Otro de los aspectos sensibles que afecta a los
maestros es la aplicación de exámenes de evaluación “estandarizados”. Tienen
razón cuando afirman que no son aplicables del todo en México por su rasgo
distintivo de heterogeneidad y desigualdad. Existen diferentes circunstancias
regionales donde sería injusto aplicar un mismo rasero de evaluación, tanto
para maestros como para alumnos.
Hay que tener en cuenta las complejidades geográficas
y sociales en las que el profesor lleva a cabo el cumplimiento de sus
responsabilidades. Dar trato igual a desiguales es profundizar la desigualdad,
decía el maestro y licenciado Don Alejandro Cervantes Delgado.
No es lo mismo un maestro o un alumno ubicado en el alejado
pueblo rural de Chilixtlahuaca a los que residen en la ciudad de Chilpancingo,
por ejemplo. O educandos con capacidades disminuidas. Las oportunidades de
nutrición y desarrollo cognitivo para el infante que reside en la comunidad
rural son mucho menores que para el que vive en la capital del estado.
Lo mismo puede decirse del personal docente rural y
urbano en cuanto a posibilidades de acceso a mayor capacitación y actualización
magisterial. Hacer exámenes estandarizados es ilógico ahí donde prevalecen
fuertes brechas de desigualdad en el acceso a medios y procedimientos didácticos
y pedagógicos.
Temen los maestros que la reforma educativa se
alinee a los mandatos de los organismos internacionales que presionan por una
educación no de mejor calidad, sino de mayores destrezas utilitarias para los mercados
laborales. Regidos por paradigmas de lucro económico voraz, cuya condicionante
es la no criticidad y la aceptación de un “status quo” inmodificable.
Fundamentan tal preocupación al señalar la poca
importancia que otorgan, en dichos exámenes estandarizados, a la valoración del
conocimiento de las humanidades, cultura, civismo y de las convivencias
sociales armónicas y pacíficas.
Quedó coja la reforma educativa constitucional al no
establecer con claridad en su mandato qué tipo de educación pública nacional se
intenta establecer y por ende qué tipo de educando se pretende formar para que todos
comulguemos con el ciudadano requerido por nuestro país para alcanzar mayor
progreso y prosperidad social.
La reforma educativa aprobada no es integral. Si
bien es importante el magisterio y la infraestructura escolar como componentes
importantes de la misma, tocará tratar en la reglamentación de la Ley General
de Educación y otras secundarias, aspectos no abordados relativos a los
educandos, padres de familia, planes de estudio, programas académicos,
estructuras de administración, métodos y procedimientos de enseñanza, textos
básicos, etc.
Por último, el Estado no puede abdicar de su
obligación de construir, mantener y rehabilitar la infraestructura y el
equipamiento escolar. Riesgo grave se corre de no reglamentarse bien ese
aspecto de la reforma constitucional donde se estipula que el director de un
centro escolar y los padres de familia tienen autonomía de gestión para la
obtención de recursos económicos privados para tales fines.
Si se deja abierta tal facultad, cualquier persona
física o moral (Ya sean políticos, empresarios, religiosos, caciques, narcos, fundaciones,
sectas, etc.) tendrá la posibilidad de controlar y subordinar a sus intereses
particulares el o los centros escolares en donde hagan aportaciones económicas
significativas.
A mi juicio, en la ley reglamentaria debe quedar
establecido que el financiamiento de la infraestructura pública escolar es
obligatorio para el Estado y las aportaciones privadas adicionales no rebasaran,
por ningún motivo, un 30 por ciento del presupuesto total anual del centro
escolar.
PD1. Pretender dialogar bajo presión de fuerza
ilegal e ilegítima es un imposible para una autoridad pública. Es buscar una
confrontación insensata; máxime si lo pretendido escapa a la competencia
estatal.
PD2. Expreso mi solidaridad al amigo Hilario Mesino
y a sus hijas, sobre todo a Rocío, por los momentos difíciles que están
pasando. Familia emblemática de la lucha social de muchos años atrás en los
municipios de Atoyac y Coyuca de Benítez. Hago votos porque todo se esclarezca
lo más pronto posible.
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