sábado, 9 de abril de 2011

De cara al 2012

Héctor Manuel Popoca Boone.

Transcribo la conversación que tuvimos, el suscrito (HP), con el Dr. Arturo Pacheco Bedolla (APB), consejero estatal electoral.
(HP). ¿Por qué la percepción popular es mala respecto a la actuación del Instituto Electoral Estatal de Guerrero (IEEG).?
(APB). No comparto esa apreciación del todo. Nuestro comportamiento en las pasadas elecciones fue digno, legal y decoroso. Además hay que diferenciar bien lo que es la verdad social, a la que usted llama percepción popular, y lo que es la verdad legal.
(HP). ¿Entonces cuál es la diferencia entre verdad social y verdad legal?
(APB). Verdad social la defino como aquellas percepciones subjetivas y/o juicios de valor, individuales o colectivos, que se dan en torno a actos supuestamente irregulares o ilícitos y en donde prevalece la creencia errónea de que el IEEG no hizo lo conducente conforme a derecho. Por otra parte, la verdad legal se construye a partir de una denuncia explícita y formal que desata todo un procedimiento jurídico en donde se contienen pruebas documentadas, alegatos, tesis, antítesis, comparativos con la legislación aplicable, entre otras cosas, que derivan en un resolutivo o dictamen legal.
(HP). ¿Qué hacer para acercar la verdad social a la verdad legal?
(APB). Acrecentar la cultura democrática de la ciudadanía. Que esté bien y oportunamente informada de nuestra actuación y proceder, nuestras competencias y facultades,  así como de las normas y reglas que nos rigen.
(HP). ¿Sancionan ustedes delitos electorales?
(APB). No, para eso está la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales correspondiente. Nosotros atendemos quejas o denuncias por posibles violaciones administrativas a la legislación electoral.
(HP) ¿La actuación de ustedes se apega estrictamente a derecho?
(APB). Sí. La prueba es que varios de nuestros dictámenes y resoluciones fueron apelados y recurridos ante el Tribunal Electoral del Estado y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en la mayoría de los casos, confirmo nuestros criterios.
(HP). ¿Qué se puede hacer para agilizar la operación del IEEG para la atención de denuncias o quejas?
(APB). Haciendo reformas a la ley vigente, ya que esta prescrito que el único facultado para dictaminar y aplicar las sanciones correspondientes es el Consejo General y la realización de sus sesiones no son de manera continua. Habría que darle más facultades ejecutivas a las comisiones en algunos casos, sobre todo a la Comisión de Quejas y sin duda alguna, crear la Unidad de Quejas y Denuncias con personal jurídico dedicado solo a la sustanciación y resolución de las quejas o denuncias, ya que en estos momentos esa actividad la realiza la Dirección Jurídica que a su vez tiene otras responsabilidades.
(HP). ¿Qué tanto los representantes de partidos ante el IEEG obstruccionan la adecuada operación del mismo?
(APB). La ley contempla que su actuación puede regirse para la salvaguarda de sus intereses partidarios más que por los intereses institucionales o netamente ciudadanos. Incluso pueden no estar de acuerdo a los criterios institucionales o de los propios consejeros electorales.
(HP). En las pasadas elecciones hubo rebase en los topes de campaña, exhibiendo un gran derroche de recursos y ustedes no dijeron ni pío. ¿Por qué?
(APB). Hasta este momento no hemos dictaminado los informes de gastos de campaña de las Coaliciones y el Partido Acción Nacional, de modo tal de que el límite es el día diecisiete de diciembre para dictaminar al respecto.
Ahora bien, debo decir que en mi opinión se requieren reformas a la legislación electoral para que se creen los instrumentos y mecanismos para indagar donde, cómo, con qué y con cuanto las personas físicas y morales particulares apoyan a los candidatos y partidos de su particular preferencia. Para el 2012 en este aspecto sería recomendable que la legislación facultara al IEEG hacer monitoreo muestrales, no solamente a nivel distrital sino en todos los municipios del Estado puesto que se llevarán a cabo elecciones de diputados locales, presidentes municipales y  hasta de regidores.

 

1 comentario:

  1. El argumento de "Verdad social" "verdad legal", es una forma de encubrir un problema central: la diferencia entre legitimidad y legalidad. La primera tiene que ver con los consensos, con las percepciones de los individuos y la sociedad sobre el comportamiento de las personas y de las instituciones.
    En el 2006, el IFE argumento que el hecho de no revisar las urnas una por una, se debia a una limitación legal y tenían razón, pero esto no legitimó al IFE, al contrario lo desligitimó y perdió credibilidad y confianza lograda. Se olvidan en ocasiones, que tanto el IFE, como las Instituciones locales, encargadas de los procesos electorales, emergierón para dar confianza y certeza, el primer caso se recurre a la legalidad, el segundo a la confianza.
    En el momento que se disocían, ya andan fallando a la sociedad y a los ciudadanos, a quienes se supone representan en este nivel. Max Arturo

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