Visiones políticas.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Desde una posición progresista, los protagonistas principales en la nominación de un candidato común viable para la gubernatura estatal, serán Ángel Aguirre Rivero (AAR) y Luis Walton Aburto (LWA), a partir de las negociaciones personales y privadas que lleven a cabo próximamente.

Aguirre Rivero presentará sus cartas, respaldado con la fuerza política y estructura electoral del PRD. En el otro lado de la mesa estará Luís Walton, con la fuerza política y estructura electoral del MC, que estarán armonizadas con las del PT y, de facto, con las del partido Morena (que llevará un novel candidato propio a gobernador para no perder su registro), además de un Frente Ciudadano en apoyo a Walton que está construyéndose.

La postura inicial de Aguirre Rivero será ofrecer a Luis Walton el refuerzo del PRD para construir su candidatura a la gubernatura, a cambio de la mayoría de las candidaturas comunes que pudieran definirse para conquistar presidencias municipales, cargos de representación popular y espacios en la administración pública. O sea, que Walton sea el gobernador pero el PRD detente el poder de la gobernanza.

Los acuerdos se construirán sobre la base de la distribución anticipada del pastel. Es decir, de los espacios o “huesos” que pretendan cada uno de ellos, amparados por el músculo electoral que ya están exhibiendo ante la opinión pública.

De entrada, algunas de las pretensiones importantes de Ángel Aguirre Rivero ya están a la vista en la precandidatura a la presidencia municipal de Acapulco, direccionada hacia su hijo; la de Chilpancingo, para su ahijado, Jorge Salgado Parra; y la de Ixtapa-Zihuatanejo, para la hermana de Jiménez Rumbo, más las que se acumulen en el transcurso de las “concerta-cesiones”.

Ángel Aguirre está consciente que el PRD participa en los comicios con varios, grandes y graves boquetes en su línea de flotación, causados por hechos de sangre, colusión, corrupción, indolencia, narco-política, omisión, impunidad, así como con el gran desapego con los intereses del pueblo. Agréguesele la salida de algunos de sus principales líderes fundadores y el desfonde causado por los militantes y simpatizantes que están migrando a Morena.

Al otro lado del ring, desde una posición centro-conservadora, está el PRI con cinco precandidatos: Manuel Añorve (respaldado por Manlio Fabio Ventrones), Cuauhtémoc Salgado (respaldado por Rubén Figueroa Alcocer y Emilio Chuayffet), Héctor Apreza (respaldado por René Juárez), además de Héctor Astudillo y Mario Moreno. De ellos, el gran dedo electivo nacional seleccionará al candidato para gobernador. Mismo que contará con todo el respaldo del poder federal. Los demás tendrán que alinearse y disciplinarse sin chistar. Así lo marcan los usos y costumbres priistas. Pero aún no sale el humo blanco del solio presidencial.

La fortaleza actual del PRI radica en que no está debilitada su estructura electoral, pero le pesan mucho los desaciertos que a nivel nacional ha cometido una vez que ha llegado de nueva cuenta al poder federal. Tales como la privatización de los recursos energéticos, escándalos de corrupción, tráfico y conflicto de intereses, fusilamientos de civiles en Tlatlaya, gobernantes narco-políticos, todo con sus respectivas dosis de impunidad descarada. En fin, nada de lo que no haya sido ajeno en su reprobable pasado.

PD1. El hecho de que el vocero de los padres de familia de los normalistas muertos y en desaparición forzada, no tenga paternidad directa con alguna de las víctimas, y en cambio sí sea activista de la Ceteg, despierta suspicacias sobre la manipulación de este noble y legítimo movimiento de indignación y protesta social.

PD2. Hecho insólito en los anales de la burocracia kafkiana, fue que pudimos diseñar y ejecutar un programa de empleo temporal para el mejoramiento de las viviendas indígenas de 4 062 familias, con una derrama de 26.4 millones de pesos, en 57 comunidades de los municipios de Ayutla y Ecatepec, en tan solo ¡dos meses! ¡Sin mochadas de por medio! Bien por la Sedesol federal y mi veintiúnico colaborador.

h.popoca.b@gmail.com

Libertad a Nestora Salgado.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Al existir antecedente de libertad otorgada lisa y llanamente por la Suprema Corte de Justicia, al no respetarse el debido proceso penal a la francesa Florence Cassez, deducimos que con el mismo fundamento legal, Nestora Salgado García, debiera de haber sido liberada del encarcelamiento que padece en la penitenciaría de máxima seguridad ubicada en el estado de Nayarit, desde hace más de un año.

