Tres años y el nivel competitivo de Guerrero.

 Héctor Manuel Popoca Boone.

El Instituto Mexicano de la Competitividad Estatal (ICE) señala que, entre más competitivos sean los indicadores estatales anuales en las diferentes áreas de la actividad humana y en la calidad de vida de sus habitantes, más atractiva será una entidad federativa para que ahí enraícen mayores inversiones y desarrollo económico.

El ICE, a partir de las fortalezas y debilidades de los estados del país, reflejadas en datos y cifras de corte anual en tópicos: sociales, económicos y políticos, valoriza qué tan atrayentes son cada uno de ellos para el desarrollo de talentos humanos y el crecimiento de las inversiones en sus respectivos territorios; ubicándolos según un índice promedio ponderado de competitividad estatal.

Hace un año, en un artículo de opinión, expresaba lo siguiente: Los endebles cimientos de tipo económico, educativo y de salud en esta entidad sureña, fueron aún más debilitados por la pandemia del Covid-19 y por los estragos del Huracán Otis y siguen siendo, a la vez, los obstáculos más importantes para convertirnos en un estado competitivo e innovador, con constante fomento al conocimiento y tecnología aplicada, para poder otorgar un mayor valor agregado a los bienes y servicios manufacturados, a partir de un amplio espectro de mano de obra calificada y certificada. Hay que incluir además los impedimentos de la alta inseguridad pública, los altos niveles de corrupción e impunidad imperantes, así como la profundización de actividades delincuenciales y de narcotráfico en general, en el marco de un “Estado de Chueco más que de Derecho”. Guerrero permanece, para nuestro desdoro, como la entidad federal con la competitividad más baja de la República

¿Qué tanto hemos mejorado o empeorado en estos tres años de cogobierno de Evelyn Salgado Pineda y su “¿Papá incómodo”, Félix Salgado Macedonio?

En términos económicos generales y no obstante que permanecemos ubicados en el último lugar (32) a nivel nacional, es decir, somos lo peorcito de las entidades federativas, el PIB per cápita estatal mejoró de $ 77 088.00 (en el 2021) a $ 93 181.10 (en el año 2023). En inversión por población económicamente activa, de $ 39.900.00 (2021) a $ 42 500.00 (2023); pero descendió el indicador denominado “Talento” -porcentaje de la población de 25 años o más que cuenta con educación superior, normal o técnica-, de 14.6 por ciento a 14.1 por ciento.

En este primer trienio, mejoramos nuestra ubicación en el indicador: “sistema político” (del 27° al 24°); pero en “Gobierno eficiente y eficaz”, nos mantuvimos en el último lugar (32°), en el de “mercado de trabajo eficiente” permanecimos en el 31°. Empeoramos en cuanto “economía estable”, del 26° al 30°; Permanecemos en el mismo lugar, en “infraestructura básica productiva” (29°); en “apertura a la economía exterior” bajamos del lugar 23° al 25°. En materia de “Innovación”, mejoramos de posición al pasar del 32° al 28°; lo mismo que en “Derecho” (21° al 19°) y no tuvimos variación en el indicador relativo a “sociedad” (31°) y en el tema de “medio ambiente” (12°).

Décadas atrás nos disputábamos, año tras año, con Oaxaca y Chiapas, el último lugar a nivel nacional. Ahora Guerrero, a partir de la pandemia del COVID-19 y el huracán OTIS, así como con el deterioro paulatino pero constante, que hemos padecido gracias a nuestra clase política y de nuestra frágil estructura de seguridad pública, educativa y de salud y el alto nivel de criminalidad y delincuencia, dentro del marco de la corrupción e impunidad sistémica, nos hemos posicionado como el último eslabón de la cadena de  capacidad competitiva a nivel nacional; es decir, por lo que se refiere a la eficiencia  y eficacia económica, política y social en estas tierras del sur. Hoy Chiapas ocupa el penúltimo lugar y Oaxaca, el antepenúltimo lugar nacional. Nosotros somos, “la cola de la cola.”

Por otro lado, de los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (INEGI-ENCIG) 2023, podemos saber que un estimado de 57.6 por ciento de los encuestados guerrerenses manifestaron insatisfacción general por los servicios públicos básicos y bajo demanda, en nuestra entidad federativa; 96.7 por ciento manifestó su insatisfacción por los servicios de agua potable; el 64.1 por ciento manifestó que la presencia de la policía no es garantía de seguridad pública; el 87.4 expresó que seguirá la práctica de la corrupción gubernamental, donde ocupamos el quinto lugar a nivel nacional en el mayor costo per cápita promedio ($ 4 883.00) a consecuencia de la misma.

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Sexenio hegemónico

 Héctor Manuel Popoca Boone.

