Recordemos
que el movimiento estudiantil del 68 tuvo su origen en la Ciudadela de la
capital de México, a partir de una riña callejera entre estudiantes de dos
escuelas de enseñanza media superior, misma que fue detenida con suma rudeza
por la policía capitalina. Los estudiantes pidieron como reparación de dicha
represión, la suspensión del jefe de la policía. El regente de la ciudad y el
presidente de la República de aquel entonces, desoyeron una y otra vez tal
petición, amachándose en no removerlo. En los siguientes meses la inconformidad
y protesta social tuvo un ascenso vertiginoso que fue frenada abruptamente con
la matanza de Tlatelolco asumida como responsabilidad presidencial.
Por
otra parte, sigue sin respuesta oficial de la Procuraduría General de la
República (PGR), la pregunta pública que hiciera el presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, “¿dónde estaban los tres niveles de
gobierno cuando pasó lo de Iguala?”.
La
afirmación tajante del senador Sofío Ramírez de que el gobierno estatal fue tan
responsable como el gobierno federal en el conocimiento de lo que sucedía en
Iguala, induce a pensar que no se quiere asumir responsabilidades por parte de
institución federal alguna, ni afectar a sus funcionarios. A nivel estatal, el
caso referido repercutió con el cese del secretario de salud, Lázaro Mazón, y
la solicitud de licencia de Ángel Aguirre Rivero como
gobernador de Guerrero.
Tal parece que hay un empecinamiento de
la federación de no dar a conocer a los padres de los jóvenes desaparecidos, la
información veraz, completa y detallada de lo que pasó con los estudiantes,
desde que salieron de Ayotzinapa hasta el desenlace fatal ocurrido durante la
noche-madrugada del 26-27 de septiembre del 2014 en Iguala y en sus
inmediaciones.
Sin
esa información se dificulta en grado sumo resolver la desaparición forzada de
43 normalistas, el afincamiento de responsabilidades institucionales y el
castigo ejemplar a que haya lugar a todos los involucrados. La versión dada por
la PGR a la opinión pública causa incredulidad por no estar sólidamente
sustentada. Mientras tanto, seguiremos sosteniendo que sin verdad no hay
justicia y sin ésta no habrá paz duradera.
Faltan
nueve días para que se cumplan cuatro meses del infausto evento; la protesta y
la exigencia social no solo se ha mantenido sino que su escalada ya es más
intensa y profunda, con acciones ilícitas de mayor gravedad, que tienen amplia
resonancia nacional y mundial.
En esta semana que finaliza, fue cosa de
suyo grave el hecho de que el Movimiento Popular Guerrerense intentara abrir
por la fuerza las puertas de algunos cuarteles militares en su reclamo de justicia.
También lo es que a esta fecha, no haya suficiente y creíble información
oficial sobre lo acontecido, de la presentación de los desaparecidos, así como
la identificación de todos los causantes por comisión u omisión, directos e
indirectos, de la tragedia.
No hay posibilidad de tener paz en Guerrero
permaneciendo en esta situación de estancamiento oficial. Estamos en un punto
de quiebre, que nos puede llevar a la solución represiva del conflicto o a
tomar verdaderamente el sendero de la solución pacífica del mismo.
PD1. El repudio legítimo de los
ciudadanos de Acapulco (que estaban tramitando su credencial de elector) a la
avanzada destructora del MPG, demuestra que no se pueden defender causas justas
con actos que coarten los derechos de la cudadanía.
PD2. Convengo en que iniciemos con urgencia
una cruzada vasta contra la corrupción, la impunidad, la pobreza y la
injusticia en Guerrero. Seguramente todos los que estamos convencidos, nos encontraremos
en el camino.
PD3. El gobernador del estado, Rogelio
Ortega Martínez, ha dado instrucciones para mi recontratación a efecto de que
coadyuve, entre otras cosas, a la mejor atención gubernamental de las demandas
socioeconómicas que le han sido presentadas por algunas de las organizaciones
sociales de la Red de Derechos Humanos, “Una década Sin Impunidad”, que preside
el Obispo Raúl Vera López. Prometo no llevármela de a muertito.
*Asesor en Políticas Públicas del
Ejecutivo Estatal.
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