La parte más sensible y preocupante de la reforma
educativa es, sin lugar a dudas, la referida a las nuevas reglas laborales, que
modificaran el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en una plaza
magisterial. El nuevo ordenamiento se da dentro de una reforma laboral aprobada
con antelación para beneficio de los patrones y de las mafias sindicales
renuentes a rendir cuentas públicas.
Lo que no puede seguirse éticamente tolerando es la
privatización de las plazas por parte de funcionarios inescrupulosos y líderes
sindicales, como fuente privilegiada de enriquecimiento personal, o sea: una
plaza magisterial es vitalicia, inamovible, hereditaria, reconvertible y en su
caso, susceptible de venderse.
En la actualidad y en términos reales no se puede
despedir ni liquidar a un maestro si cae en falta grave, como ausentismo
reiterado, incompetencia magisterial frente a grupo, mercadeo en la labor docente,
sadismo con los infantes, alcoholismo manifiesto en clase, acoso sexual a los
educandos u otras lindezas. Ese fenómeno es tolerado con impunidad por parte de
autoridades educativas y líderes sindicales, cuando se presenta el caso.
Aceptemos que existe la venta de plazas, maestros
comisionados en tareas improductivas y otras anormalidades dentro de un sistema
nacional educativo que estructuralmente es corrupto en su funcionamiento, años
ha. No es problema nada más de los maestros. La mediocridad educativa la hemos
incubado todos.
La pérdida de un puesto docente debe reglamentarse como
medida extrema y no de primera instancia. Deben de prevalecer con antelación
procesos de rehabilitación, actualización y fortalecimiento de competencias
académico-pedagógicas. Tampoco la evaluación debe servir como medida punitiva y
de depuración laboral con carácter discrecional hecha por grupos facciosos de
interés y de poder enquistados en el sector.
Un maestro que con esmero y a pulso logra obtener una
plaza, su desempeño como educador será totalmente diferente a otro que la
compró o la heredó. Existe inequidad cuando un mentor es contratado por
concurso, gracias a sus conocimientos demostrados, con aquel que privilegiadamente
lo es sin haberlos evidenciado. En el primero habrá vocación y empeño. En el
segundo no.
Por otra parte y desde el otro lado de la moneda, ¿Quién
aplicará los exámenes de oposición y la evaluación a los maestros? ¿Quién
definirá los parámetros, procesos y criterios para reconocer méritos? ¿Los
políticos demagogos? ¿Los gobernantes incompetentes? ¿Los funcionarios de una
administración pública que sistémicamente es corrupta? ¿Aquellos diputados que
cobran sin trabajar? ¿Seguirán siendo las mafias sindicales? ¿Los consejeros de
un Instituto Nacional de Evaluación que serán designados a través de cuotas
partidarias?
¿Por qué no se les aplica primero el examen de
oposición y evaluación a los que pretenden implementar la reforma educativa? ¿Por qué no primero una reforma moral del
sistema político mexicano que nos gobierna?
Esas son algunas preguntas pertinentes que de buena
fe he recibido de maestros y que no puedo identificar quién puede aventar la
primera piedra. De ahí la necesidad de debatir para construir las leyes
reglamentarias de la educación, realistas y pertinentes.
PD1. Da pena que la Secretaría de Gobernación
exhorte al secretario de salud estatal para avanzar en el cumplimiento de la
sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en materia de
tratamiento médico y psicológico a la agraviada Inés Fernández Ortega, esposo e
hijos.
PD2. Es vergonzoso el requerimiento también
realizado al gobierno municipal de Ayutla para que destine 4 millones de pesos
para el desarrollo socioeconómico de los pueblos indígenas de ese municipio,
según la aplicación pactada para el año 2012.
PD3. Causa tristeza que una promotora comunitaria
pagada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
fuera la intermediaria para que un proveedor voraz vendiera maquinaria usada a
precio de nueva, a un grupo de mujeres indígenas beneficiadas para poner un
taller de huarachería en Ayutla. ¡Uff!
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