sábado, 24 de mayo de 2014

¿Por qué Guerrero no progresa?



Héctor Manuel Popoca Boone.

Siguiendo la línea de pensamiento de los economistas:  Daron Acemoglu y James A. Robinson en su libro “Por qué fracasan los países”, podemos afirmar que la pobreza, depredación, inseguridad y violencia que actualmente padece Guerrero no son producto de un gobernante en particular sino de muchos, en un devenir histórico que ha sido moldeado por determinadas relaciones y procesos sociales, económicos y políticos con un específico andamiaje institucional para gobernar.

Lo que condiciona en mucho que seamos un estado pobre es la estructura institucional y sobre todo la política y no la situación geográfica ni la posesión de recursos naturales o la calidad del guerrerense. Para que haya prosperidad sostenida de todos y no de pocos lo ideal es mantener una conexión intima entre instituciones políticas con una voluntad integradora en el servicio a la sociedad con instituciones económicas de carácter inclusivo para el fomento y respaldo a los negocios de las personas.

Regímenes gubernamentales nuevos con estas características dan lugar a una espiral virtuosa de progreso. Instituciones oficiales y sistemas políticos viejos y anquilosados que no las procuran caen en una espiral viciosa y de retroceso en todos los aspectos donde ahí gobiernan. Lamentablemente Guerrero se ubica en los segundos desde hace mucho tiempo.

Nuestro bienestar como pueblo también depende en mucho que este se dé en un contexto de libertad y en un auténtico estado de derecho en donde quede desterrada la corrupción e impunidad. Para que haya un pueblo libre, las instituciones públicas y los gobernantes deben ofrecer para todas y todos las mismas circunstancias y condiciones de superación.

Hay buenas instituciones donde hay un sistema político democrático, competitivo, honesto, plural y abierto. Con amplio espectro de candidatos a ocupar cargos públicos y también con un amplio electorado con capacidad de apostar por nuevos gobernantes y líderes políticos. En términos generales, la clase política guerrerense que nos ha gobernado ha sido de carácter caciquil-mafioso en un contexto de corrupción e impunidad en todo sin distinción ideológica alguna.

Progresaremos cuando contemos con instituciones políticas adecuadas que favorezcan el crecimiento, o seguiremos igual o peor si siguen nuestras instituciones cosificadas con la permanencia de políticos gastados, llámense dinosaurios o bebe-saurios, mostrando resistencia a adaptarse a los tiempos cambiantes y a las demandas prioritarias del pueblo.  

De esta suerte, parte del estancamiento de Guerrero se debe a la manera en que las camarillas poderosas y los gobernantes han manipulado y sometido a las instituciones y a sus reglas de operación para beneficiarse ellos mismos en detrimento de la mayoría. El progreso radica en tener un pueblo con muchos derechos políticos y con mucho respeto a los mismos, de tal forma que los utilice para defender y ampliar sus nuevas oportunidades sociales, económicas y políticas.

Lamentablemente los cambios en estas tierras sureñas son de quítate tú para ponerme yo. El propósito es conquistar las riendas del poder y de la política para recrear un sistema parecido al cuestionado. Buscan el cambio para no cambiar y con ello seguirse beneficiando patrimonialmente en lo personal al margen de la ideología que dicen profesar. Han creado riqueza privada y la ostentan groseramente a costa de la mayor parte de la población.

PD1. No le concedo mayor autoridad moral al arzobispado primado de México en la forma altisonante y majadera como se refiere al gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Nadie desconoce que Norberto Rivera Carrera es un Cardenal protector de sacerdotes corruptos y pederastas como Marcial Maciel y de obispos y abades plutócratas como Onésimo Cepeda o Guillermo Schulemburg.

PD2. De recibir unas arcas saqueadas y un desastre administrativo en el gobierno municipal de Acapulco, Luis Walton y su equipo de trabajo lo han llevado al tercer lugar nacional en materia de transparencia, calidad y eficacia en la aplicación del gasto público. Bien por eso que no es cualquier cosa.

h.popoca.b@gmail.com

 

 

 

domingo, 18 de mayo de 2014

De excomuniones y mortandades.




Héctor Manuel Popoca Boone.

No siempre la iglesia católica ha predicado con el ejemplo lo que pregona. El pronunciarse a favor de la vida lo ha empañado muchas veces al promover la muerte y participado en crímenes y torturas a lo largo de la historia de la humanidad.

Me viene a la memoria el linchamiento realizado por una turba de fanáticos católicos de Alejandría, Egipto, a la que fue la mujer con más conocimientos de matemáticas y astronomía de su tiempo: Hipatia (370-415). Todo porque se resistió a aceptar algunos de los dogmas eclesiásticos y a renegar de sus conocimientos científicos. Juana de Arco (1412-1431) fue otra mujer excomulgada y quemada viva en la hoguera al ser condenada como hereje por los jerarcas franceses de la iglesia católica encabezados por el obispo Pierre Cauchon.

El teólogo checo Jan Hus (1370-1415) padeció excomunión y después lo quemaron vivo por protestar contra la venta de indulgencias por parte de la iglesia católica. Similar cosa le pasó al fraile Girolamo Savonarola en 1498. También Martín Lutero fue excomulgado por el mismo tenor en 1521. El filósofo Giordano Bruno (1548-1600) fue excomulgado acusado de blasfemia y herejía que, después de padecer ocho años de cárcel, fue quemado vivo en la hoguera por mantener opiniones contrarias a la fe católica. El juez que lo sentenció a la muerte fue el cardenal Roberto Belarmino que amenazó también en el año de 1633 al astrónomo Galileo Galilei de sentenciarlo a la misma pena si no se retractaba públicamente de contravenir sus investigaciones algunos preceptos ptolemaicos de la iglesia.

Dos ejemplos claros de cómo la fe católica fue impuesta a base de sangre y espadas fueron las “Cruzadas” (1015-1291) para liberar a Jerusalén de los moros y en la conquista de Iberoamérica por parte de los reyes de España y Portugal para liberar a los aborígenes de la idolatría (1519…). La vocación de la iglesia católica para torturar y asesinar a todos aquellos que discreparan de su dogma fue ejecutada institucionalmente por la tristemente célebre “Santa Inquisición” Que funcionó desde 1184 hasta el siglo XX.

Con el Papa Pío XII la iglesia católica se hizo de la vista gorda del genocidio perpetrado por los nazis alemanes (sobre todo contra el pueblo judío) durante la segunda guerra mundial. Su supuesta neutralidad durante el holocausto se convirtió en silencio cómplice y criminal.

En México las relaciones entre la iglesia católica y el gobierno no han sido del todo tersas. Basta con recordar las guerras de la reforma (1857), donde los eclesiásticos tomaron partido apoyando a los conservadores en contra el presidente Benito Juárez y otorgando su aquiescencia a la invasión francesa (1862). Los católicos fueron protagonistas principales de la fratricida guerra cristera (1926-1929) donde murieron más de 70 000 compatriotas. Las excomuniones estuvieron a la orden del día y al por mayor para gobernantes y funcionarios públicos, maestros rurales y para todo padre de familia que mandara a sus hijos a las escuelas oficiales y no a las privadas católicas.
En septiembre de 1968 un grupo de cinco trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla llegan a pernoctar al pueblo de Canoa, Puebla, en donde una turba de habitantes los lincha matando a cuatro de ellos azuzados por Enrique Meza Pérez, cura de la parroquia al propagar el infundio que eran comunistas. Y por falta de espacio aquí le paro.
PD1. Para que no cundiera el ejemplo de la ciudad de México al despenalizar el aborto, en  el año 2007 en Guerrero y en otros estados de la república, hubo un pacto político a valores entendidos entre la Iglesia Católica y el PRI: los diputados estatales priistas estarían en contra de aprobar una ley despenalizando el aborto en sus respectivos estados a cambio de que los curas hicieran proselitismo electoral soterrado a favor del PRI desde el púlpito de las iglesias. ¡Uff!
PD2. Por demás interesante resultó el voto conjunto de diputados del PRD y el PRI para pedir la destitución del destacado político priista Marco Antonio Leyva Mena de la delegación federal del INFONAVIT. ¿Prolegómeno de alguna futura alianza electoral de facto en estas tierras del sur?

h.popoca.b@gmail.com

Pueblos en armas.




