo se venían a reflejarse, ya ejercidos, en la cuenta púbica final del año fiscal correspondiente. No es un monto despreciable para su gasto opaco.

         Regresando al PEF 2019, éste presenta reducciones en diversas partidas. Fundamentalmente en lo programado para gastos de operación (sueldos, compensaciones, viajes, viáticos, etc.) los cuales antaño se aplicaban invariablemente con poca transparencia, escaza eficacia y buena parte en forma superflua, cuando no corrupta; El derroche crecía desmedidamente en el marco de “Mochelandia. S.A. de C.V.”, año con año.

         Por otra parte ya fue corregida la iniciativa de reducción de presupuesto a universidades estratégicas del país. Pero no se escapa el saber que otras universidades públicas realizan gastos desordenados, despilfarradores y a veces con fines políticos, como los de la “La Gran Estafa”, a través de la cual el PRI recibió financiamiento ilícito encubierto de trámites legaloides; o aquellas universidades que han declarado públicamente sostener alianzas políticas estratégicas con el PRI y sus gobernantes.

         También hay incrementos de 6.4 por ciento real destinado a la inversión pública para crear infraestructura básica para el progreso de la nación: caminos, escuelas, hospitales, plantas de energía, vías ferroviarias, etc.). El incremento para los estados será de 8.3 por ciento real, dentro de sus participaciones fiscales. Ninguno tendrá disminución alguna.

Los aumentos serán de acuerdo con lo que estipula la Ley General de Coordinación Fiscal, que indica otorgar montos adicionales a aquellas entidades federativas que demuestren, cuantitativamente, mayores esfuerzos de recaudación fiscal local.

PD1. La desgraciadez actual del puerto no es imputable tan solo a “los amigos organizados”. De tiempo atrás, la delincuencia burocrática organizada de cuello blanco a saqueado y endeudado Acapulco con saña, alevosía y con la total impunidad.

PD2. Por supuesto que es lamentable que en el PEF 2019 haya una reducción del 20.5 por ciento para el año 2019 respecto al año que corre; pero también es lamentable que la Iniciativa de Presupuesto de Egresos Estatal contenga una reducción al agro guerrerense del 56.6 por ciento.

Resistencia a dejar privilegios.

Héctor Manuel Popoca Boone.

En estos quince días de nuevo gobierno federal, han resultado muy nítidos los tajantes rechazos de aquellos que se resisten a dejar privilegios económicos que sin parangón alguno han gozado desde décadas atrás. Su resistencia exhibe su desnudez de avaricia y egoísmo material; defendiendo hasta con las uñas afiladas y pulcramente barnizadas, las altas percepciones económicas burocráticas que reciben.

Aquellos que han contribuido a que reducidos plutócratas se hayan beneficiado desde antiguo con la mayor parte de la riqueza nacional, políticamente se resisten a dejar de hacerlo y llevarse su parte; usando una y mil argucias y artilugios legaloides, para defender lo que éticamente no les corresponde en una sociedad que quiere vivir con auténtica justicia social, sin pronunciada desigualdad.

En un país en donde la mayoría de su población tiene un ingreso personal insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria familiar, los gobernantes y legisladores, magistrados y funcionarios públicos, que supuestamente representan a la mayoría de la ciudadanía y cuya misión es velar por ellos, tienen salarios extra superavitarios, que rebasan por mucho lo requerido para llevar una vida satisfactoria, digna y decorosa. Guardan mucha incongruencia con el estatus económico de un pueblo exánime en el contexto de una democracia republicana.

Algunos magistrados y jueces; ciertos senadores y diputados; determinados presidentes y directores de órganos autónomos como el electoral, el de los derechos humanos, el de la información y transparencia, por mencionar los más conspicuos; dan cuenta de la aberración que postula que entre más paga tengan, más honestos serán. Circunscriben el mérito de ganar dinero a temas que son ajenos a los ámbitos axiológicos y deontológicos; a los de la ética y la moral.

Esos expoliadores de un exangüe presupuesto público aún no quieren percatarse de la brutal desigualdad social imperante en nuestro país; mantenedora de más de 60 millones de mexicanos en la pobreza -en sus diversas modalidades- que exigen una perentoria transformación, so pena que siga expandiéndose la ingobernabilidad, la violencia y delincuencia regional; escudándose estos altos burócratas en un marco de laxa y simuladora legalidad que ejemplifica la mala distribución del gasto público, sobre todo en lo concerniente a salarios y remuneraciones de los servidores públicos. Viven estos señores en sus “Palacios de Versalles”, saboreando sus pastelillos favoritos; mientras que la mayoría del pueblo en las calles grita de hambre y exige pan.

