La policía municipal de Acapulco.

Héctor Manuel Popoca Boone.

El sistema policíaco del municipio de Acapulco no escapó de ser infiltrado por la narco-delincuencia, misma que había sentado sus reales hace muchos años atrás. Las valientes declaraciones del Gobernador Rogelio Ortega vienen a confirmar lo que era un rumor a sottovoce: El paro de la policía municipal ha durado poco más de 11 meses y fue sostenido gracias al apoyo que subrepticiamente otorgó presuntamente el jefe de cártel: Víctor Aguirre Garzón, recientemente encarcelado.

No es casualidad que días después de la aprehensión del capo, los policías paristas hayan aceptado, en principio, los acuerdos posibles que les había ofrecido Luis Walton de tiempo atrás. El propósito desde el primer momento fue doblegarlo, como siempre lo habían hecho con los presidentes municipales que le antecedieron y que tácitamente rehusaron enfrentar la corrupción imperante. Walton no se sometió a los propósitos deshonestos de algunos policías malandrines.

Tristemente memorables fueron los tiempos del reinado de los hermanos Beltrán Leyva en Acapulco, a través de la Barbie, donde en algunas de las lujosas residencias de Las Brisas, todo tipo de personajes inescrupulosos del mundo empresarial y de la política acordaban con ellos su libre quehacer y permanencia en el puerto, sin que hubiera mayor molestia alguna. La vox populi aseveraba que un candidato a gobernante aceptó grandes cantidades de dinero para refrendar el pacto de cohabitación pacífica dentro de la impunidad, si llegara a triunfar.

Cuando recibió el poder municipal Luis Walton, el cuerpo policíaco de Acapulco constaba de 2 200 elementos entre preventivos y de tránsito. La primera renuencia que presentaron los policías fue a la rotación de puestos y a la reasignación de zonas de trabajo, debido a los intereses inconfesables enraizados en sus inamovibles lugares de adscripción. La segunda oposición fue, por obvias razones, al Mando Único con el sistema de policía preventiva federal y estatal. Pero la tercera y más fuerte resistencia, que concitó el paro laboral general, fue cuando se puso en marcha la depuración del cuerpo policíaco a través del programa de certificación, en base a los protocolos federales, realizándolos fuera del Estado de Guerrero para evitar cualquier contaminación.

Faltan por aplicar las pruebas de certificación a 700 elementos policíacos. Del primer grupo de 1500 policías evaluados, no aprobaron los exámenes de permanencia, control y confianza, 948 (63 %), por lo que se procedió a iniciar su liquidación legal. La comuna acapulqueña aprobó la erogación de cuarenta millones de pesos para finiquitar los servicios de un primer grupo de 250 de ellos. A los otros 698 reprobados, no se les ha podido liquidar por falta de recursos presupuestales, ya que a la fecha eso tiene un costo de 85 millones de pesos, aproximadamente.

Estando bajo fuerte presión, también los policías certificados se sumaron al paro y todos irresponsablemente dejaron en la indefensión a Acapulco. A raíz del asalto a mano armada a un minisúper de la Av. Costera, perpetrado por un policía en paro, el ejército y la marina desarmaron a todos. Paradójicamente con esa medida los índices delictivos bajaron en el municipio.

Es de reconocerse el apoyo del gobierno federal y estatal, que entraron al quite durante todo ese tiempo, con sus varios cuerpos de policías, además de la presencia imprescindible de la marina y el ejército. No cabe duda que en estos tiempos se está librando una guerra civil de baja intensidad entre los cárteles contra el pueblo y el Estado mexicano, donde este último aún sigue infiltrado, lamentablemente.

PD1. Existen fuertes indicios ministeriales que señalan a Zeferino Torreblanca Galindo como presunto autor intelectual del asesinato del diputado Armando Chavarría; además de que como gobernante cínicamente declaró en público que ni podía ni quería combatir a la delincuencia organizada. Ahora es candidato del PAN para la presidencia municipal de Acapulco. ¡Sálvese quien pueda!

PD2. ¡Es la política estúpido! Lo que cuenta es la percepción popular y no los seudo-argumentos legaloides.

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