Ésta mujer, oriunda del municipio de Olinalá, fue una de las principales protagonistas de la Coordinadora Regional de Autoridades Ciudadanas (CRAC) de esa región de la Montaña, cuyas comunidades tomaron las armas para auto-defenderse de la delincuencia organizada que había desbordado con creces a la policía municipal y estatal regional.

En el tiempo que actuó la CRAC en la zona de Olinalá, bajo la comandancia de Nestora y al amparo de la ley estatal 701, -que permite a los pueblos en las zonas indígenas auto organizarse para velar por la seguridad y justicia de sus habitantes- se constató una baja notable del índice de violencia y delitos de todo tipo, principalmente, extorción, secuestro, abigeato, rapto de muchachas con fines de trata y robo patrimonial, que eran el flagelo de la región, a manos de los maleantes organizados, presuntamente protegidos o en complicidad con autoridades municipales.

Más pronto que tarde, la CRAC se percató que empezaba a “pisar callos” tocando intereses inconfesables de políticos regionales, funcionarios municipales y gente caciquil. A los malhechores detenidos en flagrancia, la CRAC los  remitía para su rehabilitación a pueblos determinados por La Casa de Justicia de El Paraíso. Ahí, un consejo de notables de la CRAC les imponía una sanción de trabajo comunitario para su reeducación o bien el pago de alguna fianza. De todo eso existen muchos testimonios, sin dejar de reconocer que pudieron cometer excesos o abusos con algunas víctimas o detenidos.

Tan cierta fue su destacada labor, que el gobernador, en aquel entonces, llamó a Nestora heroína ciudadana, luchadora social por la seguridad pública y con un efusivo abrazo le autorizó recursos y una camioneta para su más eficaz desempeño.

De repente, el 21 de agosto del 2013, las fuerzas armadas federales la capturan y es remitida, ipso facto, al severo y riguroso penal de máxima seguridad de Nayarit. Ahí la someten a tortura física y mental recluyéndola en una celda hermética, de poco espacio, con aislamiento total, en donde los recluidos pronto pierden la noción del tiempo, del espacio y del acontecer. El desquiciamiento psíquico, con fuertes tendencias depresivas es atroz, provocándole grave deterioro corporal por inmovilidad, al decir de su hija. En pocas palabras, hubo extremada saña en su captura, un injusto destierro y sevicia en su encarcelamiento.

En un principio, el gobierno federal le fincó culpabilidad por supuestos delitos de extorción y secuestro agravado. Con el pasar del tiempo, un juez federal concluyó que el comportamiento de Nestora obedecía a un deber social ordenado por comunidades indígenas, bajo el amparo de ley estatal 701. En marzo del 2014 resolvió ordenar la libertad de Nestora. Incomprensiblemente no sucedió lo mismo con los cargos que le imputó la Fiscalía General del Estado. ¡Uf!

El pasado 8 de enero, el gobernador Rogelio Ortega hizo pública su solicitud a la fiscalía general estatal, para que analizara el desistimiento de la acción penal. Muchos creemos que los supuestos delitos que le imputan a Nestora Salgado son inconsistentes además de la inexistencia del debido proceso. Recientemente, la señora Miranda de Wallace y el Sr. Alejandro Martí, que presiden dos asociaciones civiles contra el secuestro, pidieron públicamente que siga encarcelada por secuestradora. Extraño comportamiento, ya que no abrieron la boca para protestar cuando el poder judicial federal la exoneró, hace casi un año.

PD. En tiempos electorales, abundan los acuerdos políticos entre politicastros que son vergonzosos e inconfesables. Por eso la canción preferida de la clase política guerrerense en estas semanas que trascurren es: “Vende caro tu amor, aventurera”.

h.popoca.b@gmail.com

Escalada

Héctor Manuel Popoca Boone*.
 

Recordemos que el movimiento estudiantil del 68 tuvo su origen en la Ciudadela de la capital de México, a partir de una riña callejera entre estudiantes de dos escuelas de enseñanza media superior, misma que fue detenida con suma rudeza por la policía capitalina. Los estudiantes pidieron como reparación de dicha represión, la suspensión del jefe de la policía. El regente de la ciudad y el presidente de la República de aquel entonces, desoyeron una y otra vez tal petición, amachándose en no removerlo. En los siguientes meses la inconformidad y protesta social tuvo un ascenso vertiginoso que fue frenada abruptamente con la matanza de Tlatelolco asumida como responsabilidad presidencial.

Por otra parte, sigue sin respuesta oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), la pregunta pública que hiciera el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, “¿dónde estaban los tres niveles de gobierno cuando pasó lo de Iguala?”.

 

La afirmación tajante del senador Sofío Ramírez de que el gobierno estatal fue tan responsable como el gobierno federal en el conocimiento de lo que sucedía en Iguala, induce a pensar que no se quiere asumir responsabilidades por parte de institución federal alguna, ni afectar a sus funcionarios. A nivel estatal, el caso referido repercutió con el cese del secretario de salud, Lázaro Mazón, y la solicitud de licencia de Ángel Aguirre Rivero como gobernador de Guerrero.

Tal parece que hay un empecinamiento de la federación de no dar a conocer a los padres de los jóvenes desaparecidos, la información veraz, completa y detallada de lo que pasó con los estudiantes, desde que salieron de Ayotzinapa hasta el desenlace fatal ocurrido durante la noche-madrugada del 26-27 de septiembre del 2014 en Iguala y en sus inmediaciones. 

Sin esa información se dificulta en grado sumo resolver la desaparición forzada de 43 normalistas, el afincamiento de responsabilidades institucionales y el castigo ejemplar a que haya lugar a todos los involucrados. La versión dada por la PGR a la opinión pública causa incredulidad por no estar sólidamente sustentada. Mientras tanto, seguiremos sosteniendo que sin verdad no hay justicia y sin ésta no habrá paz duradera.

Faltan nueve días para que se cumplan cuatro meses del infausto evento; la protesta y la exigencia social no solo se ha mantenido sino que su escalada ya es más intensa y profunda, con acciones ilícitas de mayor gravedad, que tienen amplia resonancia nacional y mundial. 

En esta semana que finaliza, fue cosa de suyo grave el hecho de que el Movimiento Popular Guerrerense intentara abrir por la fuerza las puertas de algunos cuarteles militares en su reclamo de justicia. También lo es que a esta fecha, no haya suficiente y creíble información oficial sobre lo acontecido, de la presentación de los desaparecidos, así como la identificación de todos los causantes por comisión u omisión, directos e indirectos, de la tragedia.

No hay posibilidad de tener paz en Guerrero permaneciendo en esta situación de estancamiento oficial. Estamos en un punto de quiebre, que nos puede llevar a la solución represiva del conflicto o a tomar verdaderamente el sendero de la solución pacífica del mismo. 

PD1. El repudio legítimo de los ciudadanos de Acapulco (que estaban tramitando su credencial de elector) a la avanzada destructora del MPG, demuestra que no se pueden defender causas justas con actos que coarten los derechos de la cudadanía.

PD2. Convengo en que iniciemos con urgencia una cruzada vasta contra la corrupción, la impunidad, la pobreza y la injusticia en Guerrero. Seguramente todos los que estamos convencidos, nos encontraremos en el camino.

PD3. El gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, ha dado instrucciones para mi recontratación a efecto de que coadyuve, entre otras cosas, a la mejor atención gubernamental de las demandas socioeconómicas que le han sido presentadas por algunas de las organizaciones sociales de la Red de Derechos Humanos, “Una década Sin Impunidad”, que preside el Obispo Raúl Vera López. Prometo no llevármela de a muertito.

*Asesor en Políticas Públicas del Ejecutivo Estatal.

Sí, a las elecciones.

Héctor Manuel Popoca Boone.
 

