Caminos de mano de obra.

Héctor Manuel Popoca Boone.

El nada fantasmal desempleo recorre todas las regiones de Guerrero. Sobre todo en la Montaña y en la Sierra. La economía estatal ha retrocedido vulnerando la ya de por sí mala calidad de vida del pueblo. Los únicos gañanes han sido unos cuantos empresarios, políticos y gobernantes inescrupulosos que, en el marco del saqueo al erario público, acumularon grandes haberes monetarios para sus venideras generaciones.

Es sumamente difícil la generación de trabajos en una economía estancada. De inicio, la iniciativa privada no los crea mientras no haya demanda efectiva para sus productos. Toca al gobierno desatar un círculo virtuoso de empleos por medio de la inversión pública, aún cuando sean de carácter temporal.

Dentro de estos programas destaca la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los caminos rurales con uso intensivo de mano de obra. Política pública aplicada en el país en la década de los setentas del siglo pasado. Hoy casi en desuso para beneficio de unas cuantas compañías constructoras de caminos que los hacen con fuerte aplicación de maquinaria.

Para detener la fuerte migración indígena e incrementar el ingreso monetario de los más pobres es menester volver a implementar el programa de caminos de mano de obra en Guerrero, al menos en la región de la Montaña.

Con ese programa, los proyectos camineros pueden generar alrededor de 2 mil 500 personas/día de empleo, por kilómetro construido o reparado. Como resultante, del 40% al 50% del gasto total por obra, puede ser distribuido en sueldos, a diferencia del 5 al 10% que arrojan proyectos intensivos en capital fijo.

Los caminos de mano de obra ofrecen también la alternativa de brindar un mantenimiento preventivo de bajo costo. Las técnicas basadas en mano de obra no implican la eliminación completa de la maquinaria, sino su reemplazo parcial selectivo.

Un programa de construcción de caminos con mano de obra no prospera cuando se privilegian los intereses económicos de contubernio entre las empresas constructoras y los gobernantes. Cambiar una tecnología lucrativa para pocos, en beneficio de una para muchos no es fácil por las obvias resistencias a que da lugar.

Sin embargo, no se trata de desplazar a las empresas constructoras. Se deben prever programas de asesoría para aquellas que quieran participar bajo esta modalidad a fin de garantizarles la oportunidad de tener trabajo también.

En conclusión, los caminos de mano de obra deben tener la más alta prioridad gubernamental, para asegurar la generación de empleos rurales. Los gobiernos de los estados de Durango y Querétaro lo hacen con éxito.

La Organización Internacional del Trabajo y más recientemente el Banco Mundial (aunque usted y yo no lo creamos) han sido los impulsores de este proceso ante la evidencia de los beneficios sociales logrados, en zonas de pobreza extrema.

PD1. ¿Dónde está el periodista Marco Antonio López Ortiz? ¿Alguien lo ha visto? ¿Quién lo tiene? ¿Quién sigue?

PD2. El PRD-Guerrero sigue funcionando, impunemente, en su ilegalidad interna y con proliferación de más facciones políticas. El PRI-Guerrero sigue secuestrado por la mafia política local encabezada por Rubén Figueroa Alcocer. ¡Sálvese quien pueda de la partidocracia imperante!   

PD3. No se hagan bolas. A la cenaduría, con Popoca porque ya le toca. Se aceptan invitaciones a cenar.

Aclaraciones.

Héctor Manuel Popoca Boone.

La flamante ley estatal de asociaciones público-privadas aprobada por el Congreso local va a permitirle al nuevo gobierno de Ángel Aguirre cumplirle al pueblo con compromisos que hizo en su campaña electoral, como lo son los sistemas de metro-bus para las ciudades de Acapulco y Chilpancingo; el libramiento a partir de la caseta de peaje, La Venta, a Coyuca de Benítez y demás ciudades y playas de Costa Grande, el estacionamiento subterráneo del mercado central de Chilpancingo, la rehabilitación del anillo periférico de la ciudad de Iguala; el reforzamiento de la infraestructura urbana de la ciudad de Tlapa; el túnel vehicular de La Base a Icacos en Acapulco; el encauzamiento digno del río Huacapa, así como otras obras y servicios de infraestructura básica requeridos en las otras regiones para el progreso de Guerrero.

La ley de referencia viene a darle oxigeno a las depauperada arca pública estatal heredada, a saber: de los 3 mil 800 millones de pesos para inversión pública autorizados para este año se están pagando pasivos no reportados por el anterior gobierno por aproximadamente de 1 000 millones de pesos.

 

Si adicionalmente consideramos el déficit presupuestal que tan solo en la Secretaría de Educación asciende alrededor de 7 000 millones de pesos, no queda nada para inversión pública, por el contrario, faltan todavía 4 200 millones de pesos para cubrir el saldo rojo. De ese magnitud están las cifras que imponen el establecimiento de un régimen de austeridad gubernamental muy cañón.

No es cierto que con dicha ley se le entregue a la iniciativa privada toda obra o servicio público que apetezca. Por principios de cuentas, el gobierno se reserva los ámbitos estratégicos: Seguridad, justicia y gobernanza. No declina en materia de salud y educación -que por lo demás los particulares ya los complementan- y se pretende aplicar la ley preferentemente a la construcción de infraestructura básica que apoye el despegue socio económico del estado.

Tampoco es cierto que le de manos libres al gobernador para otorgar de manera unilateral la concesión, puesto que la contratación deberá de pasar por un filtro interno y otro externo.

El tamiz interno radica en que los proyectos, materia de esta ley, serán revisados por tres secretarías: Finanzas, Obras Públicas y la de cajón, la Contraloría General del Estado; además de un organismo público desconcentrado de carácter colegiado, como lo es el Comité de Planeación para el desarrollo del estado de Guerrero (COPLADEG).

El Tamiz externo será el poder legislativo. Antes de licitar las obras o servicios deberán contar con la revisión y autorización de la cámara de diputados y, por ende, de la  Auditoría General del Estado.

La licitación pública se hará en términos similares a como está contemplada en la ley estatal de obra pública y las concesiones se darán en función de la solvencia moral y económica de las empresa, con experiencia y capacidad, así como de la viabilidad técnica y financiera del proyecto en cuestión.

El límite de tiempo de los contratos es hasta 30 años o menos, o sea, pueden ser, por ejemplo, de 3 años u otro plazo según la naturaleza del proyecto, el monto de inversión contemplada y su correspondiente amortización.

Recomendable es que la mencionada ley esté sujeta a lo que dispone la ley de transparencia e información pública por lo que en su reglamentación conviene dejar plasmado que será materia de escrutinio público a petición de parte. La ley no es perjudicial per se a los intereses del pueblo. Es un instrumento de política pública cuya aplicación y efectos pueden ser positivos o negativos según se utilice. Juzgar de antemano su aplicación y resultados conlleva fuerte carga de prejuicios políticos o ideológicos, en el mejor de los casos.

El riesgo de corrupción entre gobernantes, políticos y empresas se puede dar como se da actualmente sin la ley. El meollo del asunto está en reducir esa posibilidad con los requisitos establecidos y con la vigilancia de su aplicación por la ciudadanía, con lupa de grueso calibre. La  mala  aplicación de este tipo de leyes en otras partes del país no distingue gobiernos con distintas ideologías: anomalías en su uso acontecieron en el gobierno priista de Oaxaca de Ulises Ruiz, como en el gobierno perredista de Zacatecas de Amalia García.

Agro negocios.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Una política pública del actual gobierno estatal es el desarrollo de proveedores agro alimentarios regionales para abastecer tiendas departamentales, centros escolares, hoteles, restaurantes y, en general, a los principales centros turísticos del estado.

En Guerrero tenemos distintos tipos de actores económicos rurales, a saber, a grandes rasgos: Los de auto abasto, cuya producción no entra a los mercados porque es consumida en su totalidad por el núcleo familiar. Los de pequeños excedentes, que los colocan en los mercados. Y aquellos cuya producción está totalmente orientada al mercado.

Los posibles proveedores agro-alimentarios son pequeños y medianos empresarios rurales que produzcan un producto competitivo en función de las señales que emitan los mercados y que tengan nichos asegurados de venta.

Eso no es posible de lograr con una actividad productiva individualista vendiendo a pie de parcela. Es imperativo realizar alianzas empresariales dentro de las cadenas productivas en donde actúan; incorporándole mayor valor agregado a sus productos.

Perentorio es participar en la agricultura por contrato. Para lo cual, requieren de trabajar con financiamiento bancario para tener capital de trabajo a fin de soportar los plazos de pago que imponen las transacciones comerciales. La agricultura por contrato la practican los corporativos agro-industriales, tiendas departamentales, negocios turísticos y grandes restaurantes urbanos. No se diga de la producción para la exportación.

Todo gran comprador de productos alimentarios exige a sus proveedores las cinco “C”: calidad, cantidad, constancia, costo competitivo y compactación de oferta. Para cumplir con esas exigencias, los proveedores rurales habrán de reunir un perfil de ser  responsables, honestos, trabajadores y con ética destacada en la conducción de sus actividades económicas. Además, que tengan una mínima infraestructura productiva para despegar; y en el giro al que se dedican, suficiente rentabilidad. 

