Violencia para desestabilizar.

 

Héctor Manuel Popoca Boone.

Parece ser que en este período de fin de año varios grupos sociales se han propuesto provocar violencia social, para que el país entre en una fuerte inestabilidad que permita romper con el orden institucional y así aprovechar la oportunidad para consolidar sus privilegios particulares por encima de los superiores de la nación.

De que actualmente hay en México, descontento y malestar social, por la inseguridad, corrupción e impunidad, no puede negarse. Fueron fenómenos antisociales engendrados, cultivados y acrecentados por la negligencia institucional de una casta de políticos inescrupulosos, de empresarios y otros segmentos de la sociedad del mismo tenor, al usufructuar el poder gubernamental durante muchas décadas atrás.

Actualmente no hay circunstancia difícil de gran mella que señale que estamos en una situación de absoluta ingobernabilidad y de crisis social; sin querer decir con eso que arriemos las banderas por la erradicación de vicios, incompetencias institucionales y privilegios indebidos que, en lo económico, se prohijaron para unas minorías. Nuestro sistema de libertades y de derechos constitucionales que nos rigen afortunadamente nos permiten la enmienda y la corrección de aquello que consideremos procedente y urgente.

Tan es así que después de 70 años y como producto colectivo de los mexicanos y de nadie más, en forma pacífica y sin derramamiento de sangre masivo, hemos podido establecer en nuestra realidad social: la alternancia en el poder y la renovación en el mandato presidencial; ensanchando nuestra democracia que aún es imperfecta. Tenemos un sistema electoral menos manipulado y más confiable. No sin altibajos, artimañas, fraudes, represiones políticas o atropellos sociales de por medio.

Derivado de lo anterior es por lo que hoy gozamos de libertad para expresar nuestras ideas, de movilizarnos y hacer marchas y manifestaciones públicas en pro de la vigencia y respeto de todos nuestros derechos humanos; así como de criticar y repudiar todo tipo de políticas públicas que consideremos sean lesivas para nuestro bienestar social.

Con la manifestación heterogénea y amorfa, del pasado 17 de noviembre -por demás fracasada- que culminó con: a) ataques directos vandálicos a edificios históricos del zócalo de la República, perpetrados por grupos de enmascarados que surgieron en último momento de la marcha, b) dichos grupos estaban equipados exprofeso con herramientas para tumbar las vallas metálicas de protección ya instaladas previamente. c) ausencia de un templete en el zócalo y de los organizadores del acto y d) inexistencia de un pronunciamiento público donde los promotores dieran a conocer las razones de ésta. Todo lo anterior, genera indicios de un posible plan orquestado con antelación, por responsables de alto nivel, que no dieron la cara, para provocar una represión violenta a la ciudadanía joven y adulta participante.

Refuerzan esos indicios los intentos de otra inesperada marcha convocada por una organización, X, sin cuerpo e identidad propia, realizada el día de ayer, 20 de noviembre, en contra respuesta al desfile oficial. Por fortuna gozó de poca asistencia y no hubo encontronazo ni confrontaciones violentas que lamentar.

Por último, está el anuncio hecho por algunas organizaciones del transporte de carga del norte de la República y de productores rurales de esa región de que, para forzar un “paro económico nacional” intentaran bloquear carreteras del país. Similar estrategia fue usada en las semanas antecedentes al “golpe de estado” mediante el cual se instauró la dictadura militar en Chile durante los años de 1973-1990. ¡Aguas!

PD. Estimado director, Juan Angulo: Informo a usted y a los apreciables lectores de “El Sur” una pausa que haré en la entrega semanal de mis artículos de opinión por lo que resta de este fin de año; agradeciéndoles de antemano su comprensión.

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Precaución con la marcha de hoy

 Héctor Manuel Popoca Boone.

I .Me viene a la memoria la marcha de protesta estudiantil del Jueves de Corpus Christi convocada por líderes del Politécnico Nacional y de la UNAM, efectuada el 10 de junio de1971; cuando en plena manifestación de universitarios y politécnicos que marchaban en forma pacífica hacia el Monumento a la Revolución, en solidaridad por nuestros compañeros y compañeras de Monterrey, fueron sorpresiva y abruptamente golpeados y algunos de ellos asesinados por jóvenes porros paramilitares, armados de palos de combate y algunos portando fusil M-1, los denominados “Los Halcones”, respaldados y financiados por la Policía del entonces Distrito Federal (DF).

Poco después se supo que ese millar de vándalos y golpeadores, fueron reclutados, organizados y equipados por las autoridades capitalinas. Lograron su objetivo de desbaratar la manifestación y apresar a varios dirigentes estudiantiles para enviarlos a las cárceles localizadas en el centro de la capital.

A partir de entonces me cuidé mucho de asistir a otras manifestaciones de tipo social si no conocía, bien a bien, a los organizadores de las mismas y las circunstancias y causas que rodeaban a ese tipo de eventos de protesta, por el temor de ser manipulado vilmente como un borrego más.

Con el correr de los años constaté que, en algunas de las manifestaciones realizadas en la CDMX, hacían acto de presencia grupos de porros, con sus rostros cubiertos, armados de tubos y palos, para reprimir a las personas que se manifestaban y causar destrozos y robos a casas, comercios y edificios públicos localizados en las calles que transitaban; con el fin de desprestigiar y concitar el repudio ciudadano hacia los auténticos manifestantes y sus demandas; haciéndose pasar como integrantes radicalizados y actuando con total impunidad.

II .Precaución! Para el día de hoy, ha sido convocada una marcha de protesta contra la política presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo (CSP). Los promotores son disímbolos y nebulosos convocantes, acuerpados por una organización amorfa y apartidista denominada, “Generación Z”, de corte internacional y sin voceros ni líderes visibles nacionales que den la cara como responsables de la convocatoria; aun cuando ya vemos algunos proponentes del PRI y del PAN y profesores de algunas secciones de la CNT) que de suyo, siempre han tenido demandas encontradas, algunas de ellas ya fueron atendidas, y propósitos diferentes, algunos de ellos inconfesables. Con su cobardía personal habitual es difícil discernir a cada uno de ellos, sobre todo a los plutócratas financieros. Extraña mezcla.

Repito, los verdaderos objetivos para esta marcha no son explícitos, ni claros; algunos de los convocantes no están del todo identificados y se mueven clandestinamente. Los principales financistas de la marcha navegan en la oscuridad y, lo peor de todo, se incita al vandalismo, la violencia, a la confrontación criminal bajo la consigna subrepticia de desestabilizar al gobierno de, CSP, que ha estado abierta al diálogo, a la propuesta, al respeto y a la solución posible de algunos problemas. Además para el 2028 está el ejercicio democrático del referéndum constitucional de la revocación de mandato.

III .Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, debe fortalecer su mandato presidencial al hacer a un lado a políticos impresentables por corruptos o con vínculos con el narcotráfico, incrustados en su partido Morena; así como aquellos colaboradores que han exhibido mendacidad, deslealtad, ineptitud, negligencia o enriquecimiento inexplicable. Ella sabe perfectamente quienes son pero los cubre con manto de impunidad. Eso le resta simpatía, que la mayoría de población que gobierna le muestra. Es imperativo que haga valer en la práctica el no robar, no mentir, no traicionar y preferentemente dar atención preferencial a los pobres. Lo mismo que la práctica, en su equipo de trabajo, de la austeridad, la laboriosidad y la sencillez.

PD. Mientras tanto en Guerrero seguiremos aguantando dos años más el infausto legado de AMLO de habernos designado a la actual gobernadora y a su “papá incómodo”. Resiliencia y paciencia es lo que nos queda.

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Invertir para transformar.

 Héctor Manuel Popoca Boone.

 

Una economía que consume más allá de todo lo que produce en forma lícita; sin ahorrar ni invertir una parte de su riqueza social, indefectiblemente pierde inercia y entra en estancamiento. Si su población se ve incrementada anualmente, disminuirán las disponibilidades financieras y los satisfactores materiales y de servicios. Quedará obligada a recurrir a préstamos externos de largo plazo para cubrir la brecha entre lo que consume y lo que genera como ingreso social. En el mediano plazo será una economía insolvente; sin inversión productiva ni tecnológica de innovación; sin recursos para sostener su crecimiento económico y desarrollo social.

 

Con el tiempo, una economía nacional con un déficit grande en su funcionamiento entrará en recesión y crisis económica donde la temible inflación galopante y después la devaluación abrupta se encargarán de disminuir el bienestar social del país. Incluso, posibilita la estanflación, que es la aparición simultánea de inflación elevada, desempleo crónico y un estancamiento económico.

