Gobierno, maestros y diputados.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Los del gobierno estatal, en un ejercicio de seria autocrítica, debemos reconocer vicios en la forma de gobernar que hemos practicado a lo largo de dos años, y como ya lo ha manifestado el gobernador Ángel Aguirre Rivero, perentorio es cavilar sobre los errores cometidos como lo son: nepotismo, simulación, derroche de dádivas, maiceo y corrupción.

Pero la opinión pública también debe reconocer la herencia de graves problemas y extravíos que se gestaron años atrás por indolencia, inoperancia, complicidad y corrupción de gobernantes y políticos; estallándonos al unísono en estos tiempos: inseguridad pública, implosión y desparrame de la delincuencia de todo tipo, expansión de la pobreza, saqueo de las arcas públicas, desatención en la salud y educación del pueblo, incompetencia, desapego social y frivolidad gubernamental, entre otros.

Sigo preguntándome por qué los maestros de la Ceteg emprendieron una lucha sin posibilidad de mayor logro al estar ubicada en el tiempo, en el lugar y con los actores no adecuados. La inician contra la reforma educativa federal después de que ha sido aprobada por el Congreso de la Unión y por la mayoría de las diputaciones de las entidades federativas en lo que se  refiere a las modificaciones a la Carta Magna en lo relacionado a la educación pública. Ahora la lucha por ver reflejado algunos de sus legítimos y pertinentes intereses debe de ser de carácter nacional, en la configuración de la ley federal reglamentaria.

No obstante lo anterior, la Ceteg pretendió una desmesura: someter y doblegar, a la par, al poder ejecutivo y legislativo estatal a sus muy particulares designios. Bajo improcedente presión debían los legisladores aprobar iniciativas de ley estatal no cabildeadas previamente y sin mayor consulta con la mayoría del magisterio y la población interesada en el tema.

Los diputados no debían modificarle ni una coma o punto y en ese tenor los traían como la ropa intima de mis amigas del oficio. De ahí los engaños y desistimientos para no caer en los terrenos de la represión institucional. Se evitó en lo humanamente posible, derramamiento de sangre.

Inadmisible fue el de impedir el libre tránsito de ciudadanos en la estratégica vía vehicular Boulevard Vicente Guerrero, convertida en manifestódromo. La Ceteg debe entender que cualquier movimiento social que afecte a buena parte de la ciudadanía siempre causará antipatía más que simpatía popular. Y cuando su accionar deriva en vandalismo puro se agrega fuerte dosis de desencanto, rechazo y repudio de parte de la ciudadanía.

En mi particular percepción, la manifestación multitudinaria del 10 de abril en apoyo a la Ceteg fue que no todos de los más de 70 mil ciudadan@s participantes, lo hacían por estar completamente a favor de las causas de la lucha magisterial, ya que algunas de ellas escondían privilegios vergonzantes, como son la venta de plazas y su heredad como patrimonio vitalicio. El respaldo popular fue también por otras motivaciones de irritación social para con el gobierno estatal.

Cualquier movimiento político-social no es cosa de minimizar porque sus repercusiones en el tiempo deben los gobernantes prever. La génesis puede ser un enojo social nimio, pero su  tratamiento incorrecto, permitirá que vaya fortaleciéndose al acumular múltiples causas de inconformidad colectiva y que largamente desatendidas provocan creciente malestar social soterrado, cuyo desfogue se da en la primera oportunidad dentro de cualquier evento de manifestación pública de protesta.

PD1. ¡Fusílenlos y después dialogamos! No manchen.

PD2. Tal parece que por el momento seguiremos en la espiral creciente de las sin razones en donde el PRD, que es el partido en el poder en Guerrero, pagará el costo político mayor en el 2015. Al tiempo.

PD3. Llegado el momento, existen altas probabilidades que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condene al Estado Mexicano por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el Charco y de estudiantes normalistas en Chilpancingo. De nueva cuenta, ¿qué necesidad de exhibir internacionalmente a México como incompetente para mantener un verdadero Estado de Derecho?