Héctor Manuel Popoca Boone.
La fecha límite para que el Congreso del estado haga
las adecuaciones de congruencia con la nueva constitución estatal a la actual
ley secundaria, denominada Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de
los Pueblos Indígenas del Estado es el próximo 15 de marzo. Esto significa que
los diputados tienen como máximo 60 días para realizar tal encomienda. La
preocupación que empieza a surgir es que hasta ahora no han convocado a foros
de consultas a los directamente interesados: los pueblos y las organizaciones
indígenas de Guerrero.
Hay inquietud fundada de diversas organizaciones
indígenas de que en algunos legisladores prive el propósito de abrogar una de
las partes sustantivas de dicha ley, que es la referente a la salvaguarda legal
del derecho de los pueblos indígenas a tener su propio sistema de seguridad
pública y de justicia comunitaria. Los diputados y las diputadas no deben de
olvidar que dicha ley es una conquista histórica de los pueblos indígenas que
les costó años de persecución, represión, encarcelamientos, e incluso, pérdida
de vidas de compañeros que lucharon por establecer y legalizar una defensa
comunal contra la delincuencia que durante muchos años expolió económicamente a
los pueblos de la Montaña y la parte alta de la Costa Chica.
Los delitos eran realizados en forma impune ante la
omisión crasa, si no es que colusión interesada, de las diversas corporaciones
policíacas que actuaban en dichas regiones. Me toco ser testigo de los desmanes
que hacía la llamada policía motorizada y judicial, contra las organizaciones
indígenas productoras de café en la zona alta de San Luis Acatlán, hace algunos
ayeres.
Desde siempre, el gobierno ha visto con malos ojos
el sistema de seguridad comunitario indígena que cuenta como principal
instrumento de disuasión del delito a la Policía Comunitaria encuadrada dentro
de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). La evidencia empírica histórica
constata que desde su funcionamiento, los índices delictivos bajaron en setenta
por ciento en el territorio en que operan. No han podido hacer más, por la franca
o velada oposición, hostigamiento, soborno, división y represión que han
sufrido de los gobiernos federales, estatales y municipales desde hace muchos
años atrás.
Los gobernantes nunca han aceptado que se les
arrebate el monopolio de la fuerza legal para mantener la paz, la seguridad y
el adecuado orden social necesarios para tener prosperidad colectiva. También
ha sido evidente que la corrupción institucional y la impunidad concomitante,
acercaron más a los gobernantes a la delincuencia y mayormente se alejaron de
los pueblos. Al grado tal que en la actualidad, como todo mundo lo constata, el
Estado ha quedado desbordado y en situación de cuasi impotencia para mantener a
raya a las delincuencias de todo tipo y a las violencias que desatan a diario.
Vergonzoso es que el sistema gubernamental
guerrerense mantenga en la cárcel, como presos políticos desde hace más de tres
años, a comandantes de la CRAC sin que se hubiera observado el debido proceso
legal. Me refiero, por ejemplo, a los casos de Gonzalo Molina González, que
está en la cárcel de Tixtla y a Arturo Campos Herrera, encarcelado en Ayutla.
El gobernador Héctor Astudillo que no es de talante
represor está cargando con ese estigma de sumo desprestigio que le heredaron.
Aun cuando se infiere que es, políticamente hablando, el trabajo sucio que tiene
que asumir, junto con el fiscal estatal, para que la federación mantenga acantonada
en Guerrero una significativa fuerza federal policiaca y militar.
Toda la anterior argumentación trata de demostrar
que es de alta sensibilidad y de gran impacto social lo que los diputados
locales aprueben como la nueva versión mejorada y armonizada de la ley en
comento con la nueva constitución local. Es imprescindible, urgente y de obvia
resolución, que el congreso local realice en estos 60 días, los foros de
consulta ciudadana que no ha hecho; convocando principalmente a los pueblos
indígenas de Guerrero. En el entendido que “el horno no está para bollos”. Ya
están elaboradas por parte de Movimiento Ciudadano y Morena iniciativas que
bien pueden servir como documentos base de trabajo. ¡Manos a la obra!
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