Comentario radiofónico. (10/02/2011)
Si queremos fortalecer la democracia en Guerrero, es necesario revisar y perfeccionar, jurídicamente, algunos aspectos contenidos en el código electoral y en el propio funcionamiento del Instituto Estatal Electoral.
No es satisfactorio seguir con la farsa de decir que el árbitro electoral está ciudadanizado cuando está partidizado de cabo a rabo.
A valores entendidos y en los hechos, cada partido tiene derecho a colocar una determinada cuota de consejeros electorales, de acuerdo al número de curules que detenta en el congreso local.
La resultante es que tenemos un árbitro electoral que actúa, en algunos aspectos, como juez y parte en los comicios. Haciendo un símil grueso con un partido de futbol, los jugadores nombran al árbitro y éste queda subordinado a lo que le digan ellos.
Otro aspecto indigerible es que ante irregularidades o violaciones electorales el árbitro electoral no las para y sanciona por oficio sino que es a petición de parte.
O sea, no saca tarjetas amarillas o rojas, que por obligación debiera serlo, si no hay una solicitud expresa y debidamente fundamentada de los propios jugadores o del ciudadano.
Así, el árbitro guarda mutis e inmovilismo, vergonzoso y exasperante. La ciudadanía contempla con impotencia cómo hacen de las suyas los políticos, los candidatos y sus respectivos partidos con total impunidad.
En otras palabras, pareciera que no existiera posibilidad alguna de sancionar en debida forma y de manera expedita a los contendientes.
De no revisarse esos aspectos del funcionamiento del Instituto Estatal Electoral, entonces sí para las venideras elecciones locales ¡Sálvese quien pueda!
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