Héctor Manuel Popoca Boone.
 
Coincido con el destacado maestro-historiador Lorenzo Meyer: en los registros de la historia nacional seguramente quedarán plasmados los recientes sucesos de ciudadanos que se levantan en armas para defender vida y patrimonio familiar al margen del gobierno.

La característica distintiva de estas rebeliones regionales (Principalmente Guerrero y Michoacán) es que no pretenden conquistar el poder, derrocar un mal gobierno o desaparecer el orden institucional establecido.
Dichos habitantes fueron colocados en situaciones límites que los empujaron a subsanar incompetencias gubernamentales para otorgar seguridad pública, legalidad, paz, justicia social y fortalecimiento del sano desarrollo familiar. Su alzamiento lo hicieron bajo la modalidad de autodefensas populares, policía comunitaria o ciudadana.

Insisto: las nulidades institucionales radican en no poder extinguir del todo o mantener en su mínima expresión la acción impune de cárteles, sicarios, secuestradores, extorsionadores, ladrones y en términos generales, de toda persona o grupo facineroso que lesione la vida pacífica de ciudades y pueblos. 

Ciertos comportamientos de gobiernos y gobernantes de todos los niveles hicieron que la estructura institucional fuera desbordada, infiltrada u omisa ante delincuentes de toda laya. Se fue creando un vacío institucional que no garantizó un autentico estado de derecho. En Guerrero es de triste memoria la frase: “No puedo y no quiero”.

Así, tal maridaje fue incubado desde hace varios años atrás. La trilogía: violencia, corrupción e impunidad, ha sido fruto de la desidia, contubernio o complicidad de malhechores con parte de las autoridades oficiales y son de larga data. Ahora hay decenas de miles de noveles vidas segadas y de familias extensas seriamente lastimadas por los abandonos en los deberes de gobierno. 

Actualmente existe un dilema gubernamental: a) combatir realmente el delito y a los delincuentes organizados, b) desarmar y parar a los ciudadanos armados. O neutralizar a los dos al mismo tiempo.

Los resultados positivos de las acciones de la ciudadanía armada les han otorgado venia y beneplácito donde tienen presencia y acción. O creciente solicitud donde aún todavía no se expresan, a pesar de los errores, abusos y divisiones internas en que han caído.

Complejo es transitar en ese dilema dado lo peliagudo de someter a la ley a algunos gobernantes, legisladores, políticos, servidores públicos, comandantes, policías e incluso a malos elementos de las fuerzas armadas que por dinero o amedrentamiento han obsequiado impunidad a los maleantes. Han sido juez y parte en los delitos cometidos.

Esta situación anómala es consubstancial a los sistemas políticos con altos índices de soborno y farsa oficial como el que padecemos en México. Por eso la creciente violencia delincuencial no es reciente ni tiene terminación pronta. La expectativa realista a corto plazo es tan solo administrar la crisis de un sistema nacional colapsado en la prevención, procuración y administración de justicia. Quiero pensar que eso empieza a cambiar con la detención de grandes cabecillas, depuraciones en las policías, vigilancia rigurosa en los dictámenes de los jueces y en las conductas de políticos y gobernantes.

El segundo aspecto del dilema: frenar la actuación de los ciudadanos alzados que combaten a la delincuencia no es tarea sencilla puesto que han conquistado el respaldo de los pueblos, tanto rurales como suburbanos. Lamentablemente el intento del gobierno para su extinción o subordinación ha caído en el ámbito de la represión en algunos casos. 

