Héctor Manuel Popoca Boone.
Como Gobernador Moral de Guerrero me es preciso
señalar los pendientes en el quehacer gubernamental de Evelyn Salgado Pineda, a
dos años del inicio de su mandato constitucional que ha ejercido en estrecho
vínculo con su “papá incómodo”;en el entendido que los logros obtenidos, ellos
les darán extensa difusión a través de los diversos medios de comunicación
masiva, redes sociales y personas encargadas de su comunicación social oficial.
Las insuficiencias de conducción gubernamental hasta
hoy vigentes, lamentablemente, nos reafirman,
a nivel nacional, como el estado que tiene los mayores rezagos y déficits en
casi todo. Somos a mucha vergüenza, el último vagón del tren nacional;
sobresaliendo por nuestros malos gobiernos, estatal y municipales(con contadas
excepciones); prevaleciendo la corrupción y la impunidad que vulneran la ley y
el orden, en todos los aspectos de la vida civil y del servicio público.
Continuamos teniendo uno de los peores sistemas de
educación pública en el país. Caracterizado, entre otras cosas, por la
perversión de un sindicalismo vendedor de plazas administrativas y
magisteriales, que tienen carácter de hereditarios. Hay comisionados para hacer
nada a granel y holgazanerías al por mayor, en oficinas administrativas, atiborradas
de maestros que no pisan aula alguna en toda su vida laboral. Sigue existiendo
el déficit atávico de escuelas y aulas sin maestros. La práctica del soborno
para entregar certificados de estudios, en todos los niveles escolares.
Nombramientos de directores, no en base a méritos o antigüedad, sino a partir
de compadrazgos y “moches”.
Todo eso y más dan como resultado la existencia de una
tendencia histórica a la disminución de la matrícula escolar en todos los
niveles educativos que, junto con los estragos externos de la pandemia del
Covid-19, nos han hecho retroceder alos habitantes del territorio estatal a un
nivel educativo promedio de sexto año de primaria.
También seguimos teniendo uno de los peores sistemas
de salud pública. Las lacras existentes son muy parecidas a las que presenta el
sector de educación oficial; con el agravante de que la escasa calidad y
cantidad de los servicios de salud y de medicamentos redunda en pérdida de
vidas y afectaciones humanas que, sumadas a las causadas por la mencionada
pandemia y, sobre todo, a la inseguridad pública, han reducido 4 años nuestra
esperanza de vida. Un pueblo carente de salud y educación, es un pueblo sin
futuro.
Por lo que respecta a la seguridad pública, quedó
plenamente corroborada la fallida estrategia operada, con mucha soberbia, en
estos dos primeros años de gobierno. La expansión y el creciente poder de la
delincuencia simple y organizada, en todas las regiones de Guerrero, con toda
su secuela de homicidios, secuestros, desapariciones y desplazamientos
forzados, extorsiones, tráfico de drogas, robos y control de la economía
regional, ha sido nota nacional reiterada para oprobio nuestro; estando a punto
de zozobrar si el militarista gobierno federal no hubiera enviado numerosos contingentes
de las fuerzas armadas no para contenerlas, sino tan solo para atestiguar su
existencia y modus operandi; restringiéndose así nuestra libertad de
transitar por cualquier lugar a cualquier hora. No sorprende el éxodo de
guerrerenses a otros estados del país o allende las fronteras para vivir con
menos zozobra.
La reciente declaratoria pública de una veintena de
autoridades comunitarias sierreñas de que sus pueblos, al ya estar cansados de
ser víctimas indefensas del hampa organizada, están próximos a tomar las armas,
dan constancia de la ausencia total de autoridades institucionales que
resguarden sus vidas, la ley, el orden y la justicia en su región; súmele a
eso, la llegada al recinto oficial de gobierno estatal en Chilpancingo, de
alrededor 3 mil hombres y mujeres rurales de la Región Centro, encabezados por sus
supuestos “líderes sociales”; amagando con su permanencia indefinida en las
instalaciones oficiales sino eran satisfechas sus demandas confesables e
inconfesables. Doblegaron y redujeron a su mínima expresión la autoridad
gubernamental. Recordemos que la historia nacional enseña que la pobreza
social, junto con gobiernos venales e ineptos, el menosprecio real a los
habitantes, además del quebranto reiterado a la ley, manteniendo privilegios de
impunidad, son los ingredientes básicos que anteceden a los estallidos
sociales.
Si bien es cierto que la Gobernadora Constitucional y
su “papá incómodo” recibieron una administración pública estatal hecha un
desastre financiero, en lugar de exigir cuentas claras y fincar
responsabilidades respectivas, se dedicaron a ser tapaderas de los desfalcos
financieros heredados; pactando con el otrora gobernador causante de ese
desastre, su impunidad personal; manteniendo en funciones al que fungió como su
contralor estatal un año y medio más, para limpiarle sus cuentas públicas; auxiliándolos
en ese deshonesto compromiso, la legislatura local en funciones, que mantuvo
acéfala la Auditoría Superior del Estado durante más de un año.
El quebranto en las finanzas públicas estatales es
notorio y no permite operar bien al gobierno; pero hasta ahora no hay
responsables de esas insolvencias. Salen a la luz pública, en las protestas
recurrentes por falta de pago oportuno y a tiempo, de algunas nóminas
salariales quincenales de trabajadores administrativos y pensionados. De ahí
que tengan que acudir frecuentemente a endeudar al gobierno con préstamos de
corto plazo de la banca privada para solventar el gasto corriente.
Algunos préstamos privados ya están en morosidad con
el consabido incremento en el pago de altos intereses moratorios. La
certificadora internacional bancaria, Fitch
Ratings, baja la calificación del Estado de Guerrero dándole un perfil de
riesgo “más débil” para el otorgamiento de créditos y negocios. Hay
desorden en el gasto público y comprobaciones irregulares que infringen tanto
la ley de fiscalización estatal como la federal.
Los ingresos propios estatales son muy bajos y el
erario depende en más de un 97 por ciento de los recursos federales
transferidos; destinándose casi todo al gasto corriente y muy poco a la
inversión pública. De ahí que los programas de desarrollo socio-económico
estatal y regionales profusamente anunciados del actual gobierno solo existan
en el papel que los contiene. No hay dinero, pero no se atreven a decirlo.
Muchos trabajadores de la administración pública estatal solo están vegetando
detrás de sus escritorios y comiendo fritangas, porque no hay recursos para
operar los programas. Es por eso que el gobierno estatal se cuelga,
desesperadamente, de los programas sociales del militarista presidente de la
República.
El actual es un gabinete estatal de trabajo emanado de
una “tómbola” (donde nunca prevaleció la palabra “eficiencia”) y por ser un
gobierno “sui generis” bicéfalo, donde, Evelyn Salgado Pineda, es la
gobernadora que cubre la formalidad y su papá, Feliz Salgado Macedonio, el que
desgobierna realmente. Podemos caracterizarlo como un gobierno semi fallido con
rasgos anárquicos, disfuncional, de muchos dichos y pocos hechos, de descarado
nepotismo, asediado por la delincuencia organizada que ya toca a algunos de los
miembros del círculo más cercano de los mandatarios bi-dimensionales. No se
diga de la corrupción, la dejadez, la improductividad y la impunidad reinante.
(Continuará)
porelrescate@outlook.com
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