Héctor Manuel Popoca Boone.
I.- A
manera de preámbulo: De acuerdo a la información contenida en el 1° Informe
Trimestral de las Fuerzas Armadas (enero-marzo del 2023), las siete entidades
federativas donde hay mayor presencia permanente de las fuerzas armadas son:
No. |
Estado |
Población (Millones de habitantes) |
Soldados* desplegados. |
Efectivos por cada cien mil habitantes. |
|
1 2 |
Sonora Sinaloa |
2.9 3.0 |
5 650 5 516 |
192 184 |
|
3 |
Guerrero |
3.5 |
4 766 |
135 |
|
4 |
B. California |
3,8 |
4 149 |
118 |
|
5 |
Guanajuato |
6.2 |
5 410 |
88 |
|
6 |
Chiapas |
4.8 |
4,810 |
86 |
|
7 Veracruz 4.9 4,913 61
*Ejército y Marina. (No
hay datos de la Guardia Nacional).
II.- Continúo
destacando partes importantes de la ponencia magistral del Dr. Alonso
Concheiro** disertada hace 8 años: “Las nuevas organizaciones de
narcotraficantes que operan en Guerrero emplean la violencia no solo para
comunicar su capacidad y poderío frente a sus competidores o autoridades, sino
para intimidar prácticamente todo aquel que vive en las comunidades huéspedes e
inducir su cooperación a través de la violencia y el miedo.”
“Los esfuerzos del Estado para suprimir las actividades del crimen
organizado y la violencia asociada han sido hasta ahora poco efectivos. En
parte se debe a la penetración de las organizaciones criminales en las
instituciones del estado. La mayor parte de las estrategias para la captura de
los narcotraficantes no afectan de manera sustantiva sus multimillonarios
ingresos y sus actividades de lavado de dinero. Por ello, la estrategia para
combatir al crimen organizado también deberá estar orientada a disminuir su
poderío económico.”
“Para reducir los niveles de violencia en Guerrero será necesario mejorar
el sistema judicial y reconocer que la integración del narcotráfico en el
tejido social y en la vida económica del estado no es nada despreciable. La
seguridad es mucho más que un mero asunto policial. De poco sirve la detención
de quienes violan la ley si el sistema judicial es inoperante y corrupto. Sin
una reforma a fondo del Sistema Judicial Estatal será difícil que prevalezca el
Estado de Derecho.”
“El sistema judicial, en particular el penal, debe ser mucho más ágil. Sin
mejores ministerios públicos, secretarios y jueces, difícilmente podrá
combatirse de manera efectiva al crimen. Un sistema judicial que aplica la ley
discrecionalmente y según lo aceite el dinero, en nada contribuye a la
seguridad.”
“Buena parte de las operaciones del crimen organizado descansan en las
relaciones de éste con funcionarios corruptos de los gobiernos locales;
incluyendo toda clase de policías incluso de nivel estatal y federal, así como
con empresarios coludidos. Las redes de influencia y penetración son bastas y
contribuyen en forma importante a que permanezca el clima de inseguridad. Lo
mismo ocurre con las relaciones de tráfico de influencias. Estas redes de
contubernio operan en un ámbito de impunidad, salvo cortos ciclos de
anticorrupción de autoridades estatales y federales.”
“Lo anterior, aunado a la ineficiencia e ineficacia del sistema judicial,
hacen que hoy Guerrero ocupe uno de los primeros lugares a nivel nacional con alta
cifra negra de delitos no denunciados. Así, las políticas anticorrupción del
Estado que permitan cortar las redes del apoyo del crimen organizado deben ser
asunto institucional permanente y prioritario. Ello obliga, además, a políticas
efectivas de transparencia en el uso de los recursos públicos de los tres poderes
de gobierno estatal: ejecutivo, judicial y legislativo.”
“Los problemas de inseguridad pública no le corresponden de manera
exclusiva a los órganos del Estado. La sociedad civil puede y debe jugar un
papel importante. Pero ese papel no debe ser el de tomar en sus manos el
combate al crimen organizado, sino el de una colaboración segura con las
autoridades, que no la ponga en riesgo. En los últimos tres lustros se han
fundado en Guerrero algunas organizaciones de la sociedad civil cuyo propósito
es vigilar que las autoridades cumplan sus obligaciones en materia de seguridad
pública; respetando los derechos humanos y el Estado de Derecho.”
“Con todo, la capacidad de la sociedad civil para influir en las políticas
de seguridad pública en Guerrero sigue siendo marginal y las autoridades han
mostrado nulo interés en las propuestas ciudadanas sobre el tema. La desaparición
de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014,
desató una movilización importante de la sociedad civil dentro y fuera de
Guerrero; exigiendo la presentación con vida de los desaparecidos; pero en
términos más generales, exigir que las autoridades cumplan con su obligación de
garantizar la seguridad pública.”
III.- El
diagnostico anterior, repito, fue expuesto públicamente hace ocho años, toca
ahora a la ciudadanía valorar que tanto de esa situación crítica de seguridad
publica en Guerrero ha disminuido, permanece igual, o ha mejorado. Según el 1°
Informe Trimestral de las Fuerzas Armadas hemos empeorado en los siguientes
delitos del fuero común, mismos que han tenido las siguientes variaciones de
incremento porcentual, en los últimos cuatro años: lesiones dolosas (5.6 por
ciento), extorsión (25.3), narcomenudeo (42.0), violación (43.0), trata de
personas (45.5), Violencia familiar, (50.0).
** Foro de consulta
popular: Guerrero Seguro y de leyes. Gobierno del Estado de Guerrero, (2015).
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