Héctor Manuel Popoca Boone.
¿Alguien ha visto a
Vicente Suastegui Muñoz?
Fue en el período del Gobernador Alejandro Cervantes Delgado (ACD), cuando dirigentes
de productores indígenas de café, de varias comunidades y municipios de la zona
de Costa Chica y Montaña, organizados en una Asociación Rural de Interés Colectivo
(ARIC) le solicitaron al mandatario estatal, un crédito para comercializar su
cosecha anual de café, misma que ya estaban recolectando. Tenían un buen
contrato de venta con un comprador nacional, que se comprometía a recoger el
aromático, en costales uniformes, en las bodegas principales de la ARIC,
localizadas a la entrada de la ciudad de San Luís Acatlán.
El ilustre y querido gobernador ACD, me dio instrucciones, en mi calidad de
secretario de planeación y presupuesto, para analizar si procedía tal petición
y el monto del préstamo requerido, mismo que lo necesitaban con urgencia; para darles
un adelanto a los productores indígenas y así evitar que comprometieran su
cosecha individual con “coyotes” de la región, a precios muy por debajo del
conseguido en forma colectiva.
Me trasladé a la ARIC, me apersoné sin mayor acompañamiento de otros
funcionarios, para personalmente observar durante todo un fin de semana el
movimiento de entrega-recepción del café a la bodega por parte de los
productores; habiéndome presentado como un técnico comisionado a recabar datos
que respaldaran su petición.
Una vez que corroboré la viabilidad productiva y económica de la operación comercial
pactada, me reuní, ahora sí, con la directiva de la ARIC para informarles que
mi dictamen sería positivo, a efecto que se les otorgara, en forma inmediata,
un fondo revolvente de $300 000.00 (de los de aquel entonces), para que los
aplicaran a la finalidad ya reseñada. Fue recibida con grata sorpresa dicha
información, pidiéndome que, a fines de tener mayor seguridad en las
operaciones, pudiera estar los fines de semana, una brigada de la policía “motorizada”
estatal, para proteger los movimientos de dinero en efectivo; ya que los sábados
y domingos eran los días en que los compañeros indígenas bajaban de sus
comunidades a la ciudad para hacer hacer compras de productos básicos. El
gobernador ACD, autorizó comisionar la brigada policiaca.
El crédito a la palabra se les otorgó y a inicio de la cuarta semana de
operarlo los de la ARIC hicieron de mi conocimiento inmediato que habían
sufrido durante la noche del viernes anterior, un robo de dinero que tenían guardado
en las oficinas de sus bodegas para dar anticipos de cosecha. El gobernador instruyó
que se hiciera una investigación exhaustiva del robo y a la postre fueron
identificados delincuentes que operaban regionalmente y se logró la captura de
uno de ellos, ante la fuerte exigencia popular. Confesó que la información
sobre el lugar exacto donde se guardaba el dinero y el monto que había, les fue
proporcionada por el jefe de la brigada de la policía motorizada que estaba en
complicidad con los ladrones.
La rabia y la impotencia ante lo sucedido no fue solo de los indígenas
esquilmados, sino también de mi persona, al constatar la putrefacción que tenía
la tristemente famosa “policía motorizada”. Y ese robo, como muchos otros más
que se sucedían en aquellos lares, a mi juicio, a fuerza de repetirse con total
impunidad, marcaron la génesis de la formación de la policía comunitaria de la
Montaña, como instrumento de auto protección y defensa de los desmanes delincuenciales
que, en colusión con autoridades institucionales, imperaban en esas dos
regiones con absoluta impunidad, para desgracia de los pueblos indígenas.
Como gobernador moral de Guerrero puedo afirmar que, hoy en día, el sistema
estatal y municipal de seguridad pública que padecemos, es corrupto, ineficaz y
cómplice, directa o colateralmente, de la delincuencia simple y organizada; habiéndose
convertido en un verdadero peligro para la vida y patrimonio de los pueblos
indígenas y de la ciudadanía en general.
Pero ahora, la pequeñez neuronal que padecen los actuales diputados locales
-cuya mayoría parlamentaria es de MORENA- y la ignorancia supina que exhiben sobre
los aconteceres históricos indígenas de Guerrero, los llevan a aprobar cuestiones
legislativas que, por estar fuera de la realidad, quedaran plasmadas en el Periódico
Oficial del Estado de Guerrero como ejemplos emblemáticos de incongruencia e
inoperancia legislativa.
En contraste, está el sistema gubernamental indígena vigente, al margen de
las leyes federales, estatales y municipales, denominado “Los Caracoles” en
pueblos indígenas tzeltales y tzotziles en Chiapas; así como, con su propia
modalidad, en pueblos de la meseta tarasca de Michoacán. La CRAC-PC en Guerrero
vivirá, actuará y no se subordinará a ningún sistema corrupto e ineficaz;
aunque a muchos convenencieros variopintos les pese.
PD1. Ahora la consigna: “Pa´ que aprendan a respetar”, resonó en
Chilpancingo; dejando como huella de su existencia, una casa incendiada, cinco vehículos
quemados, “rafageo” a transformadores de energía, apagones de luz y balaceras en
varias colonias. Y eso que tenemos estrategia para combatir la delincuencia.
PD2. El obispo emérito de Chilpancingo que algo sabe de esto, expresa que
las autoridades de los tres niveles de gobierno, saben quiénes son, donde viven
y cómo actúan los perpetradores de lo acontecido la madrugada del martes en la
ciudad capital. Y yo me pregunto “Y que esperan para actuar” ¿Hay compromisos
electorales? “Sálvese quien pueda”
