Aclaraciones.

Héctor Manuel Popoca Boone.

La flamante ley estatal de asociaciones público-privadas aprobada por el Congreso local va a permitirle al nuevo gobierno de Ángel Aguirre cumplirle al pueblo con compromisos que hizo en su campaña electoral, como lo son los sistemas de metro-bus para las ciudades de Acapulco y Chilpancingo; el libramiento a partir de la caseta de peaje, La Venta, a Coyuca de Benítez y demás ciudades y playas de Costa Grande, el estacionamiento subterráneo del mercado central de Chilpancingo, la rehabilitación del anillo periférico de la ciudad de Iguala; el reforzamiento de la infraestructura urbana de la ciudad de Tlapa; el túnel vehicular de La Base a Icacos en Acapulco; el encauzamiento digno del río Huacapa, así como otras obras y servicios de infraestructura básica requeridos en las otras regiones para el progreso de Guerrero.

La ley de referencia viene a darle oxigeno a las depauperada arca pública estatal heredada, a saber: de los 3 mil 800 millones de pesos para inversión pública autorizados para este año se están pagando pasivos no reportados por el anterior gobierno por aproximadamente de 1 000 millones de pesos.

 

Si adicionalmente consideramos el déficit presupuestal que tan solo en la Secretaría de Educación asciende alrededor de 7 000 millones de pesos, no queda nada para inversión pública, por el contrario, faltan todavía 4 200 millones de pesos para cubrir el saldo rojo. De ese magnitud están las cifras que imponen el establecimiento de un régimen de austeridad gubernamental muy cañón.

No es cierto que con dicha ley se le entregue a la iniciativa privada toda obra o servicio público que apetezca. Por principios de cuentas, el gobierno se reserva los ámbitos estratégicos: Seguridad, justicia y gobernanza. No declina en materia de salud y educación -que por lo demás los particulares ya los complementan- y se pretende aplicar la ley preferentemente a la construcción de infraestructura básica que apoye el despegue socio económico del estado.

Tampoco es cierto que le de manos libres al gobernador para otorgar de manera unilateral la concesión, puesto que la contratación deberá de pasar por un filtro interno y otro externo.

El tamiz interno radica en que los proyectos, materia de esta ley, serán revisados por tres secretarías: Finanzas, Obras Públicas y la de cajón, la Contraloría General del Estado; además de un organismo público desconcentrado de carácter colegiado, como lo es el Comité de Planeación para el desarrollo del estado de Guerrero (COPLADEG).

El Tamiz externo será el poder legislativo. Antes de licitar las obras o servicios deberán contar con la revisión y autorización de la cámara de diputados y, por ende, de la  Auditoría General del Estado.

La licitación pública se hará en términos similares a como está contemplada en la ley estatal de obra pública y las concesiones se darán en función de la solvencia moral y económica de las empresa, con experiencia y capacidad, así como de la viabilidad técnica y financiera del proyecto en cuestión.

El límite de tiempo de los contratos es hasta 30 años o menos, o sea, pueden ser, por ejemplo, de 3 años u otro plazo según la naturaleza del proyecto, el monto de inversión contemplada y su correspondiente amortización.

Recomendable es que la mencionada ley esté sujeta a lo que dispone la ley de transparencia e información pública por lo que en su reglamentación conviene dejar plasmado que será materia de escrutinio público a petición de parte. La ley no es perjudicial per se a los intereses del pueblo. Es un instrumento de política pública cuya aplicación y efectos pueden ser positivos o negativos según se utilice. Juzgar de antemano su aplicación y resultados conlleva fuerte carga de prejuicios políticos o ideológicos, en el mejor de los casos.

El riesgo de corrupción entre gobernantes, políticos y empresas se puede dar como se da actualmente sin la ley. El meollo del asunto está en reducir esa posibilidad con los requisitos establecidos y con la vigilancia de su aplicación por la ciudadanía, con lupa de grueso calibre. La  mala  aplicación de este tipo de leyes en otras partes del país no distingue gobiernos con distintas ideologías: anomalías en su uso acontecieron en el gobierno priista de Oaxaca de Ulises Ruiz, como en el gobierno perredista de Zacatecas de Amalia García.