Héctor Manuel Popoca Boone.
Fue cosa buena, como acto de gobierno cercano al
pueblo, la reunión efectuada el domingo pasado en Ayutla, donde el gobernador
del estado, Rogelio Ortega, se comprometió a crear la Comisión
de la Armonía para la Construcción de la Paz y el Desarrollo Sustentable de
Guerrero (Capazgro), “como una instancia de diálogo, de construcción de
propuestas y acciones mancomunadas con un enfoque de gobernanza y democracia
participativa”.* Todo ello en conjunto con las organizaciones
sociales, sobre todo del medio rural, agrupadas en el Frente
Popular para el Desarrollo de Guerrero (FPDG).
El surgimiento de este espacio plural, incluyente e
interinstitucional, es un esfuerzo tripartito (FPDG, gobierno federal y el estatal)
que surge del reconocimiento de que en este territorio suriano priva una “situación
de inseguridad pública, injusticia, corrupción e impunidad gubernamental,
acentuada en los últimos cinco años, (en donde) la ciudadanía ha reaccionado de
diversas formas que van desde la gestión (infructuosa) de sus demandas por las
vías institucionales, las protestas y toma de oficinas para ser escuchados,
hasta la autodefensa armada, lo que ha creado un ambiente de inestabilidad
social, económica y política en la entidad.”
Motor fundamental de este esfuerzo ha sido el FPDG,
en su batallar por conjuntar y armonizar sus propuestas con las instituciones
gubernamentales a través del diálogo y toma de
acuerdos entre gobernantes y gobernados; así como buscar la participación
directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, construyendo consensos y
acuerdos que contribuyan a resolver conflictos, a mejorar la atención
gubernamental y a promover acciones en pro del progreso de Guerrero sin cohibir
la lucha social, sin invadir competencias de atribución oficial y todo dentro
de la ley.
La Capazgro tendrá como responsabilidades compartidas: “Coadyuvar …a la
formulación de políticas públicas y planes de desarrollo estatal y sectorial. Habilitar
en los tres órdenes de gobierno, todas las estructuras de participación social legalmente
reconocidas como son los consejos de desarrollo, comités de planeación,
consejos consultivos, etc. Organizar
acciones de monitoreo y contraloría social a fin de que el presupuesto público federal, estatal y municipal
se aplique de manera honesta, transparente, justa, (equitativa), eficiente y
oportuna. …Servir de enlace intra-institucional para que la
demanda social, debidamente planteada, sea atendida con eficacia y sin
burocratismo”.
Los
propósitos enunciados son inobjetables y aplaudibles. Son cimientos para
construir un cauce que contribuya a sacar a Guerrero de la profunda crisis en
la que actualmente se encuentra sumergido. Pero los retos a superar y los desafíos
a afrontar no son nimios, aun cuando si son salvables. Entre estos, está toparse
con manías perniciosas arraigadas en los responsables institucionales y en uno
que otro dirigente de organizaciones sociales. La mayoría de los perfiles
profesionales de los servidores públicos dejan mucho que desear en cuanto a
atención y servicio al pueblo.
Lo real
es que la mayoría de las instancias oficiales muestran resistencia a trabajar
en equipo y cada quién anda por su cuenta; aplicando programas y recursos
públicos a su libre albedrío, asignados de manera discrecional, cuando no
clientelar. Esta malograda sinergia pública causante de la inercia
institucional provoca, más que una activa participación ciudadana, una inducida
pasividad de las comunidades.
*Las
frases entre comillas son tomadas del proyecto de reglamento interno de la
Capazgro.
PD. Cuando
la Auditoría Superior de la Federación revise la cuenta pública 2012, detectará
que la ex secretaria, Rosario Herrera, no comprobó documentalmente, nueve
millones cincuenta mil pesos, destinados a la construcción del Centro
Comunitario de la Mujer Indígena en Ayutla. Por ello, el gobierno federal no ha
aportado más presupuesto para su equipamiento y operación; violentando con eso,
los derechos humanos de las mujeres indígenas de dicho municipio.
h.popoca.b@gmail.com
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