 

En la propuesta de gastos que prevé tener el gobierno federal de México para 2026, contempla un gasto total de aproximadamente 10.19 billones de pesos, lo que representa un incremento real de 5.9 % respecto a 2025. En tanto los ingresos serán casi del mismo monto 10.2 billones de pesos, con permisibilidad (no recomendable) para incrementar la deuda interna con fines de financiamiento al gasto público hasta por 1.7 billones como límite máximo y un endeudamiento neto externo de hasta 15,500 millones de dólares.

 

Del total del presupuesto de egresos, alrededor del 82.4 % ya está comprometido en obligaciones ineludibles como son el pago de deuda, pensiones, participaciones federales a los estados, programas de protección social; sostenimiento de los sectores prioritarios: salud; educación; seguridad pública; defensa nacional; administración gubernamental e inversión para terminar de construir infraestructura en proceso.

 

La alta proporción de gasto comprometido (cuatro quintas partes) limitará la flexibilidad presupuestaria para hacer transferencias y/o reasignaciones, lo que significa que nuevos programas de inversión productiva generadores de empleos, permanentes y formales, deberán financiarse con recursos extras que impactarán en más deuda pública, mayor inflación e incremento de la tributación fiscal regresiva al consumo.

 

Es probable caer en déficits financieros puesto que los gastos serán mayores que los ingresos y eso restará fondos para disminuir las brechas educativas, tecnológicas y científicas; la reposición de maquinarias y plantas productivas ya obsoletas; así como cubrir imprevistos y contingencias.

 

La inversión fija nacional realizada entre agosto del 2024 al 2025 disminuyó en 8.9 por ciento, por lo que la expectativa de crecimiento de la inversión productiva para 2026 será reducida; por consecuencia la oferta de mercancías y servicios básicos será inaccesible para una mayoría de la población que tiene ya de por sí un poder adquisitivo bajo.

 

Los principios de macroeconomía anteriormente señalados no son del todo respetados por los gobernantes y políticos de la denominada, “Cuarta Transformación”. Atenderán preferentemente lo que reditúa más en política en el corto plazo: “los programas sociales” es decir, apoyos directos de recursos monetarios a la población más vulnerable del país. Los subsidios directos a la población pobre para fortalecer su consumo son correctos, siempre y cuando sean respaldados por la suficiencia de ingresos derivados de la inversión para la producción y el trabajo. Sobre todo, en un país como el nuestro, caracterizado por una gran desigualdad social.

 

Conclusión: A México le urge que el sector público y el privado promuevan y realicen una mayor inversión, no especulativa sino productiva, para generar mayor número de empleos formales y permanentes.

 

PD. El presidente estatal de Morena considera que a la población de Chilpancingo la cuidan bien las fuerzas institucionales avocadas a eso; en tanto 9 ciudadanos capitalinos de cada 10, declaran vivir en un ambiente de inseguridad pública (INEGI). Dos formas diametralmente opuestas de percibir una realidad, según lo empoderado que este uno. ¡Uf¡

 

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Educar para transformar

 

Héctor Manuel Popoca Boone.

 

Sin transformación mental, no hay bienestar social duradero. Una de las enseñanzas que podemos tomar de la gesta de la humanidad a lo largo de su historia universal es que los grandes cambios y avances sociales se dan -teniendo como prerrequisito indispensable- amplias transformaciones mentales en sus pueblos, para garantizar la permanencia acrecentada del bienestar social a lo largo del tiempo.

 

Las transformaciones mentales comienzan con dotar y moldear en la mayoría de los integrantes de la sociedad una nueva mentalidad, que los encauce en una hazaña de progreso y superación continua; para conducirlos a mejores estadios de libertad, bienestar familiar y social; tanto en lo material como en lo cultural, en un contexto de buena calidad de vida y de armonía sana y sustentable con la naturaleza.

 

En otras palabras, para su transformación real, no demagógica, México necesita de nuevas maneras de pensar, de aprehender, reflexionar y valorar; al contemplar cosas, situaciones y problemas; ideando y poniendo en práctica nuevas formas de realizar las faenas cotidianas en los diferentes ámbitos del qué hacer social. Tener siempre en mente el procurar un nivel de bienestar social superior al existente con una menor desigualdad social.

