Héctor Manuel Popoca Boone.
El ex presidente de la república, Ernesto Zedillo,
vino a Acapulco invitado al congreso nacional de la COPARMEX como uno de los
ponentes estelares. En su exposición “magistral” afirmó dos cosas muy discutibles:
Apoyar en todo, la iniciativa sobre la reforma energética que actualmente está
en manos del Congreso de la Unión para su aprobación; y que el gobierno se
dedique únicamente a recaudar impuestos. De sopetón, echó por la borda los
deberes básicos sobre educación, salud, justicia y seguridad que todo gobierno
está obligado otorgar a la población, de acuerdo a nuestra carta magna.
Lo que no dijo fue que en su calidad de primer
mandatario del país privatizó los ferrocarriles nacionales a favor de empresas
particulares nacionales y extranjeras. Y poco después, a dos meses de dejar la presidencia,
ilegalmente se incorporó como miembro del consejo de administración de la Union
Pacific Corporation, la empresa ferrocarrilera estadounidense más grande de
aquella nación y beneficiaria de la privatización realizada. Obviamente que es
indispensable ser gran accionista para pertenecer al consejo directivo de ese
gigante empresarial privado.
La misma situación se dio con la secretaria de
energía del gabinete del ex presidente Felipe Calderón, Georgina Kessel
Martínez. Otorgó, con la venia de su superior, los permisos para generación de
energía eléctrica a la empresa trasnacional española Iberdrola, que más
temprano que tarde la incorporó a su consejo de administración. A los tres
meses de haber dejado el cargo gubernamental. En otras palabras, también fue
beneficiaria del proceso soterrado de privatización eléctrica en la pasada administración
federal.
Para no ir más lejos, el actual secretario de la
SCT, en el gobierno de Felipe Calderón fue director administrativo de la CFE, y
participó en el otorgamiento de permisos para la generación de electricidad a
favor de las empresas españolas Iberdrola y Unión Fenosa, dentro de las cuales
tiene participación accionaria según varios reportajes de investigación
periodística.
Por lo tanto, hay antecedentes que señalan altas
probabilidades que más de un funcionario, legislador o político sea beneficiado
económicamente por servicios prestados, abierta o subrepticiamente, para que se
hagan realidad los cambios constitucionales que permitan la privatización total
de la explotación petrolera y de la generación de electricidad en el país. Triste
destino de México: estar tan lejos de la honestidad y tan cerca de la
corrupción.
PD1. Por los buenos resultados obtenidos en el
programa de acciones y compromisos para el desarrollo de los pueblos indígenas
de Ayutla (2012-2013), existe disposición favorable del Gobernador de Guerrero
junto con la Directora General de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas
y el Jefe de la Unidad de la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación, para la implementación de un plan de mediano plazo a fin de
otorgarle continuidad al esfuerzo interinstitucional emprendido. Esperamos su
inicio formal y ojalá que pudiera ser extendido a todos los pueblos indígenas
de La Montaña, Costa Chica y zona Centro de la entidad.
PD2. Una vez evaluados los desastres ocasionados por
la tormenta tropical en el puerto de Acapulco, es de reconocerse, tal y como lo
señaló Luis Walton, que si el Ayuntamiento no hubiera limpiado adecuadamente y
con antelación los canales pluviales que desembocan a la bahía, los daños tenidos
habrían sido de gran magnitud.
PD3. En la atención de daños provocados por “Manuel”
le han entregado al presidente municipal de Ayutla cuarenta toneladas de maíz
para los pueblos indígenas ubicados en el territorio que gobierna (veinte
aportadas por la CDI y otras tantas por el gobierno estatal). A quince días de
poseerlas tan solo ha repartido ¡tres!
PD4. En un estado eminentemente sísmico como
Guerrero es una gran irresponsabilidad proponer la construcción de segundos
pisos en la defectuosa Autopista del Sol que lo atraviesa. Además de que su
aforo previsto está lejos de estar rebasado.
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