viernes, 22 de febrero de 2019

Otro gallo nos cantaría


Héctor Manuel Popoca Boone.

En Guerrero, la refundación de nuestros comportamientos éticos, como gobernantes, servidores públicos, profesionistas o técnicos que de una u otra manera hemos estado al servicio de la población, es verdaderamente urgente. Dichas buenas conductas públicas las hemos perdido de muchos años atrás, en términos generales. Hay que reconocer que la administración pública nacional de más de tres décadas de antaño, deja mucho que desear y solo ha atorado el progreso de nuestro estado y de México como país. No avanzamos, pero sí depredamos. Hemos sido más extractivos y destructivos, que inclusivos y creativos.

Los funcionarios públicos distan en mucho hacer sólo aquello que las normas estipulan expresamente. Muchas veces actúan desacatando y violentando las leyes y reglamentos que tienen bajo su responsabilidad y que, además, deben hacer que se observen de acuerdo a las facultades que su encomienda gubernamental les otorga y que por lógica han de observarse en el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

Así mismos obligados están a otorgar el mismo trato a la ciudadanía en general, sin conceder privilegio alguno o preferencia a determinas organizaciones o personas. Habrá de prevalecer ser inmune a influencias, intereses y perjuicios indebidos, que lleguen a alterar o afectar su compromiso para la toma de decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva e imparcial; dando un trato digno y cordial a las personas subordinadas o ciudadanos comunes y sencillos, considerando en todo momento sus derechos humanos que permitan propiciar el dialogo cortés y respetuoso.

En la administración pública debe de haber toda una cultura de servicio y éste debe de estar orientado al logro de resultados positivos, edificadores y eficaces para la sociedad en general, pero preferentemente para los más desposeídos, los pobres de siempre. El gobernante o directivo debe desempeñarse permanentemente como un ente emblemático en sus funciones a fin de alcanzar las metas y propósitos encomendados, de acuerdo a sus responsabilidades, mediante un manejo probo y claro de los recursos públicos y abstenerse de cualquier ostentación o aplicación indebida de los mismos.

De lo anterior deviene una conducta pública recta en donde el gobernante o servidor público no utilice su cargo o empleo para obtener algún beneficio en particular o ventaja personal ni a favor de terceros, así como tampoco ser déspota, autista intencionado o interesado en aceptar compensaciones, contraprestaciones u obsequios onerosos de cualquier persona u organización que comprometa sus funciones. Al contrario, el ejercicio de cualquier responsabilidad pública implica austeridad y un alto sentido de compromiso social.

Esta conducta ética poseerá además valores transversales, como lo son: la equidad de género, entendida como aquella que todo servidor público, en el ámbito de sus competencias y atribuciones debe garantizar para que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los cargos, los bienes y servicios públicos; así también a las instituciones. Lo mismo trátese de igualdad y no discriminación que no es sino otorgar el servicio público a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en nacionalidad u origen étnico, lengua, color de la piel, apariencia, cultura, religión, sexo, edad, discapacidad, salud, embarazo, pobreza, preferencias sexuales, filiación política u opiniones personales, estado civil, etc.

Por último, pero no menos importante, el gobernante y el servidor público le debe respeto, defensa y preservación al medio ambiente y a la cultura misma en todas sus manifestaciones en cualquier parte del mundo y en cualquier naturaleza por ser la principal herencia a las generaciones futuras.

En la medida que nos aproximemos a la observancia de estos valores y conductas, tengo la absoluta seguridad que estaremos saliendo más pronto que tarde del inframundo institucional en que estamos inmersos, para dar paso a otros estadios superiores de nuestro país y por ende de estas tierras del sur en donde la codicia, la deshonestidad y lo inhumano sean tan solo un triste recuerdo de nuestros altibajos históricos.

viernes, 15 de febrero de 2019


La tierra, ¿es de quien la trabaja?

Héctor Manuel Popoca Boone.

¿Dónde están Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro?

El reparto agrario de grandes latifundios fue producto de la Revolución Mexicana de 1910, es decir, de la Tercera Transformación; principalmente como respuesta a las demandas torales del plan de lucha enarbolado por el General Emiliano Zapata. Después de más de una centuria y vinculada a la contra-reforma agraria, iniciada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, la estructura de la tenencia agraria de México vuelve a presentar una tendencia a la concentración de la tierra en unas cuantas manos. Su perfil actual es de desigualdad, asimetría e inequidad. *

El 66.4 por ciento de las unidades económicas rurales son menores a 5 hectáreas y detentan solamente el 6.2 por ciento de la superficie agrícola nacional. Otro 31.3 por ciento de unidades productivas, son de 5 a 100 hectáreas y poseen el 28.7 por ciento de la superficie y el 2.2 por ciento restante, son mayores a 100 hectáreas y poseen el 65.1 por ciento de la superficie aludida. En otras palabras, un número pequeño de empresarios agropecuarios realiza la explotación económica de la mayoría de los terrenos nacionales de alta rentabilidad.

