Verdades que pesan.

Héctor Manuel Popoca Boone.

A 18 meses de la administración del gobernador Héctor Astudillo, los índices de violencia e inseguridad, además de mantenerse altos, han mostrado la pérdida parcial de control y eficacia de las instituciones de seguridad y justicia en ciertas regiones del estado.

Tenemos algunas estructuras gubernamentales (estatales y municipales) donde las organizaciones criminales han sentado sus reales y son las que verdaderamente gobiernan, a punta de metralla, de amenazas, robos, extorsiones y asesinatos de la población. En ciertas partes del estado la población se ha levantado en armas para resolver por sí misma su seguridad familiar y patrimonial.

Estamos ante una guerra civil de baja intensidad, donde las víctimas más dolientes son las ciudadanas y ciudadanos de a pie; mujeres, jóvenes, estudiantes, niñas y niños, cuyas muertes son consideradas por el gobierno tan solo como daños colaterales en sus estrategias de seguridad pública.

La única salida que vislumbran los gobernantes es militarizar la seguridad pública y los campus universitarios, dejando en segundo plano la depuración y certificación de las corporaciones policiales, la autonomía universitaria y la lucha a fondo contra la corrupción y la impunidad.

Ha quedado demostrado que los cuerpos de policías (sobre todo municipales) están infiltrados por el crimen organizado y, por otro lado, no se constatan acciones contundentes para desmontar esas estructuras.

La extorsión forma parte de los delitos más frecuentes que se cometen, tanto por parte de los malosos (derecho de piso o cuota) como por el gobierno (moches). Se le otorga impunidad, desde el poder legislativo estatal, al considerarlo de gravedad menor. Ante un delito, es riesgoso y poco confiable, solicitar la intervención de las autoridades correspondientes, debido a que han tejido vínculos y contubernios vergonzantes con las organizaciones criminales.

La maraña de intereses mafiosos de buena parte de los políticos, les ha permitido desatenderse de las demandas más sentidas de la población, lo que nos está llevando a una situación de ingobernabilidad regionalizada.

En términos generales, no hay en los distintos niveles de gobierno una efectiva rendición de cuentas, un ejercicio transparente de los recursos y una entrega de resultados constatable. El ocultamiento de información a la ciudadanía sigue formando una parte importante del estilo de gobernar en Guerrero. Empezando por los diputados y sus oscuros ingresos mensuales. Los gobernantes, legisladores y funcionarios públicos se asumen como dueños del quehacer gubernamental y se colocan por encima de las leyes escudándose en el fuero que detentan.

El gobierno estatal culpa a la administración antecesora de todo lo que pasa, para eludir su propia responsabilidad, a pesar que ya lleva gobernando más de año y medio; se ha vuelto simple vocero de los hechos violentos, pregonando permanentemente la realización de investigaciones infructuosas para dar con los responsables.

El desbordamiento de la violencia no se debe tan solo al poder de las organizaciones criminales, sino al cobijo que le ha brindado una clase de políticos que lucran con el poder y gobiernan de espaldas a la sociedad. La descomposición del poder político ha vulnerado seriamente al Estado de derecho. No habrá paz, ni orden, mientras no haya una trasformación profunda del actual sistema de justicia y de seguridad estatal. Al PRI, eso no le interesa.

PD1. A partir de la lectura de un ensayo de Tlachinollan. (El Sur. 24/04/2017).

PD2. Las inminentes alianzas inter-partidarias, anti-axiológicas, empujan a que mis personalísimas preferencias electorales para el 2018, se vayan inclinando más por las personas que por los partidos. Por lo que les adelantó dos (hasta esta fecha): López Obrador para presidente de la república y Luís Walton para senador por Guerrero.

PD3. Frente a los comicios en el Estado de México, el presidente de la república se ha convertido en un vulgar mapache electoral y corruptor de voluntades. Pobre país. Miseria de miras de Peña Nieto. El INE con su parcialidad ya “valió madres” como institución confiable para el 2018.

Taller en Técpan.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Fuimos a dar un taller de capacitación política a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano en la ciudad de Técpan, región de Costa Grande. El primer tema que abordamos fue la situación que guardan los partidos políticos en la actual coyuntura preelectoral. Del forcejeo inicial entre ellos, a partir del pronóstico de los votos supuestamente garantizados que dicen tener. Concebidos los ciudadanos como objetos más que como sujetos activos del quehacer político.

Esos votos esgrimidos, son patrimonialistamente considerados como mercancías de uso y de cambio. Por tanto, es en la plaza pública donde exhibidos quedan los “músculos políticos”. Ahí los partidos políticos dan cuenta cuantitativa de la base social que dicen tener. Hacen valer su voto duro para mejor mercadear. Para el estira y el afloje, para la toma y daca, de las posibles concesiones que den pie a las buscadas alianzas. Pero como de un proceso electoral a otro, las circunstancias son diferentes, los votos obtenidos varían para cada cual. Éstos pueden darse a la fuga o verse incrementados. Luego entonces, también los partidos políticos se precian o deprecian por su actuación en el tiempo. “Dígame cuantos votos tiene y le diré cuánto vale” La misma medida es válida para ponderar a políticos suspirantes a cualesquiera de los cargos de representación popular.  

Las ideologías, los principios y los valores son mera coreografía teatral, dijeron algunos asistentes al taller.  Lo prevaleciente en el ámbito de la ambición política partidaria son los provechos del poder por el poder mismo; así como de las riquezas materiales, expeditas e inauditas, que solo el erario público, los barones del dinero y la narco-política pueden dar en un contexto de corrupción e impunidad. Privan, por mucho, las conveniencias sobre las convicciones. Es así como la democracia electoral mexicana se ahoga, casi en su totalidad, en un gran fariseísmo, vulgar y ramplón.

A pulso, los partidos políticos y sus conspicuos integrantes, se han colocado en los últimos lugares de la estima ciudadana. Solo ven por sus propios intereses de grupo o individuales, aun cuando navegan con las banderas de las causas de la gente. Desde que la política se volvió negocio económico redituable, nadie la deja. De ahí el enraíce de la partidocracia que lucha con ferocidad por mantener el poder alcanzado; valiéndose de todas las artimañas y recursos posibles, lícitos o no, escrupulosos o no. Este tipo de oligopolio político también lo defienden los partidos pequeños o los que van en declive; que luchan por mantener sus prerrogativas económicas, sus escaños de partido o para vender caro sus votos, al visualizar la posibilidad de direccionar el fiel de la balanza de la victoria electoral. Así, lo que caracteriza hoy en día a la política nacional es su enorme plasticidad y pragmatismo utilitario, orientado más a lo monetario que a la motivación social reivindicadora. Disminuye lo anterior, las ya admitidas candidaturas independientes de carácter ciudadano.

Cada día, los guerrerenses cobran más conciencia de la importancia de su participación en la política. Cada vez más valoran el destino de su voto y lo que significa no ejercerlo por decepción o frustración civil, provocadas por las circunstancias económicas adversas en que vivimos, por la galopante inseguridad pública (que nos resta libertad, patrimonio y vida), por la mar de corrupción e impunidad de los intereses de antaño y de hogaño vigentes y por la machacona ineptitud de los gobiernos en turno.

Mientras tanto, los militares continúan en las calles y en las veredas, asumiendo responsabilidades que los gobiernos civiles dejaron de cumplir y que hoy reconocen su impotencia e incompetencia para volverlas asumir a cabalidad.

PD. ¡Ningún! diputado asistió al foro sobre el tema de los desaparecidos, ejecutados y desplazados en Guerrero, llevado a cabo en la mismísima biblioteca del Congreso local, donde estuvo presente el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México y el Primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¡Uf!

La saga de la CRAC-PC

Héctor Manuel Popoca Boone.

