Héctor Manuel Popoca Boone.
Chicaneada # 1. Me refiero a la demanda de justicia que todavía reclaman familiares de
varias de las víctimas que eran integrantes de la “Organización Campesina de la Sierra del
Sur (OCSS)”, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por la negativa
del Estado Mexicano de investigar a fondo y aplicar responsabilidades a los culpables
materiales e intelectuales del asesinato de 17 campesinos y de catorce heridos, perpetrado
por las fuerzas policiacas estatales cerca del poblado de Aguas Blancas, municipio de
Coyuca de Benítez, Guerrero.
El 28 de junio de 1995, la CIDH admitió el caso y después de un juicio que duró tres años,
emitió el 18 de febrero de 1998, el informe 49/97 que contiene la recomendación al Estado
Mexicano de hacer una investigación exhaustiva e imparcial que garantizara la justicia para
las víctimas directas e indirectas del magnicidio. (Entrevista de Zacarías Cervantes a
Norma Mesino, dirigente de la OCSS. El Sur. 20/sept/2025). El Estado Mexicano inició el
cumplimiento de las recomendaciones y reparaciones en forma parcial, lenta y tortuosa a lo
largo de varios años, pero no de manera completa.
De ahí se desprende que La Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido sentencia
condenatoria contra el Gobernador del Estado, Rubén Figueroa Alcocer y parte de su
gabinete gubernamental; pero asignó la debida aplicación de la sentencia al Tribunal
Superior de Justicia de Estado de Guerrero quién “a contrario sensu” emitió una sentencia
absolutoria para los autores intelectuales.
En pocas palabras, el Estado Mexicano eludió el cabal acatamiento del informe 49/97 de la
CIDH y ésta cerró el caso en el año 2012, a partir de un falso informe de cumplimiento
entregado por el Estado Mexicano. Del informe se supo de su existencia hasta 4 años
después, en el año 2017; cuando el entonces Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo
Flores declaró a los medios de comunicación que él lo había firmado sin que la mayoría de
los familiares de las víctimas y sobrevivientes hayan tenido conocimiento de su contenido y
respectivo consentimiento explícito. Tal informe lo tienen: el gobierno del estado, el
gobierno federal y la CIDH; pero Norma Mesino expresaba: “nos hemos topado con una
negativa de informarnos en cada una de las tres instancias,”
No fue sino hasta el recién 1° de agosto de este año que Norma Mesino se enteró a través
del actual Gobierno Federal de la existencia del documento que motivó el cierre del caso;
por lo que su organización exigirá que se exhiba públicamente y con el presunto contenido
falso fundamentar la solicitud a la CIDH que reabra el caso porque el informe conclusivo
no es objetivo y contiene falsedades sustantivas. Además, no han liberado de la cárcel y
puesto en libertad a un sobreviviente de la masacre en comento.
Por último, en “El Sur” del martes pasado, dan cuenta de que la CIDH admitió el caso del
campesino preso político, Antonio Barragán Carrasco; otorgándole al Estado Mexicano un
plazo de tres a cuatro meses para que le proporcione información y observaciones sobre la
situación actual de esa persona integrante de la OCSS y sobreviviente de la masacre de
Aguas Blancas, detenido en el año 2001. De lo dicho por la organización campesina su
aprehensión fue de manera arbitraria y sometido a tortura vil para auto culparse del delito
por el cual sufre cárcel. La Red Solidaria Década contra la Impunidad es el organismo de
defensa social que litiga el caso ante la CIDH a petición de la OCSS.
Por razones de espacio, pospongo para mi próximo artículo de opinión, la narración de la
Chicaneada # 2.
*Para los efectos de litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por alguna
parte del pueblo contra alguno o varios de los tres niveles de gobierno de México (federal, estatal
y/o municipal) a estos últimos se les denomina “El Estado Mexicano”
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