Chicaneadas del Estado Mexicano.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Chicaneada # 1. Me refiero a la demanda de justicia que todavía reclaman familiares de

varias de las víctimas que eran integrantes de la “Organización Campesina de la Sierra del

Sur (OCSS)”, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por la negativa

del Estado Mexicano de investigar a fondo y aplicar responsabilidades a los culpables

materiales e intelectuales del asesinato de 17 campesinos y de catorce heridos, perpetrado

por las fuerzas policiacas estatales cerca del poblado de Aguas Blancas, municipio de

Coyuca de Benítez, Guerrero.

El 28 de junio de 1995, la CIDH admitió el caso y después de un juicio que duró tres años,

emitió el 18 de febrero de 1998, el informe 49/97 que contiene la recomendación al Estado

Mexicano de hacer una investigación exhaustiva e imparcial que garantizara la justicia para

las víctimas directas e indirectas del magnicidio. (Entrevista de Zacarías Cervantes a

Norma Mesino, dirigente de la OCSS. El Sur. 20/sept/2025). El Estado Mexicano inició el

cumplimiento de las recomendaciones y reparaciones en forma parcial, lenta y tortuosa a lo

largo de varios años, pero no de manera completa.

De ahí se desprende que La Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido sentencia

condenatoria contra el Gobernador del Estado, Rubén Figueroa Alcocer y parte de su

gabinete gubernamental; pero asignó la debida aplicación de la sentencia al Tribunal

Superior de Justicia de Estado de Guerrero quién “a contrario sensu” emitió una sentencia

absolutoria para los autores intelectuales.

En pocas palabras, el Estado Mexicano eludió el cabal acatamiento del informe 49/97 de la

CIDH y ésta cerró el caso en el año 2012, a partir de un falso informe de cumplimiento

entregado por el Estado Mexicano. Del informe se supo de su existencia hasta 4 años

después, en el año 2017; cuando el entonces Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo

Flores declaró a los medios de comunicación que él lo había firmado sin que la mayoría de

los familiares de las víctimas y sobrevivientes hayan tenido conocimiento de su contenido y

respectivo consentimiento explícito. Tal informe lo tienen: el gobierno del estado, el

gobierno federal y la CIDH; pero Norma Mesino expresaba: “nos hemos topado con una

negativa de informarnos en cada una de las tres instancias,”

No fue sino hasta el recién 1° de agosto de este año que Norma Mesino se enteró a través

del actual Gobierno Federal de la existencia del documento que motivó el cierre del caso;

por lo que su organización exigirá que se exhiba públicamente y con el presunto contenido

falso fundamentar la solicitud a la CIDH que reabra el caso porque el informe conclusivo

no es objetivo y contiene falsedades sustantivas. Además, no han liberado de la cárcel y

puesto en libertad a un sobreviviente de la masacre en comento.

Por último, en “El Sur” del martes pasado, dan cuenta de que la CIDH admitió el caso del

campesino preso político, Antonio Barragán Carrasco; otorgándole al Estado Mexicano un

plazo de tres a cuatro meses para que le proporcione información y observaciones sobre la

situación actual de esa persona integrante de la OCSS y sobreviviente de la masacre de

Aguas Blancas, detenido en el año 2001. De lo dicho por la organización campesina su

aprehensión fue de manera arbitraria y sometido a tortura vil para auto culparse del delito

por el cual sufre cárcel. La Red Solidaria Década contra la Impunidad es el organismo de

defensa social que litiga el caso ante la CIDH a petición de la OCSS.

Por razones de espacio, pospongo para mi próximo artículo de opinión, la narración de la

Chicaneada # 2.

*Para los efectos de litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por alguna

parte del pueblo contra alguno o varios de los tres niveles de gobierno de México (federal, estatal

y/o municipal) a estos últimos se les denomina “El Estado Mexicano”

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