Héctor Manuel Popoca Boone.
El Instituto Mexicano de
la Competitividad Estatal (ICE) señala que, entre más competitivos sean los
indicadores estatales anuales en las diferentes áreas de la actividad humana y
en la calidad de vida de sus habitantes, más atractiva será una entidad
federativa para que ahí enraícen mayores inversiones y desarrollo económico.
El
ICE, a partir de las fortalezas y debilidades de los estados del país,
reflejadas en datos y cifras de corte anual en tópicos: sociales, económicos y
políticos, valoriza qué tan atrayentes son cada uno de ellos para el desarrollo
de talentos humanos y el crecimiento de las inversiones en sus respectivos
territorios; ubicándolos según un índice promedio ponderado de competitividad
estatal.
Hace
un año, en un artículo de opinión, expresaba lo siguiente: Los endebles
cimientos de tipo económico, educativo y de salud en esta entidad sureña,
fueron aún más debilitados por la pandemia del Covid-19 y por los estragos del Huracán
Otis y siguen siendo, a la vez, los obstáculos más importantes para
convertirnos en un estado competitivo e innovador, con constante fomento al
conocimiento y tecnología aplicada, para poder otorgar un mayor valor agregado
a los bienes y servicios manufacturados, a partir de un amplio espectro de mano
de obra calificada y certificada. Hay que incluir además los impedimentos de la
alta inseguridad pública, los altos niveles de corrupción e impunidad
imperantes, así como la profundización de actividades delincuenciales y de
narcotráfico en general, en el marco de un “Estado de Chueco más que de
Derecho”. Guerrero permanece, para nuestro desdoro, como la entidad federal con
la competitividad más baja de la República
¿Qué
tanto hemos mejorado o empeorado en estos tres años de cogobierno de Evelyn
Salgado Pineda y su “¿Papá incómodo”, Félix Salgado Macedonio?
En
términos económicos generales y no obstante que permanecemos ubicados en el último
lugar (32) a nivel nacional, es decir, somos lo peorcito de las entidades
federativas, el PIB per cápita estatal mejoró de $ 77 088.00 (en el 2021) a $
93 181.10 (en el año 2023). En inversión por población económicamente activa, de
$ 39.900.00 (2021) a $ 42 500.00 (2023); pero descendió el indicador denominado
“Talento” -porcentaje de la población de 25 años o más que cuenta con educación
superior, normal o técnica-, de 14.6 por ciento a 14.1 por ciento.
En
este primer trienio, mejoramos nuestra ubicación en el indicador: “sistema político”
(del 27° al 24°); pero en “Gobierno eficiente y eficaz”, nos mantuvimos en el
último lugar (32°), en el de “mercado de trabajo eficiente” permanecimos en el
31°. Empeoramos en cuanto “economía estable”, del 26° al 30°; Permanecemos en
el mismo lugar, en “infraestructura básica productiva” (29°); en “apertura a la
economía exterior” bajamos del lugar 23° al 25°. En materia de “Innovación”,
mejoramos de posición al pasar del 32° al 28°; lo mismo que en “Derecho” (21°
al 19°) y no tuvimos variación en el indicador relativo a “sociedad” (31°) y en
el tema de “medio ambiente” (12°).
Décadas
atrás nos disputábamos, año tras año, con Oaxaca y Chiapas, el último lugar a
nivel nacional. Ahora Guerrero, a partir de la pandemia del COVID-19 y el
huracán OTIS, así como con el deterioro paulatino pero constante, que hemos
padecido gracias a nuestra clase política y de nuestra frágil estructura de
seguridad pública, educativa y de salud y el alto nivel de criminalidad y
delincuencia, dentro del marco de la corrupción e impunidad sistémica, nos
hemos posicionado como el último eslabón de la cadena de capacidad competitiva a nivel nacional; es
decir, por lo que se refiere a la eficiencia y eficacia económica, política y social en
estas tierras del sur. Hoy Chiapas ocupa el penúltimo lugar y Oaxaca, el
antepenúltimo lugar nacional. Nosotros somos, “la cola de la cola.”
Por
otro lado, de los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (INEGI-ENCIG) 2023, podemos saber que un estimado de 57.6 por
ciento de los encuestados guerrerenses manifestaron insatisfacción general por
los servicios públicos básicos y bajo demanda, en nuestra entidad federativa;
96.7 por ciento manifestó su insatisfacción por los servicios de agua potable;
el 64.1 por ciento manifestó que la presencia de la policía no es garantía de
seguridad pública; el 87.4 expresó que seguirá la práctica de la corrupción
gubernamental, donde ocupamos el quinto lugar a nivel nacional en el mayor
costo per cápita promedio ($ 4 883.00) a consecuencia de la misma.
porelrescate@outlook.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario