Héctor Manuel
Popoca Boone.
Los que hemos
participado en labores de ayuda a la población víctima de desastres naturales
(huracán Paulina y otros) tenemos presente cuestiones básicas para que el
esfuerzo gubernamental sea lo más eficaz posible. Menciono algunas de ellas,
esperando que sean de utilidad en la organización y funcionamiento de la ayuda
en el gran percance que la tormenta tropical “Manuel” ocasionó en la vida y
patrimonio de miles de guerrerenses. Por la magnitud e intensidad del fenómeno
climatológico estimo que los trabajos de apoyo institucional se prolongarán más
allá de seis meses.
I)
La
coordinación institucional fue muy estrecha porque trabajamos juntas aquellas
dependencias, tanto federales como estatales, que teníamos afinidades
funcionales, por ejemplo: La Sedesol federal con la Sedesol estatal, La Sagarpa
con la Sdr; La Sedatu junto con Invisur; la SCT con la Sduop; la Conagua con la
Capaseg, etc. Se reforzaba el equipo si el ayuntamiento respectivo tenía
dependencias municipales similares en propósitos. Era valiosa la colaboración
para actuar como un solo equipo de trabajo.
La conjunción de recursos
materiales, económicos y humanos fue fundamental; así como el destierro de toda
burocratización dejando a un lado las “reglas de operación” en virtud de que
estábamos actuando en condiciones de emergencia ante un desastre natural de
gran calibre.
II)
Una
vez constituidos los grupos interinstitucionales de trabajo procedíamos a
delimitar el campo de acción territorial para definir responsabilidades y logro
de resultados en las tareas y en la entrega de apoyos a los damnificados. Los
puntos de acción de primer nivel (los más cercanos a la población) fueron en lo
rural: ejidos o bienes comunales, y en lo urbano: colonias o barrios.
III)
El
segundo nivel de atención y coordinación más agregado lo conformaban varios
puntos de atención y acción comunitaria colindantes de primer nivel, en donde
se establecía una coordinación interinstitucional de zona. Ahí se establecía
una bodega de acopio de apoyos de emergencia (agua, víveres, ropa, enseres
domésticos, tanto gubernamentales como de aportaciones civiles, etc.), así como
de herramientas e insumos para la rehabilitación primaria del patrimonio dañado,
ya fueran viviendas o parcelas.
IV)
El
tercer nivel de atención era de tipo zonal en donde se ubicaba un almacén
regional de acopio de apoyos que se encargaba de abastecer a las bodegas del
segundo nivel de atención, así como de llevar el control y registro de lo
demandado, programado y entregado en la zona.
V)
El
primer nivel de atención ciudadana estaba integrada por brigadas de técnicos de
los tres órdenes de gobierno y autoridades comunitarias con el auxilio de
ciudadanos escogidos para tal fin por la gente de la localidad en asamblea
pública. Para evitar robos y mal uso de los apoyos recopilados, las bodegas de
acopio eran resguardadas por elementos de la policía municipal, estatal y/o
ciudadanos que tuvieron esa encomienda. En el tercer nivel de atención, los
almacenes de acopio fueron cuidados por policías junto con funcionarios
públicos, ya fueran federales y /o estatales. Hubo un cuarto nivel de atención
donde se ubicaron los grandes almacenes sub estatales o regionales que estuvieron
a cargo del ejército mexicano junto con mandos superiores de dependencias
federales y estatales.
VI)
Para
levantar el padrón de beneficiarios se le pedía a los líderes locales, así como
a sus partidos políticos y organizaciones sociales, permitieran a las brigadas
institucionales interactuar libre y directamente con la población damnificada
sin intermediación de ninguna especie y que las listas de los beneficiarios se
formaran a la luz pública en asambleas comunitarias o de colonos, a la vista y
sanción de todos.
VII)
Los
apoyos eran entregados en forma programada y escalonada según su naturaleza. Lo
inmediato y urgente fue la distribución de agua, ropa, víveres y dotar de
medicamentos de primeros auxilios y antibióticos a las casas de salud, así como
el inicio de campañas contra plagas y enfermedades provocadas por agua y
alimentos contaminados. Después se
entregaron los materiales, insumos y herramientas para apuntalar viviendas y
parcelas. Posteriormente, se otorgaron apoyos económicos equivalentes al
salario mínimo de un mes, por trabajos realizados y constatados para su propio
beneficio de rehabilitación, a través del programa de empleo temporal.
VIII)
La
entrega de auxilios fue en forma directa a cada uno de los beneficiarios y en
el seno de asambleas públicas de pueblo. Quedó estrictamente prohibido todo
intento de lucro político, económico o social por parte de organizaciones,
líderes, funcionarios públicos o policías. A quienes intentaban hacerlo se les
denunciaba públicamente y, en su caso, se les cesaba laboralmente, sin
distinción de jerarquías. (Más de uno quiso hacerlo).
IX)
La
honestidad, la focalización hacia los más perjudicados, la eficiencia y la
eficacia en la aplicación de los programas de ayuda fueron claves para el éxito
de los mismos.
X)
Condición
indispensable para todo lo anterior fue darle prioridad a la restauración de la
infraestructura básica de caminos, carreteras, puentes y medios de comunicación;
así como servicios públicos de agua, alumbrado y seguridad pública.
La restauración de la vida
“normal” de Guerrero tardará más en la medida en que no busquemos y contemos
con la participación y la coordinación adecuada de la ciudadanía en las tareas
de rescate. Ello es necesario dado el tamaño de los daños y porque solos, el
gobierno, sencillamente no podemos.
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