Héctor Manuel Popoca Boone
Como Gobernador moral de Guerrero insisto que una reforma constitucional
que permita la verdadera transformación de nuestro país para lograr mayor y
mejor libertad, paz, justicia, eficacia institucional e igualdad y equidad
social, en el marco de una buena gobernanza integral de nuestra patria, debe
abarcar los tres poderes de la nación que, en mayor o menor medida, están
podridos y acusan cierta obsolescencia en su funcionamiento. De lo contrario,
estaremos limpiando solo un tercio de nuestra maltrecha gobernabilidad. Una
transformación es estructural y trascendente, cuando se realiza para beneficio
de todo un pueblo. Una reforma es coyuntural y efímera, cuando es ejecutada
solamente para el beneficio individual o de una camarilla fanatizada.
La novísima reforma judicial de carácter constitucional,
aprobada por la mayoría de los legisladores federales y estatales (que no
directamente por el pueblo con mayoría de edad) se dio en el marco de una
democracia mercantilizada, con una partidocracia corrupta, en forma precipitada,
con mucha irreflexión y definida bajo consigna. Cuya iniciativa legal fue
emanada por una personalidad política para favorecer intereses personales y grupales,
pero no de la nación y un pueblo en su conjunto.
Para su aprobación fue utilizada la vía del fast track
(de rápida resolución) con intenciones ex profesas de eludir la posibilidad del
conocimiento pleno de la iniciativa presidencial y, por ende, de un amplio
análisis de su contenido, para tomar una decisión perfeccionada en lo máximo
posible; antes de modificar una parte de nuestra máxima guía legal de estructuración
y actuación que norma el quehacer cotidiano de las instituciones
gubernamentales y de los integrantes de la sociedad civil. Lamentablemente prevaleció
el dogma y la consigna, para evitar toda clase de discusión. Tengamos en cuenta
el dicho popular que dice que, lo que mal enraíza, endeble crece;
independientemente de tener o no buena savia. Lo que mal empieza, a la larga, mal
acaba.
La reforma judicial de naturaleza constitucional recién
aprobada representa un cambio de la estructura y de los procesos legales que
nos rigen como país y que, por su forma de haberse hecho, lejos de aproximarnos
a un Estado de Derecho de mayor certeza, honestidad, imparcialidad y transparencia,
bien puede derivarnos a un Estado de Chueco, con un núcleo axiológico tronchado,
parcializado y sumamente politizado. - “No me vengan con ese cuento que la
ley es la ley”, dixit presidencial de López Obrador (6/04/2024) –
Quedo destrozada en su espíritu auténticamente de justicia la
reforma judicial aprobada, cuando lleva plasmada la firma, de autoría principal,
de un gobernante cuyo principio político del quehacer público es justipreciar
más la lealtad que la capacidad. Tengamos también en cuenta que, una buena
ley se acata por convicción; una ley mal elaborada, se desacata por
conveniencia: ya sea por arriba, por abajo o por los lados.
El momento culminante para su incorporación a la máxima
legislación del país fue la voluntad de un solo individuo ubicado en la cúspide
del poder (AMLO); y del respaldo determinante y, en última instancia, del voto
de un legislador ubicado como uno más de los mercaderes de las voluntades
individuales (Miguel Ángel Yunes Márquez. PRI-PAN) por sus prácticas
deshonestas pasadas. De tal suerte que, la reforma judicial se aprobó gracias a
un voto corrupto; ergo, mal parido.
En su primera actuación importante, la recién legislatura
federal, de mayoría morenista, ha mostrado oficio con escasa legitimidad en sus
procesos. ¡Uf!
Pd. ¡Aguas! Como ya no hay mucho que robar y/o extorsionar
en la desastrada Ciudad de Acapulco, la delincuencia está trasladando su “campo
de labor” a la Ciudad de Chilpancingo, donde el Ayuntamiento de Morena cuenta
únicamente con 25 policías municipales en activo de una plantilla de 125
elementos que cobran sueldo constante y sonante. ¡doble uf!
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