Desobediencia o resitencia civil.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Precisemos que desobediencia no es igual que resistencia civil. La primera significa el no acatar y montar en rebeldía por parte de la ciudadanía ante una ley o norma emanada de una autoridad. El significado de la segunda es de contención a la posible consecución de una injusticia, arbitrariedad o atropello de las instituciones a la colectividad mayoritaria gobernada.

La desobediencia civil a la autoridad presidencial electa de la república puede derivar en connato de ilegalidad social, aún cuando el gobierno haya surgido de la ilegitimidad. La ilegalidad social da pie al quebranto de las reglas de la convivencia ciudadana en la paz y en el respeto social; dando paso a una espiral de inseguridad y posible violencia, tanto individual o social.

Si la ley es injusta procede cambiarla más no desobedecerla aún cuando pudiera ser un uso y costumbre arraigado socialmente. También la desobediencia da pretexto fácil a la represión social porque en este país impera la impunidad; y convencido estoy que más se pierde de lo que se gana en una vorágine de ilegalidades.

Sabemos bien que con el PRI continuarán los poderosos del dinero y de la política conservadora con sus egoístas intereses para empoderarse aún más de lo que ya están. No soltaron las riendas del poder para seguir gobernando a la mayoría de la población domesticadamente, dándoles pan y circo a pesar de hacerlo en forma menguada y en un clima de violencia de la delincuencia común y de la organizada.

En cambio, la resistencia civil se concibe como la construcción de diques y valladares para inhibir actos que persigan afectar a la mayoría de la población de posibles injusticias, atropellos, autoritarismos o del saqueo de las riquezas naturales pertenecientes a las comunidades y a la nación.

Es la resistencia civil la que se debe implementar ante las renovadas políticas públicas priistas que pudieran lesionar el patrimonio de la mayoría de los mexicanos. Es una opción explícita, pública y activa, consciente y deliberada, en el marco de una legalidad que también, gracias a esa resistencia, puede modificarse en sus alcances de protección colectiva.

La resistencia civil no implica desmovilizarse; todo lo contrario, su fuerza radica en hacerlo colectivamente sin afectar los derechos de nuestros semejantes y en el marco de la legalidad.

Es válido movilizarse para la toma de consciencia de la concentración de la riqueza nacional en unas cuantas manos, de los faltantes en educación, en salud, en oportunidades para los jóvenes o por el desempleo crónico. A la manipulación social por parte de los corporativos televisivos, etc.

La resistencia civil empezará en el momento que traten de llevar a cabo las principales reformas estructurales que afectarán lo laboral, fiscal, el sector energético, entre otras. Del contenido y de sus propósitos últimos será el grado de rechazo o aceptación popular de las mismas.

Ejemplo de resistencia civil pacífica fue la realizada cuando Felipe Calderón pretendía privatizar PEMEX la que se impidió al mostrar el repudio de una buena parte de la población. O las que han estado realizando los pueblos indígenas y algunas organizaciones sociales para hacer respetar sus derechos humanos e impedir el saqueo de sus recursos naturales. O las que dieron origen a la política comunitaria para contener la delincuencia en las comunidades de los pueblos originarios.

La resistencia civil es gobernar desde abajo, desde los desprotegidos ante los posibles excesos de los de arriba, los poderosos. Con creatividad y emoción social. Sumando y no inhibiendo la participación de mucha gente. Más que desobediencia pugnemos por la resistencia civil, atrayente, propositiva y asertiva.

PD. Por si hubiera alguna duda, la ley estatal electoral establece explícitamente que quienes obtengan las primeras siete mejores calificaciones integrarán el órgano electoral como consejeros electorales propietarios; mientras que las siguientes siete serán suplentes de aquellos; lo anterior a fin de dar transparencia a la designación, teniendo el Congreso una función validadora del proceso de selección y designación de consejeros.