Nuestra frontera agrícola está condicionada a su vez por factores orográficos, edafológicos, climatológicos, flora, fauna y con diversidad social y cultural, que le otorgan muy diversa caracterología y potencialidad en la dotación de los recursos naturales.

En la época de mayor auge del neoliberalismo mexicano, el gobierno federal abandonó los esfuerzos orientados a lograr un desarrollo rural integral, sustentable, equitativo y justo; dando pie también a la desigualdad en la distribución del presupuesto público destinado al sector. Los grandes empresarios agrícolas del norte y del centro occidente del país (que representan no más del 4 % de los productores rurales) han succionado más de la mitad del mismo, en perjuicio de la mayoría de los productores en pequeña escala productiva del sur-sureste de la república. La consecuencia ha sido una renovada concentración de la tierra en pocas unidades productivas y orientada la mayor parte del erario público a apoyar su explotación económica correspondiente.

Al paso de los años, la certidumbre y certeza en la posesión de la tierra que debiera otorgar la estructura gubernamental federal en el ámbito social, devino en incertidumbre e irregularidad sobre la misma; es decir, en los ejidos y bienes comunales; señaladamente ahí donde existen parcelas con vocación turística, minera, inmobiliaria, de riego o aquellas que poseen recursos energéticos. 

Para el sencillo campesino, la Procuraduría Agraria y el Registro Nacional Agrario, con su tramitología tortuosa, empantanó actualizar sus certificados parcelarios que han sufrido modificaciones por razones de venta, renta, préstamo, abandono o muerte sin testamento formal. Hoy por hoy, es una constante en todo el país el que la certificación de miles de parcelas y/o hectáreas no estén a nombre de quién verdaderamente las trabaja. En Guerrero la incertidumbre por la irregularidad en la tenencia de la tierra agraria afecta a un 60 a 65 por ciento de los predios ejidales y/o comunales. La irregularidad es enorme, sin contar que algunos predios aún carecen de certificado.

En la mayoría de los núcleos agrarios del país regularizar el registro de posesión parcelaria es una urgencia impostergable, para poder identificar si los poseedores formales están vivos, no la han abandonado o hayan procedido a su venta o renta de forma irregular. También perentoria es su actualización para que puedan considerarse elegibles y acceder a los diversos programas y apoyos que el gobierno federal ha implementado a su favor. Por eso, en Guerrero, todos los padrones de beneficiarios son irregulares; en virtud de que no son todos los que están, ni están todos los que son; entre otras anomalías existentes.

*Ensayo sobre extensionismo rural con enfoque territorial. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 2018.


viernes, 8 de febrero de 2019

La asamblea comunitaria


Héctor Manuel Popoca Boone

Con la palabra asamblea, se da a entender una reunión general de miembros de un colectivo para decidir sobre asuntos que les son comunes. Está en la naturaleza del hombre ser gregario. La asamblea es un espacio y a la vez una manifestación de la actuación en colectivo. Es un ámbito donde el individuo establece comunicación con sus semejantes; donde toma cuenta de aconteceres, delibera, reflexiona, discute, adquiere consciencia y consensa decisiones, que se vuelven acciones resolutivas, emanadas del sentir mayoritario de los integrantes de la asamblea. En pocas palabras, es un instrumento que concreta una voluntad social.

El vocablo comunidad, se refiere a un conjunto de personas que viven bajo ciertas reglas de convivencia, donde propósitos y comportamientos individuales son también comunes en otros. Así mismo, tiene significado de identidad social; por tanto, de pertenencia grupal al generar bases homogéneas para una convivencia consensuada. De ahí que, una asamblea comunitaria de carácter rural hace referencia a la instancia que tienen los productores del campo para tratar los asuntos concernientes al agro y a su devenir como pueblo.

Una asamblea comunitaria da cohesión social; en contraposición al proceso de individualización paulatina que las circunstancias cotidianas, institucionales y culturales, imponen a la ciudadanía; sobre todo en la esfera de la información parcializada y no deliberativa acerca de las precarias condiciones socio-económicas que padecen sus miembros. Su función de instancia política también ha perdido capacidad y existencia real, ante el empuje avasallador de los partidos políticos que la segmentan, dividen y minimizan. Por ejemplo, las asambleas de los núcleos agrarios hoy en día se reducen a tratar meros asuntos de tenencia de la tierra.

La asamblea comunitaria es un medio de defensa pacífico para la existencia estable en colectivo, ante situaciones graves de rupturas del tejido social, provocadas por conductas disruptivas de delincuencia y violencia constante, que en sus expresiones más extremas deviene desplazamientos forzados de pueblos enteros; fenómeno que únicamente se presenta en situaciones de guerra formal.

