Héctor Manuel Popoca Boone.
Dice el dicho popular que la mula no era arisca de nacimiento sino que los palos, a lo largo de los años, así la convirtieron. En mi memoria están grabados de antiguo, sucesos referidos al saqueo de los recursos naturales de Guerrero.
El primer recuerdo fue la explotación inicua de los bosques realizada por el cacique regional Melchor Ortega, a quién el entonces presidente de la república, Miguel Alemán, otorgó la concesión del aprovechamiento de recursos forestales a todo lo largo de la sierra de la costa grande. Fue un voraz “tala-montes” en el cabal significado de la palabra.
La depredación forestal pudo realizarla bajo el método del soborno a autoridades agrarias y a los representantes de los ejidos y comunidades de la región; otorgándoles a los pueblos tan solo una pequeña cantidad de dinero anual por el llamado “derecho de monte”.
El segundo caso fue cuando a la compañía forestal transnacional Boise Cascade, con la venia y el manto protector del entonces gobernador del estado, Rubén Figueroa Alcocer, le concesionaron la explotación del macizo boscoso de la sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán. Deforestación, violencia y muerte de campesinos fue la estela nefasta que dejó esa infortunada disposición.
El tercer suceso giró en torno al funcionamiento de la termoeléctrica de Petacalco. Más que prosperidad y desarrollo regional, trajo problemas permanentes a la población. La contaminación atmosférica debido a las cenizas que arrojan sus calderas alimentadas durante más de diez años con combustóleo en vez de carbón dañó las plantaciones de mango de la región. La desviación del río y el cambio de temperaturas en el agua utilizada también perjudicaron a las cooperativas pesqueras rivereñas.
Construida en pleno corazón del poblado, la termoeléctrica da ocupación a personas de la localidad que no van más allá del 20 por ciento de los 700 trabajadores que ocupa. La mayoría de ellos son de otras partes de la República. Es de obviedad mencionar que casi todo el personal laborante vive en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El cuarto caso es el despojo de tierras ejidales con vocación turística en la denominada zona diamante de Acapulco. Gobernantes, políticos y empresas inmobiliarias compraron con alevosía y ventaja a los campesinos costeños sus parcelas ejidales a precios de latón para luego revenderlas a precio de oro, una vez dotadas de un mínimo de infraestructura. Hoy, los hijos de los ejidatarios aspiran a lo sumo a emplearse como jardineros y las mujeres como mucamas en los edificios ahí construidos.
El quinto suceso es la tentativa de construir la hidroeléctrica “La Parota” en el municipio de Acapulco, por parte del gobierno federal. No es cierto que será un detonador de desarrollo regional cuando todo indica que sucederá lo mismo que en Petacalco. Postulado realista es elaborar primero un plan de desarrollo regional para beneficio de todos los pobladores. En función de eso, analizar después la viabilidad o no, de la operación de una hidroeléctrica. Todo ello contando con la anuencia social libre de coerción de todo tipo.
Sexta cuestión: ¡Y qué decir de la desviación de poco más de la mitad del agua del río Cutzamala para menguar la sed de los habitantes del Valle de México, sin que tengamos retribución alguna por ello!
El séptimo suceso son las posibles extracciones de minerales que desean realizar empresas extranjeras a partir de concesiones otorgadas por el gobierno federal en diversas zonas de la Montaña y Costa Chica, sin tomar en cuenta a los pueblos fundadores que, por si fuera poco, son los usufructuarios legales de los suelos en donde se localizan los fundos.
PD1. Que no les quepa la menor duda: el movimiento ciudadano “aguirrista” estará políticamente ahí donde esté Ángel Aguirre Rivero; es decir, al lado de la Coalición “Movimiento Progresista”
PD2. Si realmente la partidocracia quisiera acercarse al pueblo concretaría de inmediato mi suspiro por una senaduría. Veremos. Mientras tanto hay que recordar que si no se tiene tiempo para escuchar al pueblo, menos se tendrá para gobernarlo.
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