Héctor Manuel
Popoca Boone.
Para el Dr. Pablo Sandoval Cruz, leyenda viviente de integridad
en la lucha social.
El edificio popularmente conocido como “La Coprera”, ubicado en la Av.
Ejido y calle 6 de la ciudad de Acapulco, Gro., propiedad de los productores regionales
de coco, es emblemático por ser el sitio donde aconteció la impune masacre de
los copreros en 1967, ejecutada por sicarios al servicio de caciques regionales,
bajo protección de policías judiciales estatales que arrojó un saldo aproximado
de 35 personas asesinadas y 130 heridas de bala.
En la actualidad el inmueble es ocupado por el Frente Progresista
Guerrerense A.C. (FPG) que aglutina a varias organizaciones sociales, cuya
finalidad es apoyar las causas justas de sus integrantes de varias regiones del
Estado. Llama mucho la atención que en los últimos nueve meses hayan sufrido
cuatro asaltos realizados por elementos de diferentes instituciones oficiales.
El primer asalto fue el 12 de octubre del año pasado, cuando a las 11 de la
mañana alrededor de 60 soldados, (acompañados por un supuesto dueño de la
propiedad que enarboló más no dejo ver las supuestas escrituras) rompieron las
cadenas y derribaron la puerta principal, además de cercar el edificio. Dicho
allanamiento fue sin orden de cateo o desalojo y sin presencia de ninguna
autoridad civil, violando flagrantemente el artículo 14 de la Constitución
Federal.
Ante la renuencia del ministerio público para levantar la demanda, los directivos
del FPG: Eloy Cisneros Guillén, Uriel Leal Ramírez, Jorge Luís Salas Pérez,
Magdalena Valtierra García y Patricia Batani Giles, acudieron a la CNDH, la que
solicitó información del suceso al Ejercito, habiendo éste contestado que su
intervención fue debida a que recibieron información de que en dicho edificio
había armas de alto poder, reconociendo después que no encontraron ninguna.
El segundo asalto fue hecho por policías ministeriales estatales, el pasado
7 de noviembre a las 7 am (ya iniciado el actual proceso electoral). El forzamiento
consistió en desalojar la mercancía de los pequeños comercios aledaños al
edificio, procediendo a poner otras cadenas a las puertas y sellos de clausura;
sin mediar actuario, tan solo con una demanda de un segundo disque dueño. El
FPG de inmediato habló con el hoy exfiscal general estatal, Xavier Olea, que al
apersonarse en el edificio reconoció que los sellos eran falsos, mandó quitarlos
y dijo que fincaría responsabilidades a sus subordinados. Cosa que nunca
sucedió.
El tercer asalto al inmueble ocurrió el 15 de junio pasado en la madrugada.
Fecha donde el FPG ya estaba participando activamente en apoyo a la campaña
política de AMLO, para la presidencia de la república; y de Adela Román Ocampo,
para la presidencia municipal de Acapulco. Ahora la provocación fue por un
grupo de 70 policías municipales, llevando una retroexcavadora para destruir el
edificio. A las 9 am llegó un actuario con una orden de desalojo firmada por el
juez cuarto de lo civil, a partir de una demanda de un supuesto ¡tercer dueño!
Fue detenida la retroexcavadora que ya estaba destruyendo la entrada principal
del edificio al ponérsele enfrente ciudadanos y ciudadanas del FPG y vecinos
del lugar.
La destrucción de propiedad ajena, robo y agresión física configuran,
aparte de delitos penales, una flagrante violación a las leyes electorales por
parte de los gobiernos federal, estatal y municipal; por cuanto agravios que
tenían como finalidad provocar terrorismo político, temor o intimidación a
ciudadanos de Acapulco durante el proceso electoral.
PD. Qué dicen de todo esto, las autoridades federales y estatales
electorales; además de la PGR. ¿Quedarán impunes los atropellos cometidos?
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