Héctor Manuel Popoca Boone.
¿Alguien ha visto a
Vicente Suastegui Muñoz?
En
platica sostenida con mi amigo de mil batallas -dentro y fuera de la
administración pública-, en pro del desarrollo rural de los Estados de Morelos
y de Guerrero, el economista, Jorge Melo Bahena, coincidíamos en que el costo
promedio de la canasta básica de consumo familiar, ha tenido un incremento no
menor de 40 por ciento, del que tenía antes del inicio de la pandemia del
Covid-19.
También estuvimos de acuerdo que los ingresos promedio familiares se
redujeron sustancialmente; al incrementarse el desempleo laboral y con el
cierre de pequeños y medianos negocios. La drástica caída de la economía de
México en el primer año de la pandemia, que fue del 8 por ciento, tuvo como
resultante el incremento de la pobreza social, que ahora afecta a poco más del
66 por ciento de la población. El crecimiento de la economía nacional para este
año, el Banco de México la estima en solo 2.4 por ciento. Es decir, seguiremos
teniendo una economía semi estancada.
Reconocimos que, si no fuera por los programas sociales establecidos por el
actual Presidente de la República y las remesas enviadas por nuestros paisanos
que trabajan allende nuestras fronteras, estaríamos en una situación social
mucho más grave. Esos programas, con diferentes nombres y modalidades, han
redistribuido el ingreso nacional a favor de millones de mexicanos vulnerables;
es decir, transfieren en forma directa y sin intermediarios, miles de millones
de pesos en efectivo a la clase pobre del país, para aumentar su exiguo poder
adquisitivo.
Ante este panorama, en Guerrero podemos fortalecer los procesos productivos
del sector privado y social, con una mayor aproximación e integración de las
micro, pequeñas y medianas empresas con los consumidores finales de escasos
recursos, cuyas adquisiciones giren en torno a los productos de la canasta
básica.
En una economía frágil y no muy
diversificada; contando con una población con pobreza generalizada; una
estrategia viable y posible es la de acercar al productor de bienes
alimentarios y artesanales, con el consumidor final de los mismos. Se trata de
acortar la distancia entre los que generan productos y los que finalmente los
consumen. Eliminar a los intermediarios innecesarios; que son los que sustraen
y se quedan, parasitariamente, con buena parte del valor agregado en los
diferentes eslabones de la cadena producción-consumo.
Ejemplificábamos: el precio al que vende un productor rural de Costa Chica,
un kilo de jamaica a pie de parcela, es de 40 pesos; mientras que el consumidor
final, lo paga, ya empacado, en el mercado de Acapulco, a 190 pesos. O sea, los
intermediarios (necesarios e innecesarios) retienen un monto de 150 pesos.
Supongamos que la intermediación necesaria para que el producto llegue al
consumidor final, genera un valor de comercialización (transporte, empacado,
almacenamiento y distribución minorista) de alrededor de 80 pesos; entonces
estaríamos estimando que el precio al consumidor final debería de ser, en
números gruesos, de no más de 120 pesos. De tal suerte que la diferencia de 70
pesos (que es la cantidad que sustraen los coyotes) se distribuiría por partes
iguales entre los productores de la Jamaica y los consumidores finales de
Acapulco.
Esta estrategia exitosa de retención, en lo local, de riqueza generada en
el sector agrícola, bajo la modalidad de economía circular, es decir, de
procesos económicos inclusivos y no meramente extractivos, la aplicamos en el
maíz y la copra en épocas anteriores.
porelrescate@hotmail.com
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