 

La tarea embarga a toda la ciudadanía y a los tres niveles de gobierno. Es un esfuerzo educativo colectivo, escolarizado y no escolarizado, constante y permanente, que se realiza tomando como base lo mejor del acervo universal del conocimiento científico, tecnológico y cultural, acumulado por la humanidad.

 

Para realizar lo anterior necesitamos de nuevas e innovadoras concepciones, habilidades y adiestramientos mentales que proporciona una educación escolar de buena calidad. No en balde las grandes potencias mundiales se distinguieron en un principio por el fuerte desarrollo educativo de las generaciones emergentes que, con el recorrer de los años, han tomado las riendas de la conducción de sus países.

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elabora indicadores para evaluar, los diferentes factores que posibilitan la mejora del bienestar económico, social y ambiental en cada uno de sus países miembros. Para el sistema de educación prevaleciente en México, señala como retos importantes: a) -superar la desigualdad de género, b) -incrementar el gasto educativo. d) -la mejora en el acceso a la educación y a la capacitación técnica y laboral y d) -a una mayor calidad del desempeño de los educadores, así como el respectivo rendimiento de los estudiantes; en el marco de una mejor correlación del sistema educativo con las oportunidades reales y equitativas que existan de tipo laboral.

 

Eduardo Backhoff, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativas, A.C., analiza con preocupación en el informe de la OCDE (Panorama Educativo 2024) que en México el gasto relativo anual promedio en todos los niveles educativos -incluyendo la investigación científica- va a la baja, mientras que el promedio erogado en los países de la OCDE va al alza. México destina el 4.2 por ciento de su Producto Bruto Interno (PIB) al sector educativo; mientras que el promedio de los restantes países es de 4.9 por ciento. La inversión por estudiante en nuestro país se encuentra en el último lugar de la OCDE y lo que es peor, ¡disminuye anualmente (-18 por ciento) mientras que en los otros países aumenta (+9 por ciento)! En cuanto a docentes, los de México acusan deficiencias en su capacidad de enseñanza por falta de actualización. Los sueldos de nuestros profesores son 23 por ciento inferiores que el promedio de los prevalecientes en los demás países.

 

En síntesis, el panorama educativo de México (según la OCDE) no es bueno: a) Cuatro de seis jóvenes adultos solo cuentan con el nivel de educación básica, b) Uno de tres jóvenes está fuera del sistema educativo, c) seis de diez egresados de educación superior proviene del sector educativo privado, d) la inversión en educación ha disminuido, e) se invierte menos en educación infantil, f) en primaria, la educación privada invierte más por estudiante que el sector público y g) el número de alumnos que tiene que atender un docente mexicano es del doble que sus pares internacionales, aunque su salario es una cuarta parte menor. Estas cifras evidencian que, para los gobiernos mexicanos de la última década no ha sido una prioridad mejorar la educación del país. Por demás está mencionar que nuestro país esta ubicado dentro de los últimos lugares de la evaluación educativa, dentro de los países que integran la OCDE.

 

Los países con mejor desempeño educativo comparten como factores estructurales: Inversión sostenida en educación pública. Formación y evaluación continua de docentes. Equidad en el acceso a la enseñanza y en la colocación laboral. Fomento de habilidades científicas. Pensamiento crítico y de reflexión propositiva.

 

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Guerrero y los jinetes apocalípticos.

 

Héctor Manuel Popoca Boone

A cuatro años del presente gobierno estatal en Guerrero, sigue prevaleciendo una gobernabilidad inestable como rasgo distintivo propio en el concierto de las entidades de la república. No lo digo yo solamente, sino que es opinión de muchos ciudadanos mexicanos. Además continua el andar, a galope tendido, de varios jinetes apocalípticos que la tienen postrada como una entidad federal fallida; si no es que irremediablemente perdida.

Nuestra histórica pobreza social y económica prevalece en forma acentuada. Los indicadores que señalan su magnitud nos colocan en los niveles nacionales más bajos de salud, educación, seguridad pública y crecimiento económico; es decir, en el sótano de la nación, para nuestra ignominia. Si a esos jinetes les agregamos sus imprescindibles escuderos, como lo son: la corrupción, la ilegalidad, la impunidad, la irresponsabilidad y la mala administración pública; encubiertos en el engaño, la hipocresía, la deshonestidad, la falta de vocación de servicio, de inversión pública y privada, así como por la sempiterna dejadez de los funcionarios públicos estatales y municipales, concluiremos que somos un pueblo signado por la desgracia perenne y por un sometimiento, sufrimiento y conformismo social de triste sino.