Los pueblos armados permanecerán mientras los gobernantes no combatan seriamente la delincuencia. El encarcelamiento de algunos dirigentes de policías ciudadanas, comunitarias o autodefensas sin guardar el debido proceso y sin pruebas contundentes exhibe el nerviosismo oficial ante este fenómeno social. ¿A quién combatir?, ¿A los que atentan contra el pueblo o a los que realmente lo defienden? La mayoría de la opinión pública repudia a los primeros y aprueba a los segundos. 

PD. Con esta entrega reanudo mis colaboraciones semanales pidiendo disculpas a El Sur y a sus lectores por mi receso temporal.

h.popoca.b@gmail.com




Nueva era para la nación.



Héctor Manuel Popoca Boone.
 
Con la entrega a particulares, especialmente extranjeros, de los recursos energéticos nacionales, el gobierno federal y el Congreso de la unión consolidan la vía para que el crecimiento económico de México siga dándose en un contexto de subordinación externa, de permanente y mayor desigualdad social, fuerte corrupción institucional, así como de acrecentada concentración del poder y de la riqueza nacional en unas cuantas manos. La historia nacional así nos lo enseña. Lo peor que ha sucedido es no haberla tenido en cuenta.

Lamentable época la que estamos viviendo en donde el despojo de sus recursos estratégicos a la nación se disfraza con espejismos de crecimiento económico aparejado de bienestar social. De nuevo, el pasado padecido nos enseña que la inversión extranjera no satisface dicha aspiración social en ninguna parte del mundo. Al contrario, se enseñorea la dominación, de tipo globalizado, de nuestra economía por unas cuantas poderosas corporaciones energéticas internacionales. Romper esas cadenas costará mucho sufrimiento y esfuerzo a las futuras generaciones de mexicanos.

Se han entronizado a nivel constitucional los principios antisociales de los potentados aborígenes siempre portavoces de sus pares extranjeros, como lo son el individualismo, el abuso del poder y la perversión de la democracia al mejor postor. Con la venta de nuestros recursos naturales estratégicos, la economía y el poder quedan supeditados a las concepciones e intereses individualistas a costa del interés público, de las necesidades y del progreso de las mayorías populares. 

Se reducirán los recursos destinados a la protección y solidaridad social, abaratándose también el pago salarial. La pobreza social no se erradicará porque la corrupción institucional y privada lo seguirá impidiendo, entre otros factores. Los sobornos de gran calibre a servidores públicos estarán a la orden del día. Las instituciones públicas se pondrán al servicio de unas cuantas poderosas empresas en detrimento de la nación. Los políticos serán a la vez accionistas empresariales. El mayor y mejor empleo seguirá siendo una vana ilusión. Los principios y valores sociales humanitarios quedarán en el baúl del olvido.

Para muy ulteriores futuros relegado queda el objetivo de que la población tenga las mismas oportunidades de superación, abandonado el principio de que la libertad individual y social se alcanzará satisfaciendo las necesidades humanas más elementales (alimentación, vivienda, salud, educación, seguridad pública y patrimonial, entre otras)

Esta desafortunada decisión de dependencia económica y política ha sido obra de la mediocre y malinchista mayoría de la clase política que padecemos. También quedó claro que lo importante en las campañas electorales para acceder al poder no es lo que se pregona sino lo que se oculta, además de los financiamientos opacos que ahora se dan con desparpajo para comprar la voluntad popular. La pluralidad política quedó en demagogia y la disciplina mono-polar convenenciera volvió a sus reales.

La falta de respeto e impunidad frente a las leyes y para beneficio de fines particulares será moneda de curso corriente, inservible para resguardar la verdadera equidad justiciera colectiva. La observancia de deberes comunes para todos caducará ante cualquier tipo de avasallamiento social.

Con esta nueva era, ya no podremos darnos libremente el destino que como nación determinemos la mayoría de los mexicanos. Quedamos atrapados y sin salida autonómica. A la par de los desastres naturales ahora llegan las calamidades económicas previsibles pero hasta ahora vano de impedir por los afanes voraces de lucro mercantilista inhumano. La nación está de luto a causa de unos vende patrias, hijos de p…

PD. En estas semanas terminales de año aciago, llevaré mi rabia y pesadumbre contenida en silencio para volver a tratar de opinar con ecuanimidad y objetividad en el venidero. Que tengan feliz descanso de mis escritos.
h.popoca.b@gmail.com


Insistamos.



