Héctor Manuel Popoca Boone.
¿Alguien ha visto a Vicente Suastegui
Muñoz?
Todo gobierno que se
precie de ser buen gobierno debe de cuidar a su pueblo, procurándole seguridad,
certidumbre, justicia, libertad, equidad social, prosperidad, sin menoscabo del
respeto de todos los derechos humanos para todos; en un ambiente de libertad
colectiva licita y de sana convivencia pacífica. Gobierno que no pueda o no quiera
cumplir con tales cometidos, propicia la corrosión de la estabilidad social,
requisito indispensable para el sano desenvolvimiento civilizatorio.
Al que gobierna, se le
impone la obligatoriedad ética de convencer a su pueblo de que está gobernando
realmente bien, apegado a la legalidad establecida, y dando ejemplo público prístino,
de un comportamiento moral regido por principios y valores adoptados y
consagrados en las principales leyes del país.
También el gobernante, tiene
el deber de informar honestamente al pueblo de la cosa pública. Para eso echa
mano de las artes y tecnologías modernas de los medios de comunicación masiva y
de los artificios de la propaganda y publicidad. Todo eso englobado en lo que ahora
se denomina mercadotécnica política, o en palabras llanas, un lavado de cerebro
colectivo ya sea para bien o para mal de los habitantes. Es el arte de
convencer para vencer políticamente, en forma pacífica y persuasiva a un
determinado grupo de la población.
El convencimiento
duradero no necesariamente se hace con verdades (Goebbels, dixit), se usan frecuente
y reiteradamente medias verdades, mentiras y farsas; usadas en y durante el
tiempo que sean útiles y oportunas para que la difusión del mensaje conlleve;
magnificación, minimización, tergiversación o de plano invención de supuestas
realidades.
Es un hecho que ahora, la libertad de expresión ciudadana
y el derecho a la información sobre el qué hacer gubernamental, están en la
agenda cotidiana de la ciudadanía y del propio gobierno Federal. Son ya parte
del ejercicio de gobierno cotidiano impuesto por AMLO, a partir de su particular
estilo de gobernar y comunicarse con la población, cuya condensación se da en” La
Mañanera”; programa matutino televisivo presidencial de alcance nacional.
Ahora nos damos cuenta de que el derecho a la información y a la expresión
vuelve a ser asediado desde los poderes formales e informales, mediante
dinámicas censoras y autocensuradas que varían, pero que no se han erradicado,
ni mucho menos disminuido; dañando la salud mental pública al distorsionar la
realidad factual.
Por más que se
intente negar desde el discurso, la realidad está ahí, lacerante y
confrontadora, para un derecho a la información que aún maltrecho es piedra
angular de la democracia. Lo dije la semana pasada y lo repito: Las palabras,
las gesticulaciones, la voz, hieren. A veces profundamente y en forma duradera
el tejido social. Debemos desterrar usar un lenguaje peyorativo, calumniador,
discriminatorio y/o sexista porque conllevan, a la larga, confrontación y
ruptura social. La violencia en México posee particularidades destructivas
evidentes e insoslayables y el lenguaje violento que se usa también las posee.
(Una mentada de madre con enojo, no es cualquier cosa). El discurso o la
narrativa mediática contribuyen a crear un ambiente de ira, rencor,
resentimiento, de temor o zozobra; con pérdida de libertad individual para
razonar y actuar bien.
De tal surte que, el derecho a la
libertad de expresión está constreñido por múltiples factores, como la
violencia verbal contra el adversario político, la desinformación pública, el
control de las narrativas, la opacidad premeditada gubernamental, la mentira
contumaz, las falsas noticias, los datos falseados o alterados, difamaciones,
invectivas y amenazas a las personas trasmisoras de noticias y hacedores de
opinión. Hoy se da como nunca el espionaje político invadiendo ilegalmente la
vida privada de las personas. Así como el uso de herramientas cibernéticas por
parte de todos contra todos, para el robo o sustracción de información
reservada y confidencial, privada o de carácter familiar e íntima, con fines
aviesos y perversos. Todos exigimos nuestro derecho a saber de la circunstancia
que nos rodea y determina, así como de participar en la arena pública. Se ha
consolidado la preocupante tendencia a negar e invisibilizar problemáticas
relacionadas con todos los derechos humanos, desde el discurso público.
Prevalece la consigna de afirmar que sí se respetan; pero los hechos desmienten
tal afirmación.
La realidad termina por imponerse.
La violencia, la delincuencia, la corrupción e impunidad, males que laceran
actualmente a la población, están ahí, gritando a la cara a los del poder que
es incompetente porque no los enfrenta del todo en los hechos cotidianos. Al
contrario, y lo que es peor, los fomenta o los encubre.
A la contraposición de los datos proporcionados
por el jefe del Ejecutivo, la respuesta es la estigmatización y deslegitimación
de quien lo contradice. Como parte de la estrategia de comunicación
presidencial, está la inyección de desconfianza hacia terceros y la descalificación
peyorativa, calumniadora, así como el sentimiento de un supuesto agravio social
por los “enemigos de las causas populares”, tales son las actuales formas de
atacar voces y escritos de naturaleza crítica. De esta manera, la oratoria
oficial de la estigmatización, encabezada por el propio presidente de la
República, se ha ampliado para señalar a voces disidentes, aun si éstas han
sido siempre críticas a los excesos e ilícitos de gobiernos pasados. ¡Uf!
PD. Artículo
elaborado a partir de la lectura del ensayo “Artículo 19” (de autores varios).
Continuará.
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