Si agregamos los infortunios generalizados con los que la madre naturaleza nos ha castigado en las últimas décadas, como son los fenómenos hídrico-meteorológicos entre otros, que nos provocan graves pérdidas humanas y materiales, podemos también concluir que, el sureño, es un pueblo estoico y pletórico de resiliencia permanente, aun cuando algunos digan que somos masoquistas y desafortunados por naturaleza.

No es de extrañar los revientos sociales regionales que se presentan, de vez en vez, ya que somos los olvidados de la República. El gobierno federal y los partidos políticos nos voltean a ver solo en época de procesos electorales o de grandes desastres naturales; menos, ni se acuerdan de nuestra pobre existencia. Ingratos han sido algunos gobiernos federales por el insuficiente apoyo que nos han brindado como territorio federado, debilitado y deteriorado.

No nos debemos de extrañar por el cúmulo de marchas, bloqueos y plantones de protesta de ciudadanos, ya sea en edificios públicos, avenidas o carreteras, a lo largo y ancho de todo el territorio guerrerense. Nos causan irritación al hacernos perder tiempo, dinero, esfuerzo y salud al llegar con demora a nuestras citas y trabajos, por culpa de los que impiden la circulación y el libre tránsito o trámite, pero nos resistimos a comprender las causas que los motivan a realizar esos actos ilícitos, a veces vandálicos; causados por el enojo acumulado y la poca atención gubernamental a demandas sociales muy sentidas; como la carencia de justicia imparcial y vigencia de la legalidad; adeudos de salarios y pensiones; de obras públicas inconclusas; de acciones de gobierno no realizadas pero reiteradamente prometidas para el beneficio de barrios, colonias populares, comunidades rurales, etc.

No hay justificación alguna para dichos actos de arbitrariedad y de desesperación popular, pero si es necesario entender el porqué de las génesis de ese tipo de manifestaciones de exigencia justa y de protesta social menospreciada.

En el transcurrir del tiempo, afortunadamente en Guerrero se ha desarrollado un poder civil creciente representado por movimientos y organizaciones sociales municipales y regionales, de carácter cívico-solidario de auxilio mutuo, que no buscan el poder institucional sino ser vigilantes del buen uso del mismo y de la exigencia del respeto a todos los derechos humanos de todos.

No menos importante es tener presente el ente apocalíptico representado por los grupos de la delincuencia y del crimen organizado que su poder, en la actualidad no solo se origina en el tráfico de estupefacientes a nivel nacional e internacional, sino que ya está enraizado en la extorsión, el derecho de piso, en el secuestro, en los procesos de elección popular; infiltrado está también en los tres niveles de gobierno que actúan en estas regiones del sur; en los contubernios económicos con empresarios inescrupulosos; así como en el control del transporte público y de carga; en el abasto y mercadeo regional y local de bienes y mercancías. ¡Uf!

PD. Lo más recomendable para nuestra sufrida y muy dependiente entidad federativa es que el próximo gobernador o gobernadora no posea mácula alguna de deshonestidad, tenga buen oficio de gobierno y sea persona cercana a la Presidencia de la Republica. No hay que dar tanto brinco; estando el piso tan parejo. Llegó la hora de alinearse. ¿O no?

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De poder a poder.

 Héctor Manuel Popoca Boone.

Si definimos al poder como el ejercicio de control y dominio de seres, cosas, actividades, recursos, modos de vida y comportamientos sociales dentro de un territorio determinado; podemos considerar que, en un país, región, ciudad, o comunidad dada, coexisten diferentes poderes que son detentados por uno o diferentes grupos sociales de los cuales el preponderante será aquel que tiene la supremacía y predominio de la fuerza violenta, legal o ilegal, para imponer su voluntad a los demás y marcar el orden que debe acatarse ineludiblemente por el conglomerado.