Si entendemos por hegemonía partidista lo logrado democráticamente, a través del proceso electoral próximo pasado, por el partido Morena en su nueva situación, donde conquista con una significativa mayoría de votos a su favor, la supremacía o predominio político avasallante en la arena nacional electoral; además de la nueva preeminencia de su influencia política sobre los demás partidos políticos, podemos afirmar la existencia de un nuevo hito político en México: el de “La Cuarta Hegemonía Política en el derecho de conducir constitucionalmente los destinos nacionales en el marco de la continuidad gubernativa establecida por su máximo líder moral, el actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). También queda bajo la égida del partido Morena, dos de los tres poderes constitucionales federales (Ejecutivo y Legislativo).

La primera hegemonía política de partido habida en el país con tintes de pacificación, estabilización y progreso, se da después de las guerras de reforma, con el Partido Liberal y la república restaurada, siendo presidente, Benito Juárez, que detentó la investidura del poder ejecutivo cerca de 17 años, discontinuos.

La segunda hegemonía partidista, la detenta de nueva cuenta El Partido Liberal, teniendo como líder y gobernante a la vez a Porfirio Díaz, durante 30 años en forma continua. El tercer período histórico hegemónico partidista, se gesta cuando conquistan por las armas el poder nacional, algunos de los protagonistas de la Revolución Mexicana de 1910. Su vigencia empieza cuando se firma el pacto constitucional de 1917 y al conformarse el Partido de la Revolución Mexicana (PRI). La hegemonía del PRI en el poder duró aproximadamente 71 años. La particularidad de este último lapso hegemónico es que no hubo un único gobernante presidencial sino varios, con períodos de mandato de seis años, en acatamiento al pacto constitucional establecido.

La cuarta hegemonía política, en la historia contemporánea del país, la obtiene ahora el partido Morena. Con el apabullante triunfo de su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum (CS). Respaldado ese triunfo por aquellos que integraran las fracciones parlamentarias mayoritarias de Morena en las cámaras de senadores y de diputados federales; además de la conquista de la mayoría de los poderes estatales renovados, que participaron en la justa electoral el pasado 2 de junio.

En términos muy esquemáticos, el triunfo de CS se perfilaba a partir de las amplias simpatías: 75 por ciento de los votos que generó su candidatura en el seno de la clase social pobre de México (según una encuesta de salida de El Financiero del 4 de junio pasado), como reflejo de reciprocidad a los programas sociales de apoyo económico directo, otorgados durante el régimen presidencial de AMLO. Pero también tuvo el apoyo de una parte de la clase media (59 por ciento) y en mucho menor medida el voto minoritario a su favor de la clase social alta del país.

Ya se ha mencionado en este diario que, el mucho poder derivado de una situación política hegemónica de corte democrático (con todos peros que pueda tener), debe ejercerse con mucha responsabilidad so riesgo que esa hegemonía se corroa con el tiempo por el desapego con las bases sociales que le dan sustento, sin dejar de tener presente que se debe gobernar para todos. Puede desgastarse rápidamente sin el buen y más fiel conocimiento de la realidad circundante y solo es vista a través de prismas de privilegio o a partir de burbujas burocráticas de confort), sin tomar en cuenta los aspectos reales de las diversas actividades en que se manifiesta cada segmento social en los diversos territorios regionales que integran nuestro país.

Adquieren importancia implementar programas institucionales descentralizados ad hoc y tener el personal adecuado capacitado; contando, además, con una estructura de administración pública eficaz (hay que restaurar lo que fue desmantelado sin mayor visión) con una dotación mínima de recursos públicos no dadivosos, sino orientados a detonar circuitos virtuosos, pequeños y medianos, de progreso económico y bienestar social.

Concluyo expresando que no basta la preeminencia política para hacer las cosas, sino también hay que saber dominar el qué, para quién, cuanto, el cómo, con qué, dónde y con quienes. En pocas palabras hacer efectivos los procesos de planificación nacional y regional, con rendición de cuentas, desglose de gastos y obtención de logros específicos, como estilos de ejercicios de gobierno controlados y medibles; privilegiando la honestidad sobre la corrupción que debe ser efectivamente punible; erradicando la impunidad como forma y/o estilo de gobierno deshonesto. De otra suerte lo hegemónico durará cuanto más un sexenio más.

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¿Seremos prioridad?

 

¿Seremos prioridad?

Héctor Manuel Popoca Boone

 

No es una pregunta baladí, porque es meritoria. Las decepciones reales en el actual sexenio que termina se han forjado en el tiempo transcurrido. Su génesis la encontramos al estar ubicados como la entidad federativa más marginada y empobrecida de la República. Aún más que Oaxaca y Chiapas. (INEGI). Pero del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), -al cual, le otorgamos cientos de miles de votos para que conquistara la Presidencia de la República- no recibimos mayor gracia los sureños de él, en lo que se refiere a inversiones públicas destinadas a crear una plataforma de infraestructura productiva básica, que fuera detonante para el desarrollo de mediano plazo que mucho necesitamos y anhelamos.

