Héctor Manuel Popoca Boone.
A 18 meses de la
administración del gobernador Héctor Astudillo, los índices de violencia e
inseguridad, además de mantenerse altos, han mostrado la pérdida parcial de
control y eficacia de las instituciones de seguridad y justicia en ciertas
regiones del estado.
Tenemos algunas estructuras gubernamentales
(estatales y municipales) donde las organizaciones criminales han sentado sus
reales y son las que verdaderamente gobiernan, a punta de metralla, de amenazas,
robos, extorsiones y asesinatos de la población. En ciertas partes del estado
la población se ha levantado en armas para resolver por sí misma su seguridad
familiar y patrimonial.
Estamos ante una guerra civil de baja intensidad,
donde las víctimas más dolientes son las ciudadanas y ciudadanos de a pie;
mujeres, jóvenes, estudiantes, niñas y niños, cuyas muertes son consideradas
por el gobierno tan solo como daños colaterales en sus estrategias de seguridad
pública.
La única salida que vislumbran los gobernantes es
militarizar la seguridad pública y los campus universitarios, dejando en
segundo plano la depuración y certificación de las corporaciones policiales, la
autonomía universitaria y la lucha a fondo contra la corrupción y la impunidad.
Ha quedado demostrado que los cuerpos de policías
(sobre todo municipales) están infiltrados por el crimen organizado y, por otro
lado, no se constatan acciones contundentes para desmontar esas estructuras.
La extorsión forma parte de los delitos más
frecuentes que se cometen, tanto por parte de los malosos (derecho de piso o
cuota) como por el gobierno (moches). Se le otorga impunidad, desde el poder
legislativo estatal, al considerarlo de gravedad menor. Ante un delito, es
riesgoso y poco confiable, solicitar la intervención de las autoridades
correspondientes, debido a que han tejido vínculos y contubernios vergonzantes
con las organizaciones criminales.
La maraña de intereses mafiosos de buena parte de
los políticos, les ha permitido desatenderse de las demandas más sentidas de la
población, lo que nos está llevando a una situación de ingobernabilidad
regionalizada.
En términos generales, no hay en los distintos
niveles de gobierno una efectiva rendición de cuentas, un ejercicio
transparente de los recursos y una entrega de resultados constatable. El
ocultamiento de información a la ciudadanía sigue formando una parte importante
del estilo de gobernar en Guerrero. Empezando por los diputados y sus oscuros
ingresos mensuales. Los gobernantes, legisladores y funcionarios públicos se
asumen como dueños del quehacer gubernamental y se colocan por encima de las
leyes escudándose en el fuero que detentan.
El gobierno estatal culpa a la administración
antecesora de todo lo que pasa, para eludir su propia responsabilidad, a pesar
que ya lleva gobernando más de año y medio; se ha vuelto simple vocero de los
hechos violentos, pregonando permanentemente la realización de investigaciones
infructuosas para dar con los responsables.
El desbordamiento de la violencia no se debe tan
solo al poder de las organizaciones criminales, sino al cobijo que le ha
brindado una clase de políticos que lucran con el poder y gobiernan de espaldas
a la sociedad. La descomposición del poder político ha vulnerado seriamente al
Estado de derecho. No habrá paz, ni orden, mientras no haya una trasformación
profunda del actual sistema de justicia y de seguridad estatal. Al PRI, eso no
le interesa.
PD1. A partir de la lectura de un ensayo de
Tlachinollan. (El Sur. 24/04/2017).
PD2. Las inminentes alianzas inter-partidarias,
anti-axiológicas, empujan a que mis personalísimas preferencias electorales
para el 2018, se vayan inclinando más por las personas que por los partidos.
Por lo que les adelantó dos (hasta esta fecha): López Obrador para presidente
de la república y Luís Walton para senador por Guerrero.
PD3. Frente a los comicios en el Estado de
México, el presidente de la república se ha convertido en un vulgar mapache
electoral y corruptor de voluntades. Pobre país. Miseria de miras de Peña
Nieto. El INE con su parcialidad ya “valió madres” como institución confiable
para el 2018.
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