En el municipio, concretamente hablando de la ciudad de Chilpancingo existen: I.- El poder político. Formalmente lo detenta la presidencia municipal democráticamente surgida de la clase política, conformada por partidos políticos que, bajo las leyes establecidas y bajo pacto social constitucional tiene a facultad junto con sus instituciones, leyes y bandos, a dirigir la gobernanza y otorgar gobernabilidad adecuada, circunscrita al territorio municipal; teniendo facultades de recabar recursos fiscales para su sostenimiento. Para tal efecto, cuenta también con la coadyuvancia de los gobiernos superiores: estatal y federal; imponiéndose y ejerciendo la fuerza institucionalizada, representada por la policía municipal.

II. - El poder económico. Representado por los grupos empresariales que poseen capital económico y que influyen y actúan para hacer valer sus intereses propios de clase social, a través de las ganancias económicas emanadas de sus empresas y negocios particulares. Es un poder que se genera mediante dinero lícito acumulado gracias a sus capacidades y habilidades empresariales y profesionales; arriesgando su capital privado que colocan ya sea en el comercio, la producción de mercancías y de servicios; generando empleo a la clase trabajadora que vende su fuerza de trabajo. También los empresarios escrupulosos tienen capacidad de vincular el medio urbano con el medio rural que es el generador de alimentos básicos.

III. – El poder ideológico de las creencias sociales en general, pregonadas por las iglesias, centros de estudios y grupos pensantes de investigación social organizada que actúan en el conglomerado civil; tratando de escudriñar, convencer y expandir su propia fe, convicciones, e ideales; difundiendo los principales aspectos de su fe, principios, moral, ética y civilidad, motivados por las circunstancias de convivencia que prevalecen en la sociedad.

IV. – El poder militar nacional. Constituido por las fuerzas armadas (ejército, marina y guardia nacional), constituidas y financiadas por el gobierno federal establecido; mismas que están destinadas a proteger al pueblo y a preservar nuestra soberanía nacional; cuyos centros de operación son los cuarteles que fungen como sedes de acción regional y cuyo comandante general es localizado en el Poder Ejecutivo de la Nación.

V. - El poder de la delincuencia organizada. Contemporáneamente surgido en grupos dedicados al delito que usan la para lograr sus finalidades con fuerza eminentemente violenta e ilícita; otorgándoles a su vez fuerte poderío económico y preeminencia social. Originalmente deriva de la muy lucrativa producción y tráfico de estupefacientes, que les permite actuar con suficiente impunidad mediante el soborno, la extorsión, el homicidio y la tortura para infundir temor y terror para expandir sus acciones ilícitas e incursionar en otras actividades generadoras de ingresos económicos ya sean estas legales o francamente ilegales.

VI. – El poder ciudadano. – Generado por movimientos civiles contestatarios y/o reclamantes al poder gubernamental establecido. Provocado por las múltiples ineficiencias, contradicciones, latrocinios y falsedades en los actos de gobernar. Motivados por causas, reivindicaciones y luchas de carácter social, específicas o generales, que nacen del hartazgo en malestares, injusticias, imposiciones, sumisiones y afectaciones paralizantes en el ámbito civil, que dada su agudeza con la que actualmente se presentan lesionan sus derechos humanos y su convivencia y quehacer cotidiano pacífico dentro de la sociedad.

En su devenir para expandir sus intereses, el comportamiento de estos poderes, entran en contradicciones, pugnas y disputas entre sí; o también en alianzas, complicidades y contubernios mutuos por establecer algunos objetivos comunes. Con los resultantes ya conocidos por todos. Por ejemplo, en la ciudad capital de Guerrero el poder dominante de facto es la delincuencia organizada, que ha infiltrado al poder político y al económico lo mantiene extorsionado y a la ciudadanía sometida mediante el temor y la violencia; las víctimas son a cuenta de ciudadanos, sacerdotes, políticos y funcionarios o políticos que no se someten o pactan en lo oscuro. Las estadísticas de la criminalidad asi lo señalan. El poder militar se mantiene impertérrito y contemplando, con algunos de sus malos elementos ya convertidos en cómplices de la delincuencia organizada. Las creencias de la paz social cada día se ven más remotas de alcanzar. ¿O no?

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Chicaneadas del Estado Mexicano (2)

 Héctor Manuel Popoca Boone.

