Héctor Manuel Popoca
Boone.
La corrupción en México
no es un problema cultural. Es histórico y estructural. Es el lubricante por
medio del cual se mueve con mayor fluidez todo el engranaje del gobierno en su
quehacer público y permite a los funcionarios obtener riquezas materiales
extraordinarias en poco tiempo, junto con empresarios inescrupulosos asociados,
así como la posibilidad de toda trasgresión a las leyes.
Esa ha sido nuestra
desgracia histórica desde la época de la institucionalidad virreinal que
aprovechando la lejanía de la madre patria permitía a los virreyes y sus
séquitos hincharse de haberes en grado sumo a tal grado que, hubo necesidad de establecer
los juicios de residencia, o sea, el ex gobernante quedarse un año más en la
ciudad sede de su ejercicio de gobierno, mientras los auditores realizaban un
trabajo que en la mayoría de los casos terminaba por ser archivado.
Guerrero es uno de los
estados de la republica cuya corrupción es fuerte. Por eso no causó mucha
sorpresa que la primera iniciativa de ley ciudadana, promovida por más de 610
mil habitantes -sólidamente elaborada por especialistas-, se la hayan pasado
por el arco del triunfo la cámara de senadores y la de los diputados, al
aprobar una ley modificada en forma substancial donde le quitaron todo filo,
toda garra sancionadora; permitiendo con eso, poder acceder a una mayor acumulación
ilícita de riqueza a gobernantes, políticos y legisladores. Deja como optativo
y no obligatorio, dar a conocer públicamente sus activos materiales.
La ley anticorrupción
aprobada no va a ser acatada por nadie porque en los hechos no posee poder sancionador.
Es puro gatopardismo jurídico, consistente
en realizar los cambios legales necesarios para que nada cambie y todo
permanezca igual. Eso provocó una irritación social fuerte en varios ámbitos
del espectro social: empresarios, intelectuales, ONGs, etc.
A tal grado fue la
molestia que, en un hecho insólito en los anales de sus actividades gremiales,
un grupo de empresarios pertenecientes a la COPARMEX, hicieron una
manifestación pública de protesta y repudio a la ley mocha aprobada. Provocación
fue a la vez, la incorporación por parte de los legisladores de la obligatoriedad
a los empresarios que quisieran tener tratos comerciales con el gobierno de
declarar públicamente todos sus bienes patrimoniales, aun cuando no hubieran
sido adquiridos con dinero del erario público.
La postura pro-corruptiva del PRI viene a
ratificar su vocación, reiteradamente constatada en forma por demás escandalosa.
Tales como el caso de la Casa Blanca comprada por la dama presidencial al
empresario favorito de la presidencia. La abrupta suspensión del concurso
multimillonario para la construcción de tren bala donde participaría la empresa
consentida de la presidencia y el no menos balconeo de la residencia del
secretario de Hacienda, Videgaray, construida por la misma empresa constructora.
O el voraz saqueo del erario público perpetrado por el gobernador priista de
Veracruz o del que cometió el que fue de Tabasco.
La iniciativa de la ley
anticorrupción fue un intento más que quedó frustrado para erradicar este
cáncer cuya metástasis ha causado la destrucción paulatina de nuestro país, el
desgarramiento profundo de la urdimbre social de la nación y la no menos brutal
desigualdad social.
PD. Asombroso es el
empecinamiento enfermizo de Florencio Salazar Adame, de tratar de excluir la
participación de la OPIM en la operación del Centro de Atención a la Mujer Indígena
en Ayutla. Antepone sus caprichos personales a los intereses mayoritarios de las
mujeres indígenas Me Phaa de aquella zona. Ellas son en última instancia las
perjudicadas del chocheo que traemos a cuestas los veteranos del centenario,
como diría una amiga en común. A Florencio, lo invitó a recorrer los pueblos de
esa zona y vea a las mujeres sumidas en la miseria y en la violencia machista y
percatarse lo mucho que les estamos haciendo daño al no poner en operación el
Centro de Atención si no es como él quiere. ¡Uf!
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