Héctor Manuel Popoca Boone.

Como mexicanos patriotas no podemos avalar que se venda y comprometa la riqueza energética del país que también le correspondea las generaciones venideras en la labranza de su futuro.

Modernicemos sin privatizar la producción y transformación de los energéticos como motores del desarrollo económico nacional, tal y como lo hicimos en nuestras mejores épocas de progreso social. 

No seguir exportando barriles de petróleo crudo sin valor agregado. Hagámoslo con gasolinas y petroquímicos, con precios al menos siete veces mayores que su venta como materia prima. Podemos disminuir la desproporcionada importación de gasolinas construyendo al menos tres refinerías propias. Sí podemos. Lo hemos hecho antes al igual que en la petroquímica básica. Pero no hay voluntad gubernamental. Sí la hay para privatizar vendiendo lo que tenemos como recursos estratégicos de la nación.
PEMEX y la CFE son el binomio fundamental que han garantizado durante décadas la producción de energéticos que han posibilitado el crecimiento de las industrias, las ciudades, el campo y los transportes nacionales, con certidumbre de volúmenes y precios razonables,utilizados como incentivo económico sin lucro voraz.

Más de 70 años de experiencia le dan a PEMEX la capacidad técnica de la exploración, explotación, refinación y procesamiento petroquímico de los hidrocarburos. Si actualmente tiene problemas financieros, operativos, tecnológicos y de eficiencia se debe a una política deliberada y perversa de desmantelamiento, obsolescencia y  descapitalización realizada por los regímenes neoliberales llevados a cabo desde hace dos décadas como mínimo.

La CFE tiene también la experiencia suficiente de recuperar y ampliar la infraestructura para la generación de electricidad; empezando por utilizar con eficiencia el sistema hidroeléctrico hoy sub-aprovechado para ventaja de centrales de generación privada enmascaradas y establecidas al margen de la Constitución.
La soberanía en los energéticos nos otorga independencia económica. La privatización nos hará sumamente dependientes de empresas trasnacionales petroleras. Lo que menos les interesa es nuestro país como un todo. Las estadísticas indican que por cada dólar que invierten en un país obtienen al menos ocho dólares que los envían a sus países de origen.

Semejante sangría no nos permitirá disponer, con suficiencia, de la renta petrolera y del excedente económico por  generación de electricidad para beneficio propio. Eso jamás nos permitirá salir de país caracterizado por millones de pobres y centena de muy ricos.

La teoría de la dependencia señala que naciones ricas lo son porque desde siempre han obtenido materias primas y energéticos a precios muy bajos, les incorporan tecnología y los exportan a precios muy altos comparados a los insumos originales adquiridos; condenando a los países no industrializados a un permanente estancamiento y a una subordinación económica. Los bienes de una nación, en particular los energéticos, deben de servir para resolver sus problemas de desarrollo y no para agravarlos o generar mayores.

Construyamos un nuevo sistema energético no corrupto que nos permita mantener una verdadera independencia para enfrentar un mundo globalizado que atenta constantementecontra la soberanía nacional con su afán de provecho desmedido, alentando a la vez un progreso social inequitativo que no merece el pueblo de México. 

A la par, este nuevo sistema energético debe de contemplar el desarrollo con perspectiva al mañana de las hoy llamadas energías alternativas, limpias y renovables. Sin dejar de tomar en cuenta a los pobladores y sus derechos de posesión territorial, en el marco respetuoso del medio ambiente.

En  resumen: privatizarno es la salida para un mejor México, como lo postula la iniciativa de reforma energética. Que cada ciudadano, legislador o gobernante asuma su responsabilidad frente a la nación y de cara a nuestra historia nacional en este intento de atraco a la nación.

h.popoca.b@gmail.com