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Héctor Manuel Popoca
Boone. Miente, miente,
miente; que algo dejarás de simiente. La diatriba de
Florencio Salazar (FZ) en contra de mi persona, (El Sur. 26/06/2023), la finca
en su autoría de haber enviado al Congreso local, la iniciativa para eliminar
del articulado de la Constitución estatal, la conquista histórica del derecho
de existir, ser y actuar del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias-Policía
Comunitaria (CRAC-PC), en la región de la Montaña. Argumenta FZ que, de acuerdo
a la técnica jurídica convencional, el asunto de la justicia autonómica en el
medio indígena no es de índole genérica, sino específica; por lo tanto, no da
lugar para dejarla plasmada en la ley constitucional estatal; sino en las
reglamentarias correspondientes. También él considera
que la prevención, la procuración, la administración de la justicia; y la
salvaguarda de la paz, la dignidad y el bien común en los pueblos indígenas, no
son asuntos autonómicos; sino que deben de estar subordinados a un sistema jurisdiccional-constitucional
ya establecido; mismo que acusa, según mi opinión personal, una visión
económica y sociológica de obsolescencia grave; puesto que ya no se ajusta a la
realidad crítica actual que es muy lacerante para el pueblo guerrerense y que
en mucho rebasa al sistema de justicia estatal vigente; volviéndolo poco eficaz
y eficiente. Le sugiero a FS estudiar
“La Dialéctica” del filósofo alemán, Hegel, y más en específico, “La Dialéctica
de lo Concreto” del filósofo checo, Karel Kosik. Entenderá más ampliamente la
importancia que, a veces, suele tener la especificidad en lo genérico, a partir
de una realidad dada. Tan es así que, nuestro mayor ordenamiento legal lo
denominaron “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” Es decir lo
genérico, que es nuestro orden constitucional, condensado en lo específico: nuestro
país: México. Entre una realidad
de jure y la realidad de facto, la primera puede ser rebasada con el
tiempo por la segunda, porque la fenomenología social y su dinámica, escapa ya
al ordenamiento imperativo decretado, por tanto, deviene legislación caduca e inoperante.
Desde siempre, en cuanto a la ley socialmente injusta, el pueblo tiene el
legítimo derecho de no acatarla. (Gandhi, dixit) Los problemas
actuales de Guerrero no los resuelve, per se, ninguna técnica jurídica
constitucional por muy bien elaborada que esté, porque los hechos y conductas
están enraizados en una cultura de la ilegalidad atroz, practicada desde las
mismas estructuras gubernamentales: En buena parte, los gobernantes, los
funcionarios públicos en turno, legisladores, jueces y la delincuencia,
organizada o simple, actúan en contubernio y han dejado en la indefensión la
vida plana con paz creativa del pueblo guerrerense, especialmente a los pueblos
indígenas. Eso nos lleva, irremediablemente, a bordear un estado fallido y, por
ende, anárquico. Donde la gobernanza tiende a enraizarse en el señorío impune
del delito, la inseguridad pública y la violencia. Pero eso, ya no
acontece desde antaño, en la zona indígena de la Montaña, donde opera la
CRAC-PC. El instinto de supervivencia gregaria de los pueblos indígenas,
subyugados y degradados, los orilló a tomar las armas para darse por sí mismos
lo que el gobierno nunca les dio: justicia social, paz y seguridad pública
efectiva para todos. Para entender el
sojuzgamiento y sumisión histórica indígena, le sugiero al vitriólico de Florencio,
leer textos básicos como el de Gonzalo Aguirre Beltrán, “Regiones de Refugio” y
el “México Profundo, una civilización negada”, de Guillermo Bonfil Batalla. Para
el caso que nos ocupa, también la lectura de “El origen de la Policía
Comunitaria, CRAC-PC (Montaña y Costa Chica de Guerrero) de Juan Horta Cruz y
Sabas Arturo Espinobarro. Libros muy provechosos tanto para él, como para su
“discípulo azorado”, el ex gobernador, Héctor Astudillo Flores. El abandono de la
seguridad pública en los pueblos indígenas, realizado por las fuerzas
institucionales y delincuenciales, es tan solo una expresión contemporánea del
racismo en Guerrero, por parte de la sociedad mestiza y de sus gobiernos
establecidos. Dicho racismo también agudizó la subyugación económica, social y
política, misma que ha provocado una expansión de la pobreza extrema y el
embrutecimiento etílico, con fines de dominio y control social. No se diga el
papel jugado por los jueces venales, en su inmensa mayoría mestizos, que están vendidos
al mejor postor; aprovechando el monolingüismo no castellano de muchos de los pobladores
indígenas. Basta mencionar que ahora
se da el intento de dominio absoluto de territorios y pueblos, por parte de las
organizaciones mafiosas dedicadas al narcotráfico en contubernio con las
policías y autoridades municipales; verbigracia, la Región de Tierra Caliente. Lo
cierto es que la CRAC-PC seguirá existiendo, porque su misión aún cuando ha
sido exitosa en disminuir sensiblemente la delincuencia en sus zonas de
influencia, dista mucho de haber sido cumplida. Por otro lado, en
Guerrero, sus instituciones gubernamentales, sus leyes y sus gobernantes,
legisladores y jueces, todos ellos en conjunto, no han podido abatir la pobreza
que deviene en mayor desigualdad e injusticia social; no han podido abatir la
marginación de los pueblos ni han parado la corrupción institucional, que
mantiene incólume la impunidad de los dominadores y expoliadores regionales, de
viejo y nuevo cuño, que les posibilita imponer su poderío de dominación de
facto, al margen de la ley, en todos los aspectos de la vida ciudadana, no
solo en la región de la Montaña, sino en más de la mitad del territorio
guerrerense. Por último, pero no
menos importante: ¿Cuál autoridad moral, en materia de legalidad, puede tener
aquel que, siendo secretario general de Gobierno, se negó rotundamente, durante
casi seis años, a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos de poner en operación el Centro Contra la Violencia a la Mujer
Indígena en Ayutla? ¿Qué puede esgrimir cuando en esa responsabilidad
institucional, el gobierno federal estableció para Guerrero medidas cautelares
y de prevención de observancia obligatoria, al decretar dos sendas Alertas de
Genero en Guerrero, por la gravedad de los feminicidios desatendidos por el
“gobernador del desastre financiero” y de su “maestro incómodo”? Como dice
Popoca: “Qué poca… “ PD. Evelyn Salgado
Pineda, Gobernadora Constitucional de Guerrero, dijo que, la estrategia
López-obradorcita de “abrazos, no balazos” está “dando resultados” (El Sol de
Chilpancingo. 8/mayo/2023). Como Gobernador Moral de Guerrero le sugiero no ser
tan mordaz con nuestro pueblo. porelrescate@hotmail.com
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