“Quien no ha investigado no tiene derecho a opinar.” “Todo movimiento político debe partir del análisis concreto de la situación concreta”. Para conocer, hay que escuchar la experiencia de los sabios mayores. Porque aquél que no conoce y abreva de la historia, está condenado a fallar. De tal suerte que, aquel gobierno que no sabe, bien a bien, la historia de la CRAC-PC y, por tanto, no valora en toda su dimensión, la importancia social que ha tenido su funcionamiento en las zonas indígenas de La Montaña y Costa Chica para preservar la paz, seguridad pública y la justicia, en más de 20 años de existencia, fracasará irremediablemente en el intento de acotar su actuación benefactora, cuando lo correcto es fortalecerla y complementarla.

Dos amigos de antiguo cuño, fundadores, coordinadores y actualmente consejeros regionales de la CRAC-PC, Juan Horta Cruz y Sabas Aburto Espino Barros, me obsequiaron el oportuno y pertinente libro “CRAC-PC, El origen de la policía comunitaria. Montaña y Costa Chica de Guerrero.”, donde dan cuenta de la historia pormenorizada de la formación y desarrollo de “nuevas prácticas y relaciones que, en materia de seguridad, justicia comunitaria y reeducación, desarrollamos miles de seres humanos …”

El gobierno de Astudillo ya provocó la inconformidad y la desconfianza de la CRAC-PC, a partir de una iniciativa de modificación constitucional (como primer paso) para subordinarla a las instituciones oficiales establecidas. No toma en cuenta lo conquistado por la policía comunitaria indígena a base de resistir, a lo largo de su existencia, fuertes embestidas de carácter gubernamental, de organizaciones para-militares y de delincuencias organizadas.

El Estado mexicano no permite compartir el monopolio legal de la fuerza institucional, aun cuando ha quedado sobrepasado por la delincuencia. Los autores del libro reconocen a buenos elementos del ejército nacional, de la policía estatal y de funcionarios sociales que, de diversas formas y en diferentes momentos, apoyamos su actuación. Paradójicamente, hoy en día, la permanencia injusta en la cárcel de algunos líderes de la CRAC-PC (presos políticos) contradice el pregón oficial: “Guerrero nos necesita a todos.”

No le será fácil al actual gobierno estatal disminuir un sistema indígena de procurar y administrar la justicia que ha dado buenos resultados. La CRAC-PC tiene raíces sólidas y profundas en las asambleas de pueblo y ha consolidado su funcionamiento basado en los usos y costumbres adoptados como normatividad de operación, a partir de una “Asamblea Regional fundacional en el año de 1995, con más de 160 representantes comunitarios, autoridades, organizaciones, ayuntamientos y con casi 400 policías”.

La causa fundamental de su surgimiento en aquellos tiempos fue la intensificación de la delincuencia y la violencia en las comunidades indígenas. En el marco de un estado de derecho (¿o de chueco?) que no quería y no podía abatir los índices delictivos que se presentaban. El hecho contundente e irrebatible es que a lo largo de su operación la CRAC-PC ha abatido en alrededor de un 70 por ciento los delitos cometidos en las zonas indígenas de su competencia. Solo la soberbia y el engreimiento gubernamental ignoran esa evidencia empírica e histórica que a su vez desnuda y exhibe un sistema institucional carcomido por la corrupción y la impunidad en la procuración y administración de la justicia.

El gobierno estatal propone ahora que antes de que se discuta la ley reglamentaria del sistema de seguridad y justicia indígena se vuelva a modificar la constitución del estado para así poder encajonar y minimizar dicho derecho indígena.

PD1 Una Constitución trata no solo de la organización del Estado. Sino también de “los derechos humanos como la columna vertebral del constitucionalismo contemporáneo”. Luís M. Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

PD2. Llega hoy López Obrador a Chilpancingo, como primer candidato declarado a la Presidencia de la república. Arriba a estas tierras impregnadas de violencia, delincuencia y pobreza social. En un marco de corrupción e impunidad institucional. Estaremos atentos a lo que diga, como el puntero que ya es.