 

No dejo de reconocer, por supuesto, los múltiples beneficios que recibió el pueblo pobre sureño de los programas sociales implementados por AMLO, cuya dispersión alcanzó a alrededor de 30 millones de familias mexicanas, con un costo de 25 mil millones de pesos anuales a nivel del país y que son ya, de carácter constitucional y universal. O también está la aplicación del vital programa de vacunas contra el covid-19, a pesar de los errores gubernamentales cometidos, o la reparación de una parte de los daños masivos causados por el huracán OTIS en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez.

 

Una decepción fue la no aminoración de la presencia y acción letal de la delincuencia organizada. Muy por el contrario, el número de homicidios creció y su actuación homicida se expandió a más del 75 por ciento del territorio estatal; provocando gran inestabilidad social y precaria paz social constructiva. “Dejar hacer; dejar pasar” Tal fue la consigna que prevaleció como estrategia principal de seguridad pública que fracasó estrepitosamente.

 

Además, la pregonada aspiración por hacer realidad el denominado: “Cuarto Nivel de Gobierno (Federal, Estatal, Municipal y Comunitario)” ha quedado frustrada por que la delincuencia organizada se adelantó, usurpándola. Es una realidad en Guerrero que gran parte de las comunidades y ciudades están bajo el dominio y poder de los bandoleros regionales y nacionales organizados, que hacen de las suyas sin que nadie impida la laceración social cotidiana que provocan al imponer a los pueblos inermes, por la fuerza de las armas, su propia ley, ordenamiento económico regional, movilidad y relaciones sociales en la localidad; las cuales giran en beneficio a sus propios intereses privados; coartando seriamente a libertad y prosperidad popular.

 

Mientras tanto, las autoridades gubernamentales responsables de garantizar la seguridad pública han permanecido en una fase contemplativa durante más de seis años, situación que ya es intolerable. Guerrero es uno de los estados que más ensangrentado está por acatar, sin mayor discernimiento, la vigencia de la consigna presidencial: “Abrazos, no balazos”.

 

Extrañamente en Guerrero, no protestamos mucho por la semi militarización que le impuso al país, AMLO. No obstante que somos sabedores y sufridores de amargas experiencias en décadas pasadas por acciones ilegales del gobernante federal en turno y del Ejército.

 

Parece habérsenos extraviado de nuestra memoria histórica, lo que las fuerzas armadas han hecho a hombres y mujeres guerrerenses en episodios socialmente trágicos del cercano pasado, como “los vuelos de la muerte” (desde la aeropista militar de Costa Grande, en la década de los 60´s del siglo pasado); con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; con los indígenas y estudiantes asesinados en El Charco, Ayutla; por solo mencionar algunos casos muy evidentes.

 

Cierto, los soldados son pueblo; nada más que uniformado y adiestrado para matar; contando con buen armamento para cumplir con su principal deber en la salvaguarda del pueblo. Pero hay que tener en cuenta que, desde hace varias décadas, los oficiales graduados son educados, entrenados y graduados, en el Colegio Militar y otras instituciones de la misma naturaleza, dentro y fuera del país, donde su adoctrinamiento y preparación distan del respeto de todos los derechos humanos.

 

Lo que siempre ha echado a perder a buena parte de la oficialidad militar mexicana ha sido el poder, el dinero y las canonjías provenientes de fueros. Los soldados de línea y sus clases solo obedecen órdenes, como en todas partes, con sumisión y sin conciencia.

 

En conclusión y sin terminar, tenemos que recordarle a la nueva mandataria federal, Claudia Sheinbaum que, sin mayor retribución económica, Guerrero durante muchas décadas, ha dotado y subsidiado de agua del río Cutzamala y de electricidad generada en las hidro y termo eléctricas establecidas sobre el río Balsas, a la mayor parte de la demanda de la población que habita el valle del Anáhuac. Pero no ha habido la reciprocidad debida, para un desarrollo regional mutuo. Nos quedan a deber mucho con lo que se llevan, en comparación a las participaciones fiscales federales que nos aportan. Sin dejar de mencionar nuestra eterna queja de nuestra aportación histórica en la forja de este país.

 

PD1. El genocidio perpetrado por el gobierno israelita sobre el pueblo palestino asentado en Franja de Gaza continua; cegando cientos de miles de vidas de seres humanos inocentes, frente a una comunidad mundial demasiado insensible. Así comenzaron los alemanes nazis con el criminal e histórico holocausto ocurrido el siglo pasado.

 

PD2. Recomendable es otorgarle una segunda lectura cuidadosa a la Editorial de El Sur del 04/06/2024, para aquellos interesados en el próximo devenir de México y de Guerrero.

 

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