Héctor Manuel Popoca Boone.
El mejor apoyo que el senador le puede brindar a la gobernadora, será
dejarla gobernar por sí misma. El pueblo ya está harto de que la parentela de los
gobernantes tenga facultades de gobierno meta-constitucionales.
Qué bueno que la mandataria electa de Guerrero, Lic. Evelyn Salgado Pineda,
haya rectificado públicamente lo dicho por su padre, el senador Félix Salgado
Macedonio, sobre la posible supresión de los organismos públicos
descentralizados (Opd), que son parte integrante de la administración pública
estatal ampliada. Eso destierra de mi mente la idea de que se gobernará, vulgarmente
dicho, como “chivos en cristalería” y que, en el caso de la depuración de “los Opd”,
no tiren “el agua sucia de la bañera, con todo y niño”, en aras de una
austeridad y un ahorro presupuestal “a raja tabla”.
Por supuesto que es válido y pertinente analizar el gasto, funcionamiento y
resultados obtenidos por todo el aparato gubernamental estatal vigente, auxiliándose
del trabajo profesional y serio que haga la Auditoría Superior del Estado (ASE)
contando también con la activa participación de los legisladores locales; con
el fin de evitar dar pasos hacia una involución, en vez de una verdadera
actualización transformadora de la estructura institucional establecida. Estoy
de acuerdo que, de proceder, se extingan las unidades que ya no sean útiles por
su naturaleza y finalidad en la mayor y mejor atención de los graves problemas
que tiene actualmente este territorio sureño, causados por la pandemia, los
malos gobiernos y los desastres naturales.
No menos pasmosa fue la afirmación
del senador de que serán recontratados los policías que fueron despedidos,
tiempos atrás. Todos sabemos que a muchos de ellos se les liquidó laboralmente,
conforme a la ley, por no pasar la certificación requerida que hiciera constar
de su capacidad para servir a la ciudadanía y no a la delincuencia. Está el
buen ejemplo de depuración (que quedó a medias, por falta de recursos
económicos) de la policía municipal en Acapulco; que realizó el Ayuntamiento
presidido, en ese entonces, por Luis Walton.
Otra afirmación sorprendente hecha por el senador, fue la referida a que la
gobernadora electa incorporará en su gabinete de trabajo a todos los grupos que
apoyaron el triunfo de MORENA, sin importar antecedentes, perfiles profesionales
o experiencia requerida. Me rehúso a aceptar que la administración pública estatal
sea un espació remunerado para la “chorcha cotidiana”.
Afortunadamente esa afirmación ya fue refutada por quien va a tomar las
riendas formales del gobierno a mediados de octubre próximo. Además de
lealtades a los principios e ideales, se necesitarán desde el inicio, eficacias
y entrega de resultados concretos y veraces; habida cuenta que no tendrán el
“año de gracia” para aprender a gobernar, por la situación crítica que
atravesamos. No hay que caer en el ámbito de la otrora consigna: ¡Huesos ya,
puestos para todos!
Adenda obligada.
El nombramiento del nuevo titular de la ASE o la ratificación por siete años
más del que ahora es; está bajo la responsabilidad del Congreso del Estado; bajo
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero que
ya contempla las modificaciones “a modo” promovidas por el actual gobernador y
su “maestro incómodo”, en sus diversas iniciativas (la última ocurrida un mes
después de la victoria presidencial de AMLO, en junio del 2018). La ley
original no contemplaba ratificación alguna del Titular de la ASE y otras
lindezas, que fueron producto de los sucesivos “alcances” aprobados en la
pasada legislatura estatal.
Recordemos que los
“entes auditables y fiscalizables de la Cuenta Pública” son 27 entidades del
Poder Ejecutivo; 2 del Poder Legislativo; el Tribunal Superior de Justicia del
Poder Judicial; 7 Organismos Autónomos; 54 entidades del Sector Paraestatal y ochenta
Ayuntamientos. De esa magnitud es la relevancia del análisis y dictamen de la Cuenta
Pública Anual.
De la lectura que
hice de dos Informes Individuales de auditoría (IIA) que la ASE presentó al
Congreso local, informo que sus contenidos, a juicio personal, no observan los
principios de confiabilidad, debido a lo reducido de los montos y tamaño de las
muestras auditadas; no encontrando suficiencia de transparencia y
profesionalismo en la elaboración de dichos informes.
En
las últimas administraciones sexenales, no hay antecedentes de que se haya
dictaminado negativamente alguna Cuenta Pública Anual. Ya es tiempo, de construir las condiciones humanas, administrativas
y materiales para erradicar corrupciones, ineficiencias, vicios e inercias
perniciosas de tipo institucional, que atentan contra el buen gobierno.
Hoy se presenta la ocasión propicia para
un punto de inflexión que permita mayor honestidad, transparencia e
integralidad en la rendición de cuentas y de resultados, así como la necesaria
credibilidad en el uso y destino del menguado presupuesto público del que dispondrá
Guerrero en por lo menos tres años más, dada la caída de la recaudación fiscal
y de aportaciones federales.
porelrescate@outlook.com
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