Héctor Manuel
Popoca Boone.
La buena o mala aceptación
de un gobierno está en función de las tensiones sociales que pueda su actuación
desatar. Audazmente, el presidente de la república las provoca de diferente
índole, manera e intensidad, al iniciar una serie de reformas a instituciones y
leyes. De tal suerte que entre más expeditas sean aprobadas las modificaciones
legales, menor será el tiempo de cavilación sobre sus consecuencias y por ende,
la resistencia popular menguada quedará para su puesta en marcha.
Por lo que se
refiere a la reforma laboral, que fue aprobada en las postrimerías del régimen
presidencial del panista Felipe Calderón, su diseño fue realizado en conjunción
con el equipo priista del actual presidente. Sus panegiristas argumentaron que
con ella se incrementará la productividad de la economía nacional traducida en
inversiones y empleos adicionales.
Los suspicaces
decimos que con ello se abaratará la mano de obra y se perderá estabilidad laboral
en las fuentes de trabajo. Esta reforma generó poca resistencia social al
garantizarles previamente a los principales dirigentes sindicales sus
privilegios corruptos y antidemocráticos. La aprobación en el Congreso de la
Unión fue con poco debate y relativa oposición.
La reforma en
las telecomunicaciones, consistente en la apertura de las concesiones para una
mayor competencia de mercado, no suscitó mayor resistencia social. La percepción
es que la misma no deviene mayor agravio popular salvo la demasiada idiotez
funcional por adición electrónica que padecerá el pueblo. Sus apologistas
argumentaron que disminuirán las tarifas en la prestación de los servicios. Fue
negociada previamente con el oligopolio establecido y con ello fue aprobada en
el Congreso de la Unión sin mayor problema.
En cambio, la
reforma educativa generó fuerte escozor social de una parte del magisterio. Sobre
todo al percibir que la nueva ley general del servicio profesional docente afectará
seriamente sus “conquistas históricas” y otros derechos laborales que sí son de
resguardo constitucional. Los reformistas neoliberales argumentaron que con las
modificaciones se accederá a una educación de mejor calidad por medio de una
controvertida evaluación al desempeño magisterial y por la erradicación de la compra-venta
de plazas.
La estrategia
para reducir la resistencia social fue anular previamente la participación de
la líder vitalicia del sindicato de los profesores, no tanto porque fuera un
obstáculo sino presuntamente por el alto costo de factura que cobraría por su
apoyo. La ley fue aprobada por el Congreso de la Unión de manera exprés haciendo
uso del mayoriteo para evitar una acalorada discusión, en el contexto de
marchas y bloqueos citadinos de profesores llegados a la capital.
¡Ah! Pero la
iniciativa de reforma energética está provocando una tensión social de
pronóstico reservado, de acuerdo a sondeos y encuestas de opinión pública
realizadas. Hay seria oposición ciudadana para la mayor participación de
capital privado, con utilidades compartidas en la industria del petróleo, así
como para la respectiva concesión de los yacimientos nacionales. De la misma
manera hay gran inconformidad contra la privatización en la generación de
energía eléctrica aún cuando ya operan empresas extranjeras produciendo cerca
de la mitad de ella, para luego revenderla en parte a la CFE. ¡Uff!
PD1. Según algunas
autoridades comunales, los únicos programas de desarrollo regional que están
teniendo impacto y resultados en los pueblos indígenas de Ayutla son:
“Transformemos nuestro entorno”, coordinado por la Sra. Laura del Rocío Herrera
y el implementado por el Estado Mexicano dentro del marco de la sentencia internacional
emitida a favor de la Sra. Inés Fernández Ortega.
PD2. Mañana es
la concentración ciudadana en el DF en repudio al bazar republicano que
implementa el actual régimen presidencial.
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