Parte fundamental de la historia de México fue la consigna política “Sufragio efectivo, no reelección”, enarbolada por el mártir de la democracia, Francisco I. Madero. Con ella, convocó a los mexicanos a desconocer la dictadura de Porfirio Díaz, el 20 de noviembre de 1910. En 1911, se realizaron nuevas elecciones donde triunfó Madero, poco después fue mandado asesinar por el General Victoriano Huerta para entronizarse en el poder mediante un golpe de Estado en 1913.

La revolución mexicana le costó a México poco más de ¡un millón de vidas! La mayoría de ellas, usadas como carne de cañón. Hubo un desplome de la economía con la consiguiente hambruna social, además de una ingobernabilidad permanente, fincada en los fusiles de diversos caudillos, de diversos bandos, en diferentes regiones y en diversos tiempos. Fue un costo demasiado alto conquistar un régimen de democracia y no de dictadura.

Con la Constitución de 1917, surge nuestra democracia teñida de sangre desde sus inicios. Carranza, Obregón, Serrano,… hasta Colosio, vieron cegadas sus vidas, al igual que muchos de sus seguidores y simpatizantes, al tratar de acceder o mantenerse en el poder mediante el voto de los ciudadanos. En el año 2000 terminó el régimen presidencial de partido único (PRI), mismo que duró 71 años con una fachada falsamente democrática, sostenida con el fraude contumaz, amañado y periódico de las elecciones.

Durante la llamada dictadura blanda y perfecta, surgen guerrillas con el propósito de derrumbar el régimen político prevaleciente. Sin lograrlo, queda como saldo un sin número de personas encarceladas, torturadas, desaparecidas y asesinadas, en varias partes del territorio nacional. 

Aunque en forma accidentada, con irregularidades y poca pulcritud, podemos afirmar que en México, se ha dado la real alternancia pacífica en el poder, a través de las elecciones. Hoy en día se respeta, no sin dificultades, el derecho del ciudadano a votar y a ser votado. Por la exigencia-presión del pueblo, se han erradicado vicios que antes estaban sumamente arraigados. Tales como el “embarazo” o el robo de urnas, el acarreo masivo de electores, la alteración del padrón electoral o el falso conteo de votos, entre otras lindezas.

En este vía crucis de la democracia mexicana, aún tenemos mucho que enmendar y resolver. Como es la inequidad de los recursos aplicados a las campañas, la partidocracia comandada por una runfla de políticos corruptos y mafiosos, la financiación exorbitada de los comicios en un país de pobres, la intromisión y cooptación de lo gubernamental por la delincuencia organizada, la inveterada compra de los votos y la impunidad con que se protegen todos los ilícitos anteriores. 

Establecer los cimientos y el andamiaje de nuestra todavía imperfecta democracia ha requerido un enorme esfuerzo de los mexicanos Los avances obtenidos son patrimonio colectivo. No debemos destruirlos sino seguir perfeccionándolos, porque son la única garantía de paz en el acceso al poder, dirimir civilizadamente la litis política y el señorío de la democracia, como estilo pacífico de convivencia social.

Hoy, impedir el voto electoral va contra el derecho conquistado por el pueblo, de elegir democráticamente a sus gobernantes y representantes populares. En otras palabras, es  conculcar la posibilidad de vivir dentro de un régimen democrático a manos de unos pocos en perjuicio de todos.

Insisto, no es conveniente tratar de impedir las elecciones del 2015. Es lo mejor de lo peor que tenemos para el cambio y el progreso social. La alternancia pacífica en el poder solo se logra con el voto. En lo personal, convoco a acudir a las urnas a votar y plasmar en nuestra boleta electoral el número 43, como señal polìtica de nuestro repudio a la corrupción sistémica y la desaparición forzada de los jóvenes normalistas.

PD. “Ya me comprometí con mis amigos que están en prisión para sacarlos. Los vamos a sacar para que se reincorporen a su comunidad, para que se pongan a trabajar y nos ayuden aquí, en el trabajo de todos los días.” Dr. Rogelio Ortega Martínez, Gobernador de Guerrero.

h.popoca.b@gmail.com