 

Segunda chicaneada. Ésta se refiere al cumplimiento de una reparación colectiva, que forma parte de la sentencia emitida el 30 de agosto del 2010 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en contra del Estado Mexicano (EM) y a favor de la mujer indígena me-phaa, Inés Fernández Ortega; al ser víctima el 16 de diciembre de 1996 de una agresión sexual hecha por malos elementos del ejército mexicano. Después de 14 años de litigio, en los resolutivos: 22 y 23 de su sentencia la CIDH dispuso que el EM otorgara los recursos necesarios para establecer en la comunidad indígena de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, un centro comunitario a favor de la mujer indígena; de defensa de sus derechos humanos y contra la violencia de género; que las niñas que cursaran estudios secundarios en la cabecera municipal contaran con facilidades de alojamiento y alimentación adecuadas, de tal manera que no truncaran la totalidad de su educación básica.

 

El “Centro Comunitario contra la violencia a las mujeres indígenas del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero”, fue construido y equipado por parte del Estado Mexicano, durante el segundo gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero (PRD). Las instalaciones edificadas fueron pensadas para ocho áreas funcionales. 1) dormitorio para niñas, baños y cocina. 2) áreas de cubículos para atención médica; 3) aulas de capacitación sobre los derechos humanos; 4) área para orientación y terapia psíquica; 5) área de orientación jurídica, 6) área de recreación social y ejercicios físicos; 7) área administrativa.

 

Terminada la construcción y equipamiento para el inicio de operaciones del Centro, le correspondió hacerlo al gobernante entrante, Héctor Astudillo Flores (PRI), en el año 2015; quien derivó la encomienda a su secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame. En esas fechas lo que faltaba para entrar en funcionamiento era formalizar la personalidad jurídica del Centro Comunitario, así como nombrar e integrar el Consejo Directivo que debía de ser presidido por la victimada, Inés Fernández Ortega; teniendo como suplente a la presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas de la Montaña (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel y, en general, con la participación de las representantes de las mujeres organizadas de los pueblos Me-Phaa y Na-savi del municipio de Ayutla Guerrero.

 

En el aspecto financiero faltaba formalizar un fideicomiso a través del cual el Estado Mexicano suministraría los recursos suficientes para soportar económicamente la operación del Centro en forma permanente; participando activamente la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las mujeres (CONAVIM).

 

Lamentablemente el gobernador y su secretario de gobierno quisieron imponer unilateralmente y sin previa consulta a una directora operativa del Centro que no fue aceptada por Inés Fernández Ortega y por las mujeres indígenas de la OPIM. Por lo que el gobernador y su “maestro incómodo” dispusieron mantener cerrado y en el abandono institucional las instalaciones durante los seis años de su mandato ¡amurallándolas! para que nadie lo fuera a usar; contraviniendo flagrantemente el cumplimiento de la sentencia de la CIDH.

 

El 1 de octubre del 2020 la CIDH celebró una audiencia de seguimiento por el abandono en que se encontraba el Centro Comunitario llamándole la atención al Estado Mexicano (léase: gobierno estatal). No fue sino hasta las postrimerías de su gobierno cuando el gobernador y su “maestro incómodo”, en forma mañosa y para eludir sus irresponsabilidades, instruyeron transferir el inmueble -sin recursos económicos para su operación- a la Organización de los Derechos Humanos de la Montaña, “Tlachinollan”.

 

La inauguración formal del Centro, ahora con el nuevo nombre de “Centro Comunitario, Gúwa Kúma (La Casa de los Saberes), fue hecha por el subsecretario de gobernación federal, Alejandro Encinas, junto con la víctima, Inés Fernández Ortega, en septiembre del 2021 ¡veintiún años después de haberse emitido la sentencia por parte de la CIDH! Y después de haber atravesado la víctima y su organización indígena por un mundo de engaños, vicisitudes y carencias de todo tipo. Afortunadamente no lo han dejado caer; habiendo dado a la fecha protección contra la violencia a más de 500 mujeres indígenas.

 

Conclusión: El exgobernador, Héctor Astudillo Flores y su equipo de trabajo, fue el responsable de que no operara “El Centro” durante la friolera de sus seis años de gobierno y que, junto con el escaso cumplimiento -también a regañadientes- de dos sendas Alertas de Género contra las mujeres, emitidas en 2017 y en 2023 por la CONAVIM (aún vigentes), los pintan con su aura de racismo y misoginia.

 

**Para los efectos de litigios ante la CIDH de alguna parte del pueblo contra alguno o varios de los tres niveles de gobierno de México (federal, estatal y/o municipal) a estos últimos se les denomina “El Estado Mexicano”

 

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