Habrán de efectuarse en común: compras y ventas, recibir asistencia técnica-contable, publicidad, transportación, así como créditos bancarios, entre otros aspectos, donde por cantidad se abaraten los costos o unificados se negocien buenos precios de venta.

El cambio de mentalidad implica facturar y, por tanto, llevar estados financieros pagando los impuestos a que haya lugar. Como complemento, tener hábitos de ahorro y capitalización creciente de las empresas y no exprimirlas económicamente a las primeras de cambio de bonanza económica. Moverse en este nuevo terreno económico requiere la contratación compartida de servicios profesionales de contabilidad, evaluación de proyectos, mercadotecnia e investigación de mercados.

Para apoyar en firme esta política pública, el gobierno estatal  alentará la creación de centros de agro negocios de tipo regional que otorguen acompañamiento técnico en las diversas áreas referidas a los empresarios sociales que incursionen en esta modalidad de actividad económica rural.

PD1. Disertación dada en Atoyac, Gro., en el Foro: “Mezcla de recursos de Programas Públicos” 31/05/11

PD2. Parece ser que en esta temporada, el negocio redondo está en la compra-venta de fertilizante entre las presidencias municipales y las empresas proveedoras. El diez o el quince por ciento de mochada es la base de la transacción. ¡Uff!

Políticas públicas para el maíz

Héctor Manuel Popoca Boone.

Guerrero es auto suficiente en la producción del maíz, pero no en su consumo. Esta paradoja se explica porque de las 1 300 toneladas promedio anuales que se producen, una parte importante – las de Tierra Caliente y de los Valles de Iguala- la compran los industriales del ramo del Estado de México y de Morelos. Otra se destina a producir forraje para el ganado, principalmente en las costas.

La región que acusa déficit de producción y consumo significativo es la Montaña. Tiene que ser abastecida, después de la temporada de cosecha, por maíz importado que viene de otros estados de la república. Tan solo en 2010, DICONSA internó 34 473 tns. para abastecer necesidades deficitarias de Guerrero.

En los últimos años, el precio del maíz ha aumentado, entre otros factores, por la especulación alimenticia internacional que realizan los países poderosos en detrimento de los países pobres. Agréguese que Estados Unidos destina ahora parte de su producción a la obtención de bio-energéticos, como ya también lo hace Brasil o la India; encareciéndose de esta forma el maíz destinado al consumo humano.

Frente a esta situación, las políticas públicas recomendadas en Guerrero para integrar mejor la función producción-consumo del maíz son, entre otras:

Incrementar la producción por hectárea en áreas de mediana y alta productividad, aprovechando las tierras bajo riego de las presas hidro-agrícolas con capacidad instalada subutilizada.

En la Montaña, inducir la siembra de la semilla mejorada de alto valor proteico, creada por el INIFAP, para abatir los niveles imperantes de desnutrición y establecer de nueva cuenta el programa “Maíz por Bosque” que dio muy buenos resultados durante la época del gobierno interino de Ángel Aguirre.

Participar en los mercados regionales regulando el precio de venta en la cosecha y establecer silos modernos de almacenaje para la venta de contra estación.

Aplicar paquetes nutricionales para la engorda de ganado que no sean intensivos en el uso de maíz.

Hacer uso de todos los programas y recursos concurrentes del estado y la federación para apoyar la mayor producción de maíz, así como su mejor almacenamiento y distribución en tierras guerrerenses, dadas las buenas perspectivas de precios en el mercado.

Depurar y definir un padrón estatal único de productores de maíz, beneficiarios tanto del programa federal Procampo como del estatal de fertilizante.

Aplicar bien el fertilizante subsidiado, de buena calidad, evitando su reventa o su destino a la siembra del “maíz-bola”

PD1. Sin recursos razonables para la inversión pública, lo único que seguiremos detonando en Guerrero es mayor pobreza. Lo sectario puede anular nuestro progreso. La iniciativa de ley estatal de asociaciones público-privadas, con las salvaguardas del caso, bien reglamentada y supervisada, es opción. Cierto, la incredulidad proviene de la  deshonestidad gubernamental y de la corrupción de los políticos pluricolores, que son vicios arraigados en estas tierras del sur.

PD2. El secretario estatal del PRD es a la vez diputado local en funciones, violando abiertamente los estatutos de su partido. Para el pueblo, ¿será opción el PRD en materia de legalidad? ¿Qué calidad moral tiene para criticar ilícitos si tolera y avala las de sus propios dirigentes? Yo paso. Me quedo en el movimiento ciudadano donde creo ser más útil al pueblo y al gobernador del estado.