Héctor Manuel Popoca Boone.
Acto I. A principios de su mandato presidencial, Andrés Manuel López
Obrador, exhorto a todos los ayuntamientos del país a redoblar sus esfuerzos en
la captación del impuesto predial, puesto que el Gobierno federal disminuiría
las aportaciones federales anuales destinadas a complementar el erario de las
comunas.
La razón esgrimida fue que su programa de gobierno sexenal requería
cuantiosos recursos para realizar cuatro megaproyectos para los cuales no acudiría
a la deuda externa para financiarlos. En otras palabras, recogería las “canicas”
presupuestales federales que se distribuían a los municipios y estados, para de
esa manera darle suficiencia presupuestal a sus proyectos estratégicos y a sus amplios
programas de protección social. (Apoyos directos económicos a la población).
Acto II. Con mueca de contrariedad, los presidentes municipales no han
aceptado de buen agrado tal exhorto recaudatorio, en virtud de que la captación
fiscal, por su propia naturaleza, no les es redituable políticamente hablando,
para sus próximos propósitos personales electorales. De tal suerte que, el
gobernante municipal trata de evitar incrementar el impuesto predial sabedor de
la impopularidad que eso le acarrea. Y como en su futuro vislumbra una
diputación local o federal, o cuando menos la relección de su mandato municipal,
considera contraproducente implementar una acción gubernamental de fuerte
desagrado para la comunidad.
Es un hecho que, en estos últimos cuatro años, la recaudación del impuesto
predial no se ha incrementado sustancialmente; lo que imposibilita otorgar
servicios públicos municipales en mayor cuantía, cobertura y con mejor calidad
a las ciudades y/o comunidades que experimentan fuerte crecimiento urbano y
poblacional. No se diga de los déficits de obra pública, sobre todo la que no
se ve y que sí se siente, aunque no es políticamente llamativa, como son los
rellenos sanitarios, las obras de agua entubada, drenaje y alcantarillado, las
plantas tratadoras de aguas residuales, entre otras. Por no hablar de la
seguridad pública, recolección de basura, suministro de agua y alumbrado
público.
Acto III. La ciudadanía muestra irritación por el alza de los impuestos. No
tanto por no querer cumplir con su obligación fiscal cuando ésta guarda
justeza, equidad y progresividad y cuando se lo pide un gobierno honesto y
transparente. También es renuente por dos factores más, a saber: Son tiempos de
estragos a nivel familiar, a consecuencia del prolongado padecer que ha representado
la pandemia del Covid-19 y sus secuelas en la salud; así como sus efectos
reduccionistas en la actividad económica que merma el poder de compra, acentuado
por el incremento de los precios de los productos a causa de una inflación que
no cesa de subir.
El enojo ciudadano es mayor cuando saben que buena parte de esos impuestos
sobre los inmuebles particulares, van a parar a los bolsillos directos de los
gobernantes y funcionarios públicos corruptos; o cuando son dilapidados en
cosas superfluas.
Acto IV. Es complejo incrementar la recaudación del impuesto predial porque
en la mayoría de los municipios, las cabeceras municipales o parte de ellas,
están asentadas en tierras ejidales y/o comunales, cuyo uso legal del suelo no
es urbano y, por tanto, pueden sustraerse del pago de dicho gravamen sin óbice
de contar con los servicios públicos urbanos que el ayuntamiento otorga. En la
reconversión del uso del suelo puede ayudar mucho el gobierno federal, pero no
lo hace.
Acto V. En términos generales, los padrones catastrales están desactualizados
e incompletos. Ni están todos los que son; ni son todos los que están. Los
valores establecidos no corresponden a los estándares económicos aplicados en
otros de entidades vecinas, con similitud socioeconómica; existiendo también sobornos
de particulares y empresas para mantenerlos abatidos, sobre todo aquellos de
gran valía comercial.
Colofón: Los ingresos
municipales son pocos y los egresos son muchos. Agréguele la insensibilidad de
los diputados locales para este tema. Por eso tenemos alcaldías de “tercer
mundo” con servicios municipales de “quinto mundo”. (Juan Angulo, dixit).
PD1. Como Gobernador
moral de Guerrero no me pidan defender lo indefendible; en cuanto a errores que
comete el presidente de la República. Flaco favor le hacemos a nuestro país.
PD2. Intuyo que los cuantiosos
gastos incurridos por la gobernadora constitucional y su “papá incómodo,” en el
contingente de Morena-Guerrero que acudió a la marcha de apoyo a AMLO a la CDMX
(en cómodos autobuses. sombreros de Tlapehuala, dos camisetas por persona,
sabrosas y suficientes tortas y jugos), fueron con cargo a la partida
presupuestal genérica “apoyos institucionales” del DIF estatal. Estado pobre,
acarreo de lujo.
Porelrescate@hotmail.com
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