PD1. Guerrero nos necesita a todos. A los pobres, a los presos políticos, a las víctimas de la represión social, a los golpeados y torturados, a los indígenas encarcelados con incorrectos procesos judiciales, a los desposeídos y extorsionados, a los desamparados de la justicia puesta al mejor postor, a los que sin dinero son discriminados e ignorados, a los sin voz, a las dolientes y agredidas por género, a los desaparecidos, a los desplazados, a todos los jóvenes sin futuro. De lo contrario, la convocatoria oficial a la unidad seguirá siendo una frase lanzada al vacío, huera y por tanto de farsa.

PD2. Los partidos políticos, PRI, PAN, PRD y MC se unen para frenar la ley que reduce el sueldo de los altos funcionarios federales. Del PRI y del PAN se entiende; pero el PRD y el MC muestran que no tienen un gajo de mandarina.

PD3. Persiste la irresponsabilidad de la Secretaria de finanzas del gobierno estatal de no enviar al Congreso local el desglose del proyecto de presupuesto de egresos 2019. Parece que no quieren que se analice a detalle y tan solo se apruebe al vapor, previa intentona de “mochada”. Empezando por los acostumbrados a ella.

PD4. En febrero próximo, el presidente de la república, López Obrador, vendrá a Guerrero a dar el arranque del programa federal de fertilizante 2019, para productores de granos básicos.

Corrupción (R.I.P)

Héctor Manuel Popoca Boone

Desconozco si el presidente de la república se inspiró en la lamentable realidad de Guerrero para lanzar sus lapidarias y nada retóricas frases contra la corrupción y la inmunidad, vertidas el pasado sábado 1 de diciembre del año en curso. Pero vergonzantemente nos quedó el saco a la medida.

Una de las características distintivas de los gobiernos de Guerrero -en esta terminal época neoliberal- ha sido la corrupción y la impunidad, como “la principal función del poder público”; extendida a tal grado que “el sistema en su conjunto ha operado para ejercer esas prácticas” corrosivas del tejido social. Los gobiernos estatales y municipales, emanados del PRI como del PRD, las usaron para hacerse del poder y enriquecerse a costa de un pueblo que se crece en medio de la aguda pobreza y la extrema desigualdad social.

El presidente de la república, López Obrador, dijo enfáticamente: “El gobierno ya no será un simple facilitador del saqueo, ni será un comité al servicio de una minoría rapaz” Quizás estaba pensando en la empresa minera extranjera que actualmente explota uno de los más ricos yacimientos nacionales de oro, localizado en el fundo “Media Luna” en la zona de Mezcala. Cuyos concesionarios suelen venir a México, de vez en vez, a jalarle las orejas al gobierno federal y estatal cuando considera que no están defendiendo adecuadamente sus intereses patronales.

Recordemos que, en Guerrero, en las páginas de la ignominia, quedó plasmado el impune saqueo legalizado que sucesivos gobiernos federales y estatales realizaron de las tierras ejidales de lo que hoy es “La Zona Diamante”. Fue a través de PROTUR (la fraccionadora oficial-estatal) que, incluso, regaló terrenos de alta densidad económica a connotados políticos priistas de nivel nacional; convirtiéndose así en una gran fuente de corrupción de los gobernantes en turno. No se diga del desarrollo turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, por medio de la inmobiliaria oficial-federal: FONATUR.

Ahora pretenden seguir haciéndolo con la venta de los terrenos que quedan de la expropiación por causa de interés público (¡Club de golf!) del ejido de Icacos, en la Zona Dorada de Acapulco, realizada hace décadas atrás. Todas esas extensiones territoriales, con gran vocación turística, fueron adquiridas mediante la indemnización a sus antiguos usufructuarios rurales a precios de cuentas de cristal para luego, construida la infraestructura básica de fraccionamiento, revenderlas a precio de oro.

El presidente, López Obrador, afirmó que el gobierno federal recuperará su papel que le corresponde en la disminución de la desigualdad social; calificando de inhumano utilizar al gobierno para defender intereses particulares y desvanecerlo cuando se trata de proteger a las mayorías.  Al respecto, si hay una ciudad donde es patente, con mayor claridad, los mayores contrastes sociales, alentados por los gobiernos corruptos neoliberales del PRI-PAN y PRD, es, sin lugar a duda: Acapulco.

Vale en todo lo que cabe esta otra consideración presidencial: “Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentísmo”.

Los sureños debemos aprovechar esta oportunidad histórica que se nos abre para empezar a emanciparnos de la pobreza y la desigualdad social, a través de la “regeneración verdadera y radical de la vida pública” de Guerrero. Será imperdonable -nuestros hijos y nietos nos lo recriminarían acremente- no limpiar de raíz el ejercicio de la administración pública, en todos los órdenes gubernamentales.

En fin, en México terminó la era de 36 años de duración de neoliberalismo económico, donde predominó “la más inmunda corrupción pública y privada”. Por supuesto que habremos de enfrentarnos con la clase política conservadora de viejo cuño. No hay que pecar de ingenuos, todavía son muchos los corruptos y están en todas partes. Defenderán con viejas y nuevas artimañas sus intereses inconfesables, pero recordemos que “solo el pueblo, salva al pueblo”.