En su esencia, una asamblea comunitaria llámese popular, vecinal, de barrio o rural, proporciona elementos para abrir consciencia y mentalidad libertaria (Paulo Freire dixit), que da acceso al diseño de procesos propios para la sobrevivencia y convivencia; ofreciendo un marco de salvaguarda favorable para la solución de obstáculos y utilización de los mejores medios que posibiliten el progreso social colectivo; haciendo sinergia de los mejores esfuerzos individuales que actualmente se encuentran desorganizados, dispersos y estériles. El asambleísmo es un medio para facilitar las transformaciones sociales que permiten recuperar la dignidad humana y la reconversión de comportamientos antisociales y de empobrecimiento para merman una vida digna y decorosa.

La vida campesina ha estado sobajada, hasta ahora. Por un sistema gubernamental corrupto, una delincuencia y violencia rampante y de la proliferación de lucradores sociales, que pretenden mantener una ciudadanía dócil, subyugada y sumida en la ignorancia; a través del otorgamiento de dádivas y favores gubernamentales que, por lo mismo, prohíjan control y manipulación política por unos cuantos, en detrimento de los muchos. A lo anterior hay que adicionarle la inseguridad pública que mantiene acosada la libertad del pueblo.

Para los gobernantes antidemocráticos, las asambleas comunitarias son veneno puro para sus propios estilos de gobernar; ya que en mucho están desapegados de los verdaderos sentires y afanes de la ciudadanía al verla como objeto recibidor y no como sujeto promotor del cambio.

PD. Entre una estabilidad domeñada y una inquietud transformadora, prefiero mil veces ésta última.

viernes, 1 de febrero de 2019

Proveduría única


Héctor Manuel Popoca Boone.

             Las ramificaciones que desarrolla la economía de la delincuencia organizada son vastas; tanto como lo es la actividad económica de un país. Diversas narrativas dan cuenta cómo las mafias italianas incursionaron con éxito en diversas industrias legalmente establecidas: de la construcción, del desecho de residuos tóxicos, de la alta y glamurosa moda del vestido y, sobre todo, la dedicada a los consumibles de rápida obsolescencia, pero de alta densidad económica en los grupos sociales encumbrados o de elite. Además de las consabidas sustancias adictivas que provocan efímeros placeres neuronales y un gran cúmulo de desgracias personales y de grandes fortunas para los victimarios. (Ilustrativa es la lectura de “Gomorra” de Roberto Saviano)

             De las economías micro regionales han echado mano “los amigos organizados” para subordinarlas; contratando para tal fin profesionistas en artes contables, administrativas y económicas para fincar empresas integradoras, comercializadoras y de proveduría en general, de gran expansión y penetración social.

             En la jerga económica se denominan empresas integradoras aquellas que se dedican a prestar servicios financieros, oferta de mercancías y otros productos, a pequeñas o medianas empresas asociadas. Tienen como propósito hacer compras en común de materias primas o insumos, vender de manera consolidada determinada producción manufacturera, tener altos réditos en préstamos y realizar transacciones compactadas que optimicen sus ganancias.

             Los “amigos organizados” no solo se dedican tan solo al cobro de piso, la extorsión, la trata de personas o el secuestro. Al controlar y gobernar de fijo, territorios determinados, establecen circuitos de comercialización-consumo, controlados y opacos en demasía; cuya fachada son negocios comercializadores comercializadoras que proveen, en forma permanente, artículos de consumo a pequeñas y medianas empresas que venden al menudeo.

              Estas unidades mayoristas venden al pequeño empresario; forzándolo a adquirir los productos a un precio más alto del que corre en el mercado; y éstos a su vez, lo repercuten en el precio final al consumidor. La coerción, el amedrentamiento, cuando no la violencia material o física al empresario, son los medios de persuasión socorridos en última instancia. No hay libre oferta sino compra forzada a tal o cual empresa mayorista que se les indica.

             Este nuevo y subrepticio impuesto a la compra del producto trae, por ende, un mayor precio al consumidor y una economía local cara. Es en pequeña cuantía, pero al hacerlo en forma extensiva o masificada, la sumatoria global de venta en muchas tiendas arroja una masa monetaria de fuerte consideración. Así, repito, los comerciantes al menudeo son obligados a adquirir todas clases de mercancías, en determinados almacenes propiedad de los que hoy gobiernan de facto los territorios; desde refrescos, alimentos enlatados, artículos de limpieza, enseres domésticos, hasta vestidos y calzados.

             Este tipo de economías coercitivas se han arraigado fuertemente en los mercados locales, distorsionándolos.  Estamos hablando de una economía capitalista micro-regional secuestrada, en la que la libre oferta y demanda quedan hechas trizas por fuerzas superiores en donde la famosa mano invisible del mercado -pregonada por Adams Smith- porta ahora una lucidora AK-47.

PD1. Si las cosas te salen mal al hacerlas en determinada forma; es inútil que tengas resultados positivos, si las sigues haciendo de la misma manera. Cuestión de sentido común.

PD2. Hay una mimetización entre los empresarios-políticos; los políticos-empresarios y los narco-políticos-empresarios. Corrupción, S.A. de C.V.